La Audiencia condena a Del Nido por "descapitalizar" Marbella

José María del Nido y Julián Muñoz "descapitalizaron" entre 1999 y 2003 el Ayuntamiento de Marbella "en su propio interés", gracias a una serie de contratos "nulos" que no respetaban "las más elementales normas administrativas". Nunca medió un expediente administrativo para contratar al abogado y presidente del Sevilla, lo que no fue un obstáculo para que cobrara entre 1999 y 2003 honorarios profesionales millonarios por servicios que en realidad eran meros "pretextos" para justificar facturas "innecesarias".

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga condenó ayer a José María del Nido a siete años y medio de cárcel por un delito de fraude en concurso con prevaricación y malversación, en una sentencia en la que también condena a la misma pena y por el mismo delito al exalcalde Julián Muñoz. Fuentes judiciales han indicado que la Fiscalía Anticorrupción pedirá medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de la condena, aunque no han precisado si exigirán comparecencias periódicas, retirada del pasaporte o, incluso, el ingreso en prisión mientras se tramitan los posibles recursos de casación de los afectados.

El tribunal establece que Jesús Gil fichó a José María del Nido en 1999, después de romper su relación de confianza con el que había sido hasta entonces su abogado, José Luis Sierra. En aquellos tiempos, la Marbella gobernada por el GIL había logrado eludir el "control del Derecho Administrativo" mediante la creación de un "entramado societario" fuera del alcance de los técnicos municipales y del resto de la corporación, dirigido desde el Club Financiero, la oficina donde Gil manejaba sus negocios.

José María del Nido tuvo un "despacho preferente" en el Club Financiero y su relación con Julián Muñoz, primero alcalde accidental y luego alcalde electo, llegó a tal grado de intimidad que se convirtió en su "acompañante asiduo" y le prestaba asesoramiento "hasta en los plenos", no en vano disfrutaba de una oficina aneja al salón de plenos a la que acudía Muñoz durante las sesiones para pedirle consejo. "Su posición dentro del Ayuntamiento fue de tanto poder que incluso llegó a visar facturas pagadas con el dinero municipal o a intermediar sobre el reparto de materias entre los concejales".

En este contexto, el Ayuntamiento le encargó a Del Nido que actuara contra la fiscalización de la gestión municipal de los años 1990-1999 que realizaban la Cámara y el Tribunal de Cuentas, junto a otros asuntos como la segregación de San Pedro Alcántara y la venta de los locales, aparcamientos y trasteros del mercado municipal.

El tribunal, presidido por el magistrado Carlos Prieto, que ha sido ponente de la sentencia, y del que también han formado parte José María Muñoz Caparrós y Andrés Rodero, determina que José María del Nido fue contratado sin mediar expediente administrativo ni concurso público. En realidad, ni siquiera se predeterminó el precio que cobraría por sus servicios. Se amparaban en "un acuerdo fraudulento" para incumplir "sin más la normativa", porque sabían que "cualquier factura que presentaran iba a ser pagada".

El interventor municipal, Juan Antonio Castro, fue el primero que puso el grito en el cielo con lo que sucedía. Y se lo hizo saber primero a Jesús Gil y después a Julián Muñoz. La sala alude a "un incidente muy esclarecedor" ocurrido en noviembre de 2000 cuando Julián Muñoz acusó al interventor de "deslealtad" por facilitar documentación municipal al Tribunal de Cuentas y proporcionar información verbal a la Fiscalía Anticorrupción. El conflicto entre Muñoz y el funcionario público llegó hasta el punto de que el alcalde le abrió un expediente.

Del Nido, por tanto, comenzó a realizar trabajos que el tribunal entiende innecesarios e, incluso, perturbadores para los intereses municipales y a cobrar por ellos cantidades que estima fuera de control. En este sentido alude a la fiscalización que realizó el Tribunal de Cuentas de la gestión económica del municipio entre 1990 y 1999 que comprendía tanto el Ayuntamiento como su entramado de sociedades.

