El trasvase a Doñana sólo se utilizará para rescatar su acuífero

No hay posibilidad de más riego de agua en superficie para nuevas hectáreas de regadío en el entorno de Doñana. El Ministerio de Transición Ecológica ha dejado claro que los recursos hídricos que lleguen a la comarca del Condado en Huelva a través del trasvase de la cuenca del Odiel, Tinto y Piedras sólo se utilizarán para recuperar el acuífero del espacio natural, de modo que 15 hectómetros cúbicos se destinarán a regantes actuales para que dejen de explotar pozos y otros cinco hectómetros cúbicos se emplearán en suministro. La disponibilidad futura de agua superficial es la clave de bóveda sobre el proyecto de ley que tramitará este miércoles el Parlamento de Andalucía.

La iniciativa que llevan el PP y Vox a la Cámara, con el apoyo del Gobierno andaluz, supondrá la calificación de regadío de una superficie de entre 750 y 800 hectáreas. Conscientes del rechazo que la explotación del acuífero provoca en Bruselas y en Ejecutivo central, la ley calificará los suelos para riego, pero sólo podrán usar agua que les llegue de superficie. Es decir, de ese trasvase que lleva los recursos desde la cuenca del Odiel, Tinto y Minas a la comarca del Condado, situada en la del Guadalquivir y gestionada por una confederación hidrográfica cuya titularidad es estatal, no autonómica.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha comenzado a trabajar en el diseño de los criterios de repartos de esas aguas, que suman 19,9 hectómetros cúbicos anuales, según la ley que regula el trasvase. Ya se ha venido trasvasando siete hectómetros cúbicos, pero aún hay margen para otros 13 que, en cualquier caso, sólo se utilizarán para liberar el acuífero.

El Parlamento vivirá este miércoles una jornada tensa, ya que debe votar si admite esta iniciativa de PP y Vox. Una representación de los agricultores afectados estará en el pleno, tanto el miércoles como el jueves, cuando también se vota una proposición del PSOE para que se constituya una mesa bilateral entre Junta y Gobierno para encauzar este problema de otro modo. El portavoz de la plataforma de los regantes, Julio Díaz, ha criticado en las redes sociales que éstos se encuentran "secuestrados" por una polémica que no querían, a la vez que se sienten dañados de un modo "irreparable" por la anterior administración socialista de la Junta.

Díaz sostiene que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quiere "suplir su falta de liderazgo y de cohesión interna" con la negativa a respaldar esta ley. Aunque algunos alcaldes socialistas de Huelva respaldan las reivindicaciones de los agricultores, tanto el partido como el Gobierno central rechazan la iniciativa.

En 2014 se aprobó un plan de legalización de regadíos, el llamado de la Corona Norte de Doñana, que pasó los filtros del Gobierno central y de la Unión Europea porque garantizaba, a cambio, el cierre de pozos ilegales y le llegada de agua para los riegos de la cuenca excedentaria. Ese es el pacto que lo hizo posible, pero alrededor de 600 agricultores sostienen que se quedaron fuera del plan de modo injusto. Lo que hace la iniciativa de PP y Vox es rescatarlos, pero sin garantizar el recurso hídrico.

Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Transición Ecológica ha cerrado, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un total de 220 pozos ilegales, pero aún quedan 496 abiertos de modo irregular. El conjunto de estos riegos ilegales, junto a los establecidos, y la extracción de agua de uso urbano para Matalascañas ha provocado, según el Ministerio de Transición Ecológica, que el acuífero baje siete metros de nivel, medidos en la zona del Ojillo y Mogea.

La posición del Gobierno andaluz es que es posible obtener más agua de este trasvase cuando se realicen nuevas obras. Pero ése no es el único problema, ni siquiera el más grave, sino la negativa de la Unión Europea a usar agua que no sirva para reponer el acuífero. España fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no garantizar la supervivencia de esta gran masa de agua, Con la nueva ley andaluza, el país se arriesga a una nueva condena y a sanciones monetarias.

El Ministerio de Transición Ecológica pedirá al Tribunal Constitucional la suspensión de la ley, que se espera aprobar antes del verano, ya que se ha tramitado por un cauce que permite acortar los plazos.