Los cursos de formación vuelven tras tres años de vacío y sin concertación

Los cursos de formación para el empleo regaron hasta hace muy poco cientos de aulas con miles de alumnos, especialmente desempleados, aunque también se beneficiaron ocupados y autónomos. Hasta final de este año todavía es posible encontrar plaza en los exclusivos 28 cursos de formación disponibles para parados (cero en Córdoba, uno en Almería, dos en Málaga y tres en Sevilla, provincias) que han sido convocados por ayuntamientos, sindicatos, empresas o la propia Junta de Andalucía. Son los supervivientes de la última convocatoria, que data de 2011. Desde entonces van a pasar casi tres años en los que el grifo de la formación para el empleo se cerró. La tasa del paro es del 35%.

Una nueva ley de formación pertenece a los acuerdos de legislatura que PSOE e IU firmaron en el pacto de gobierno. Los partidos se mantenían a la espera de una reforma del modelo estatal, pero acuciada por el escándalo del caso de UGT de Andalucía, con una veintena de detenidos por presunta malversación de fondos públicos destinados a los cursos de formación abonados por la Junta, y la reciente detención del ex consejero andaluz Ángel Ojeda, imputado por falsedad, delitos de subvenciones y apropiación indebida a cargo de su red empresarial, el Gobierno andaluz ha acelerado la puesta en marcha de un nuevo modelo sin esperar a la reforma estatal, lo que para algunos implicados parece contraproducente.

El Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de la nueva ley de Formación Profesional de Andalucía y, antes de final de año, la Consejería de Educación (a la que un decreto ley en abril de 2013 le traspasó las competencias desde Empleo) publicará la orden por la que se convocan nuevos cursos de formación. Pertenecerá a la convocatoria de 2013 y contará con entre 80 y 90 millones.

Los cambios que introducirá la nueva ley, y que se pondrán en práctica en esta primera convocatoria, son conocidos desde hace meses. En principio, se acabaron los convenios por los que durante años se beneficiaron los sindicatos CCOO y UGT y la patronal de empresarios CEA para impartir estos cursos, escudados en los acuerdos de concertación que ha caracterizado la política económica de la Junta desde que Manuel Chaves firmase el primer pacto en 1993. El diálogo social está extinguido desde finales del pasado año y la actual presidenta, Susana Díaz, pospone sin fecha una nueva firma. La foto que los presidentes andaluces buscaron durante años para garantizarse la paz social está devaluada por los escándalos a una y otra parte de la mesa.

Sin concertación, el anteproyecto de ley llega al Consejo de Gobierno sin la aportación de los agentes sociales. Hay un órgano, el Consejo andaluz de Formación Profesional, que por ley debería haberse reunido, y no lo ha hecho.

El reparto de las ayudas se hará por concurrencia competitiva, es decir, por concurso público, y saldrán beneficiadas las entidades que presenten una mejor oferta. El baremo que ordenará las solicitudes no aparecerá en la ley (remite a un posterior desarrollo reglamentario), pero sí se ha negociado ya para la primera convocatoria de cursos para desempleados (calidad de los centros, certificados de profesionalidad...). En esta orden se recogerá un tope máximo de cuatro millones de euros por entidad para que ninguna acapare las ayudas. Las convocatorias estatales lo regulan por un número de horas máximo a impartir.

La ley recuerda que las entidades que tienen ayudas pendientes de justificar no pueden optar a las ayudas, ni de este programa (ley general de subvenciones) ni de cualquier otro (ley autonómica de Hacienda). No obstante, las resoluciones tienen que ser firmes. Hay entidades, como UGT, a las que la Junta les reclama el reintegro de subvenciones, pero sin embargo aún no puede excluirla porque la resolución no es firme (UGT puede recurrir, se puede abrir un contencioso, decidir un juez...).

Otra novedad es que se prohiben las exoneraciones, es decir, "en ningún caso se podrá exceptuar" por la Junta a las entidades que tienen ayudas pendientes de justificar.

Tanto Susana Díaz, como su consejero de Educación, Luciano Alonso, han alardeado de que en el último año la Junta no ha realizado exoneraciones. No reparan en el retraso que acumula el Gobierno andaluz en la revisión de expedientes. Se da el caso de que las entidades pueden justificar en plazo, pero la Administración tarda en verificar ese dato y el expediente sigue abierto. Habría expedientes de 2007 todavía en revisión.

Por esta razón fuentes sindicales critican que la Junta penalice a las organizaciones y sostienen que esta nueva ley no viene a solucionar las malas prácticas que algunas entidades o empresas han cometido con los cursos de formación. "Se trata de la gestión de los fondos, de quién lo hace, no de cómo se hace", apuntan estas fuentes.

Esta nueva ley aglutinará la FP inicial (la del sistema educativo) con la formación para ocupados y desempleados, como una sola. La idea es que en una misma aula convivan las diferentes tipologías de alumnos, aunque este sistema aún no ha prosperado en otras comunidades autónomas.

Por lo pronto, la Junta acelera la aprobación de la ley de formación para alejarse de los casos de corrupción y, en particular, de los sindicatos. La formación se volcará hacia los centros privados con autorización administrativa.

Un ejemplo: en el decreto vigente, que regula la formación profesional para el empleo (335/2009), el preámbulo destaca el "importante papel" que han jugado los sindicatos y la patronal en la formación profesional para el empleo desde 1993, aparecen en una decena de alusiones en el articulado y, lo más importante, las organizaciones empresariales y sindicales están acreditadas por derecho propio para impartir FP. En el borrador del texto que se aprobará el martes la participación de los agentes sociales se regula en una disposición adicional, y siempre que sus centros obtengan la autorización administrativa.