Cerca de 600.000 andaluces viven en zonas con riesgo de inundación

El Saladillo es un arroyo que alimenta al río Guadaíra que a su vez desemboca en el Guadalquivir. A su paso por el municipio sevillano de Arahal, el arroyo está seco la mayor parte del año, a menudo, dependiendo de los ciclos de sequía, la mayor parte de los años. Varias empresas, incluida una gasolinera, edificaron en el curso natural del Saladillo, aprovechando un periodo de secano. La desgracia acabó llegando. Las lluvias, como es natural, llegaron con ímpetu, el caudal del arroyo explotó, provocando daños materiales de distinto calibre. Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, elaborados por el Ministerio de Transición Ecológica y adaptados al periodo 2022-2027, han incluido esta área de Arahal como una nueva zona con un riesgo potencial de inundación. En total son 168 municipios afectados, 600 kilómetros cuadrados y casi 600.000 andaluces sólo en la demarcación del Guadalquivir.

Más del 10% de la población española vive en zonas inundables. La del Guadalquivir, el Segura y el Júcar son las cuencas de mayor riesgo. Los meteorólogos llevan años avisando de una progresiva tendencia a fenómenos extremos. En Andalucía, advierten los físicos, las sequías se combinarán con grandes inundaciones que a su vez obligan a las administraciones a enormes indemnizaciones. Sólo en 2019, sufragar los daños provocados por los efectos del agua desbocada ascendió a más 300 millones de euros, según señala el Consorcio de Compensación de Seguros que cita el informe del Ministerio. La naturaleza, como la gravedad, siempre gana; a las administraciones les pasa justo al revés.

La Unión Europea prescribe a los Estados miembros a la elaboración periódica de planes de riesgo de inundación. Así ocurre desde 2007. El documento ministerial, teniendo en cuenta la denominado directiva europea de inundaciones, ha aumentado en este segundo ciclo a 82.020 andaluces que residen en zonas potencialmente inundables, pasando de las 492.176 personas en el anterior informe a las casi 600.000 –574.736– para el periodo que comprende desde 2022 a 2027. En los 600 kilómetros cuadrados con peligro de inundación predominan los terrenos agrícolas y el urbano concentrado. De los cerca de 600.000 de andaluces potencialmente afectados en un escenario de riesgo de inundación a largo plazo, son, por este orden, los residentes de las provincias de Sevilla, Córdoba y Granada los más perjudicados.

En el documento ministerial también figura una serie de edificios o infraestructuras básicas en posible riesgo. Entre ellas, teniendo en cuenta las que se encuentran en zonas de una probabilidad intermedia de inundación, es dable mencionar la vulnerabilidad frente a periodos de lluvias extremas los colegios y guarderías (38), servicios básicos de agua y energía (18), residencias de ancianos (10), hospital (1) y edificios con un interés patrimonial (28).

En las consecuencias dañinas de las inundaciones no sólo la naturaleza está en el origen. Asociaciones de ecologistas y urbanistas avisan de la mala o nula planificación territorial, que ha derivado en la ocupación de zonas inundables por viviendas e infraestructuras a pesar de las normativas locales y autonómicas. El actual Gobierno de la Junta, sin ir más lejos, regularizó más de 300.000 viviendas ilegales a comienzo de la legislatura, lo que provocó duras críticas de los colectivos civiles.

La Fundación Nueva Cultura del Agua apunta en un documento de consideraciones a los planes de gestión del riesgo de inundación del actual ciclo (2022-2027) los efectos de la "agricultura industrial y la expansión d regadíos intensivos" que incrementan "la escorrentía y el arrastre de sedimentos" debido a la pérdida de la "protección de la cubierta vegetal". Para este colectivo, "la mitigación del riesgo de inundaciones requiere no sólo de inversiones", que está estimado en el informe ministerial de unos 2.000 millones en las demarcaciones intercomunitarias– "sino también tareas de planificación, gestión, control, evaluación, vigilancia e inspección que requieren de una dotación de medios humanos y económicos por parte de las administraciones públicas".

El Colegio Oficial de Geólogos ha pedido, como una posible reducción de los problemas derivados de las inundaciones, una política de expropiación de las construcciones que se sitúen en terrenos inundables. También, cómo no, invertir en estructuras de control –presas de laminación de avenidas o canalizaciones– y, de modo fundamental, "adaptar los usos urbanísticos del suelo en función de los mapas de riesgo".