La única comunidad intervenida es Cataluña, Andalucía sigue igual

Las finanzas de la Junta Andalucía no están intervenidas por el Gobierno central. La única comunidad intervenida es Cataluña, debido a su preocupante situación financiera. Lo es mediante un real decreto de noviembre de 2015. Es lo que se denomina control reforzado, una acción que no se aplica a la Junta. Lo que sí ocurre es que el desajuste del déficit de 2018 en una décima, unos 100 millones de euros, obliga a la Consejería de Hacienda a enviar un plan de ajuste al Ministerio. La única repercusión es que la Junta no podrá endeudarse en los mercados financieros, sino a través del Fondo de Liquidez Autonómica.

A continuación se explican algunos hitos de este nueva polémica entre el Gobierno andaluz y el central.

¿Por qué 2018?

La Junta aún no conoce si se ha cumplido el déficit en el año 2019, a punto de acabar. El Presupuesto andaluz de 2020 contempla, por primera vez, que sea cero. Las comunidades trabajan, por tanto, con el ejercicio anterior, en este caso el de 2018, cuando hubo una pequeña desviación del objetivo que se buscaba que era del 0,41%.

Con ese dato, un desvío de una décima (0,5%), la Junta debe entregar un plan al Ministerio de Hacienda para corregir el desfase, bien recortando algunos gastos o ampliando los ingresos. El desvío, no obstante, es muy pequeño para una comunidad con un Presupuesto que sobrepasa los 35.000 millones de euros.

¿Por qué ese plan?

La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a las comunidades que han incumplido con el objetivo de déficit a ajustarse. La Junta debía haber entregado el plan en octubre, cuando se conoció el dato definitivo. El provisional, de hecho, no vio el desvío, que se produjo por sentencias condenatorias contra la Junta en varios tribunales. 2018 fue el último ejercicio de María Jesús Montero como consejera de Hacienda de la Junta. El Gobierno andaluz elaboró el Presupuesto de 2019 y de 2020 sin contemplar el desfase.

¿Qué limitaciones hay?

De momento, lo que el Ministerio de Hacienda hace es impedir a la Junta que busque financiar su deuda en los mercados. Lo hace con todas las comunidades incumplidoras. Esta medida no es obligatoria, pero según el Ministerio es más caro financiarse en los mercados que a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Este fondo estatal tiene un tiempo de carencia y se aplica un interés.

La Junta sí realizó en 2018, con los datos de 2017, que fueron buenos, dos operaciones de endeudamiento, ambas fueron muy positivas. Lo que el actual consejero, Juan Bravo, quiere hacer es volver a realizar otras. Con la negativa, debe acudir al FLA.

¿Qué problemas hay?

Los gobiernos andaluces se han venido quejando ante el central de que no le dejan financiarse en los mercados. Le ocurrió a la presidenta Susana Díaz con el ministro Montoro, y ahora a Juan Bravo con Montero. No es más que una estrategia de confrontación empleada por los gobiernos andaluces de modo tradicional cuando el de Madrid es de otro color político. No obstante, la independencia financiera que daría el cumplimiento hubiese supuesto el aumento del prestigio de la Junta ante los inversores.

¿Cumplirá la Junta en 2019?

Es posible que la Junta se desvíe del objetivo de déficit en 2019, un año que por completo es del Gobierno del PP y de Ciudadanos. La razón pude residir en este desfase de 2018, pero en especial en el pago no resuelto de un mes extraordinario de IVA. Son 500 millones de euros con los que Juan Bravo contaba, pero del que no existe ninguna obligación legal por parte del Gobierno central.

El llamado décimo tercer mes de IVA estaba contemplado en los Presupuestos Generales del Estado que la ministra Montero elaboró, pero fue rechazado por el Congreso. Es lo que motivo el fin de la primera legislatura de Pedro Sánchez. Ninguna comunidad recibe ese mes extraordinario.

Si en 2019 hay un desvío del 0,1% obligado, que en cualquier caso sería muy pequeño, la Junta tendría que modificar algo el Presupuesto de 2020.

¿Se tocará educación, sanidad o impuestos?

No hay motivos para cambiar las grandes líneas de la Junta, porque el desvío es de 100 millones. Por ejemplo, el actual consejero de Salud, Jesús Aguirre, necesitó 234 millones de euros más para el SAS hace unos meses porque calculó mal sus presupuestos, necesitaba pagar nóminas y no tenía más dinero.