La trama

Amedida que la juez Mercedes Alaya va mostrando los secretos sumariales del caso de los ERE, hay dos tesis que toman fuerza, y aunque parezcan contradictorias, sirven para relatar esta novela picaresca que, según Alfonso Guerra, está escribiendo con afán esta instructora. Es lo siguiente: del mismo modo que aumenta la gravedad de las responsabilidades políticas, y éstas aún siguen sin sustanciarse, las posibles penales se van acotando a una trama donde se sitúan el conseguidor Juan Lanzas, las intermediarias de seguros, parte de los sindicatos, la Consejería de Empleo y puede que algún otro ex consejero, del que no se encuentra la pistola humeante; es decir, la prueba de su relación con la mangancia.

Según esta teoría, que no es la de los cuatro golfos, sino la de unos mangantes a los que alguien abrió la puerta de la Junta, la juez Alaya habría errado al intentar subir, según describió en un auto, escalón tras escalón hasta llegar al final de la pirámide. El caso se parecería más a un tronco de cono, grave en lo político y duro en lo penal, pero, en contra de lo que muchos pudieron opinar, ni el presidente José Antonio Griñán ni su antecesor, Manuel Chaves, van a tener responsabilidades criminales; otro asunto, son las políticas, y ambos deberían de haber tomado nota hace ya mucho tiempo.

A saber. En el caso de las ayudas a los afectados por despidos colectivos hubo un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Sí, la Consejería de Empleo dispuso de más fondos de los que necesitaban las empresas en crisis, de tal modo que Juan Lanzas, como principal conseguidor, gracias a sus contactos en la Consejería de Empleo y en otros departamentos más elevados de la Junta, captaba a trabajadores de compañías para convertirlos en prejubilados con una renta asegurada hasta los 65 años. Lanzas, que trabajó para la intermediaria de seguros Vitalia, habría cobrado sustanciosas comisiones. Según el anterior directivo de Vitalia Antonio Albarracín -el segundo hombre clave en el entramado-, a Lanzas se le pagaba el 5% del total de las ayudas.

Vitalia, con Lanzas y Albarracín, trabajó con el abogado Carlos Leal Bonmati, de seguros Jurídicos Villasís, un hombre con muy buenos contactos tanto en UGT como en puestos superiores del Gobierno andaluz. De hecho, cuando la otra intermediaria principal de los ERE, Uniter, comenzó a trabajar en este negocio, Albarracín y Carlos Leal intentaron expulsar a su competidor de tan jugoso negocio con algunas llamadas telefónicas a personas que mandaban mucho en la Junta.

Este núcleo, formado por el eje Lanzas-Leal-Albarracín, tuvo como principal valedor en la Consejería de Empleo a Francisco Javier Guerrero -el cuarto hombre-, el director general que de 1999 a 2008 actuó con carta blanca para conceder las ayudas a las empresas. En el último auto de prisión a Guerrero, Alaya aseguraba que, según la versión de la Guardia Civil, el ex director general habría recibido pagos mensuales de cantidades cercanas a los 3.000 euros de Vitalia o Albarracín, aunque su abogado ha mantenido que en las cuentas de su defendido -vistas por este periódico- no hay tales transferencias. ¿Fue por eso por lo que la juez puso en libertad, de modo sorpresivo, a Guerrero el pasado miércoles?

Sí está constatado que Albarracín y Lanzas ganaron bastante dinero con el negocio. Alaya le ha embargado al primero y a su esposa un total de 22 inmuebles, y al segundo, 11. Que Lanzas es rico lo dice su propio padre. "Tiene dinero para asar a una vaca", declaró a la Guardia Civil.

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron de tales intermediarias. Para ser más exactos: se convirtieron en agentes del exceso de oferta. Tenían a sus representantes en las empresas; eran ellos quienes reunían a las asambleas; asesoraban e, incluso, si fuera preciso, montaban el pollo ante la Consejería. Pero el caso es que sus cobros están declarados por las federaciones y las empresas de los sindicatos que se dedican a ello, y no son precisamente de Andalucía, sino de las centrales madrileñas.

Esta tesis de la trama es la que la Policía Nacional sostuvo ante la juez Alaya antes de que ella se pusiera a escalar en la pirámide del Gobierno andaluz. Sigue el dinero, persigue el rastro de las comisiones. Ése fue el consejo, porque esa sería la pista que llevaría al posible cohecho, malversación o tráfico de influencias. Y Alaya, hasta ahora, lo ha hecho al revés. ¿Y, usted, me va a decir, se preguntará el lector, que estos cuatro golfos lo armaron todo? No, pero para ello, para saber la profundidad de su arraigo en la Junta, la juez debería pedir la imputación de dos aforados, y a esto aún no se atreve. Uno está quemado, pero el otro no humea.