El órgano fiscalizador remitió a Marbella una serie de formularios denominados SMM1 que no eran más que cuestionarios "de mero trámite" en los que debían hacer constar información elemental sobre las sociedades. Siete meses después de que el Ayuntamiento devolviera los formularios cumplimentados, José María del Nido giró 21 facturas "idénticas en cuanto a su importe y texto" por un valor total de 73.203 euros.

La sentencia subraya la falta de representación del presidente del Sevilla para actuar ante el Tribunal de Cuentas. El Tribunal no lo reconocía como interlocutor, en sus sentencias por alcance contable ha destacado que "no estaba justificada su intervención" para rellenar los formularios. Incluso determina que "no ha quedado acreditado que tuviera contacto con el equipo fiscalizador más allá de los protocolarios saludos de recepción y despedida" durante las ocho visitas que los investigadores realizaron al Ayuntamiento de Marbella.

Frente al argumento esgrimido durante el juicio por José María del Nido de que él coordinaba la actuación municipal frente al Tribunal de Cuentas, la Audiencia de Málaga afirma que era el personal del Ayuntamiento y de la sociedades el que colaboraba con el órgano fiscalizador, lo que no fue óbice para que cobrara otros 171.000 euros a las empresas locales por sus supuestos servicios, además de otros 1,2 millones Control de Servicios Locales, en concepto de entregas a cuenta de honorarios por el asesoramiento legal de 24 sociedades. Esos pagos eran adelantos de un contrato firmado entre Muñoz y Del Nido el 3 de julio de 2001 en el que se fijaba una iguala "abusiva" de ocho millones de pesetas mensuales "sin importar la necesidad y valor de los servicios recibidos".

Los magistrados señalan que la intervención de José María del Nido ante el Tribunal de Cuentas "se limitó" en realidad a "obstruir la labor del órgano constitucional y confundir los intereses generales con el de los cuentadantes" o responsables de esas empresas.

El tribunal incluso echa mano de la declaración de la ex esposa de Del Nido, la abogada Ángeles Carrasco, a la que el Ayuntamiento le encargó la defensa de sus intereses frente a los segregacionistas de San Pedro Alcántara, que eran representados por José María del Nido. La sentencia precisa que Ángeles Carrasco reconoció en el juicio la "arbitrariedad con la que se desviaban fondos del Ayuntamiento gracias a la connivencia con sus responsables", porque admitió que "tenía que haber cobrado más" y expresaba su arrepentimiento por "no haberlo reclamado".

La sala afirma que los acusados actuaron en "concierto" y con "ánimo de lucro", "que podría calificarse de codicioso o avaricioso", como demuestra que "no perdieran ocasión para facturar al Ayuntamiento de Marbella", buscando constantemente "pretextos" para librar minutas por intervenciones "innecesarias". Por eso destaca la "nula utilidad" de la "inmensa mayoría" de los conceptos por los que cobró el abogado sevillano, como "corrobora la multitud de resoluciones desestimatorias atesoradas por los acusados".

Junto a Julián Muñoz y José María del Nido, condenados como autor y cooperador necesario de fraude en concurso con prevaricación y malversación, han sido también penados por fraude en concurso con prevaricación y malversación los responsables de las sociedades municipales Modesto Perodia (seis años y cuatro meses) y Esteban Guzmán (seis años y un día). Juan Antonio Roca, gerente de Planeamiento 2000, y Víctor Cohen, contable de varias sociedades municipales, han sido condenados a dos años de cárcel por fraude y malversación, mientras que la ex esposa de Del Nido, Ángeles Carrasco, y los profesionales externos Alfredo Chica y Manuel Vázquez han sido sentenciados a dos años de reclusión por malversación.

Finalmente, la sala ha absuelto a seis concejales y al ex secretario municipal al entender que se había hurtado a los ediles y a los técnicos de la corporación el control sobre la gestión municipal.

El caso Minutas arrancó tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción formulada después de que el Tribunal de Cuentas fiscalizara las cuentas municipales de Marbella concluyendo que existían importantes anomalías.