El Ejecutivo rechaza ahora ampliar 10 años el cómputo de las pensiones

¿Miedo? ¿Confusión? ¿Incompetencia? Cada vez que habla de economía, el Gobierno es una incógnita. Prometió un paquete de reformas impopulares pero necesarias, habló de retrasar de los 65 a los 67 años la edad de jubilación, matizó después que todo es negociable, ayer mismo envió a la Comisión Europea un dossier con la idea de ampliar de 15 a 25 años la base para el cálculo de las pensiones y, horas más tarde, tras la formidable polvareda levantada, reculó encogido y avergonzado por su osadía. La oposición, con el PP a la cabeza, no contribuye: cualquier iniciativa es mala si proviene del Ejecutivo, aunque otras veces sus dirigentes -desde Mariano Rajoy hasta Cristóbal Montoro- hayan suscrito sin peros esas medidas y otras aún menos mediáticas.

La semilla de la polémica estaba escondida en el Programa de Estabilidad 2009-2013 remitido a Bruselas. En él, los estados miembros "simulan" el impacto de sus políticas en el gasto público a medio y largo plazo. En el séptimo apartado de un documento de 45 páginas, casi al final, el actual gran debate en España según el Gobierno -hábilmente olvidadizo pese al problemón del mercado laboral, mucho más urgente-: el envejecimiento de la población y su impacto en caja.

El gabinete de la ministra Salgado, sucesora de Solbes, hacía las cuentas de la lechera: con el retraso en la edad de jubilación y la ampliación de la base de cotización "el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi cuatro puntos del PIB a partir de 2030". Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, ya lo advertía. "Tal y como está ahora, el sistema es viable a diez años pero no a 20". La escalada del desembolso vinculado a un país cada vez más viejo tiene rostro y cifras, y aparecen en el dossier. "El gasto en envejecimiento en porcentaje sobre el PIB aumenta en nueve puntos porcentuales entre 2007 y 2060 hasta situarse en el 28,2% [ver gráfico adjunto]. Esta evolución se debe principalmente al gasto en pensiones (que aumenta en 6,7 puntos), mientras que el balance del gasto sanitario y en cuidados de la dependencia es más moderado (1,6 y 0,9 puntos, respectivamente). En cambio, el gasto en educación se mantiene prácticamente estable y el de prestaciones por desempleo se reduce algo (-0,4 puntos)", explica el Ejecutivo socialista a la Comisión Europea.

En La Moncloa tenían clarísimos los cuidados paliativos. Al menos hasta que cambiaron de opinión. En el texto, se jactan incluso de haber trasladado "al Pacto de Toledo y al diálogo social un ambicioso programa de reformas que van a suponer una importante transformación del sistema de pensiones español". Los años extra para retirarse, por ejemplo, que responden a una tradición paralela al aumento de la esperanza de vida. O el incremento de la base para cuantificar las pensiones, que en España goza de cierta tradición: durante el franquismo, apenas computaban los dos últimos años de vida laboral. La denominada compra de pensiones -acuerdo entre sindicatos y patronos para inflar el salario y gozar así de un retiro más dorado- invitó al legislador a subir el listón, primero a ocho años, y después, ya en 1995, a los actuales 15. El Gobierno recuerda que "cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones; y cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales". El dossier continúa la proyección: "Por tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto podría alcanzar casi cuatro puntos porcentuales del PIB. Esto supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad que elabora la Comisión Europea".

En el documento, retocado sobre la marcha tras la tormenta de reacciones, desaparecen las referencias a esos 25 años de base de cálculo, pese a que organismos tan respetables como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) indican que ése es justo el camino a seguir -y el que de hecho han seguido otros países miembros- y sugieren al Gobierno que asuma "esfuerzos complementarios" para sostener el sistema.