Los universitarios andaluces deberán acreditar un nivel B2 en idiomas dentro de cinco años

Una nueva ley para reformar el sistema universitario andaluz, hacerlo más competitivo, más internacional y también poner coto a los centros privados. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía, LUPA, que incluye muchas novedades en el actual modelo. Una de las más llamativas pasa por subir la exigencia del nivel de idiomas para los estudiantes que deberán acreditar el nivel B2 para obtener sus títulos de grado. Una exigencia que no afectará a los que ya están estudiando, que necesitan el B1, pero que se aplicará a partir de octubre de 2029. Este nivel de idioma extranjero se exigirá también a los ayudantes doctores y a los doctores de los centros universitarios.

Otra novedad relevante es que la nueva ley universitaria incrementa los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las privadas en Andalucía. Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior. Estas universidades deberán reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5% a planes propios de investigación. También será necesario acreditar solvencia económico-financiera y garantizar las infraestructuras y el personal adecuados para el ejercicio universitario, y se impondrá a estas instituciones la obligación de disponer de órganos de representación del estudiantado.

Además, las nuevas universidades, tanto públicas como privadas, deberán garantizar la la implantación progresiva de mecanismos para facilitar la incorporación de los egresados al mundo laboral. Además, la norma impone un periodo de cuatro años para volver a presentar una solicitud a aquellos promotores cuyos proyectos hayan sido denegados.

Estabilización del profesorado

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que uno de los objetivos de esta norma, que ahora llegará al Parlamento para iniciar su tramitación y aprobación, es facilitar el relevo generacional en la universidad andaluza. Para ello, establece medidas que impulsen la estabilización de los docentes en torno a los 35 años y no en torno a los 45-50 años como está sucediendo actualmente. "Queremos hacerlo con calidad, no en masa. Por eso vamos a fomentar la figura de ayudante doctor también integrado junto al ámbito asistencial del SAS. Todo va a depender de las políticas de personal de cada universidad, pero queremos darles las herramientas para que también puedan colaborar con centros tecnológicos o empresas innovadoras más allá de lo que establece la Ley de Incompatibilidades".

En este sentido, ha explicado que la futura ley andaluza permite, siempre que haya una determinada planificación estratégica de la Universidad, superar las 120 horas de clase para los profesores doctores, "queremos retención y captación del talento y esta es una de las principales vías".

En materia del estudiantado, la norma reconoce, por primera vez, que los alumnos tendrán derecho por ley a un sistema de bonificación de los precios de la matrícula universitaria, lo que permitirá blindar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Otra de las novedades introducidas en esta esfera y que entronca con la promoción de la internacionalización hace referencia a que, en Andalucía, se garantizará por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Administración autonómica.