El tiempo se agota para pedir el nuevo bono social eléctrico

Sevilla/Apenas el 1% de las familias andaluzas acogidas al antiguo bono social eléctrico han solicitado la nueva tarifa bonificada que entró en vigor el pasado otoño. El problema estriba en que la adaptación a la normativa actual no es automática. El próximo 9 de abril expira el plazo de seis meses concedido por el Ministerio de Energía para que los beneficiarios del viejo descuento regularicen su situación, ya que se han modificado los criterios por los que se pueden acoger al bono. A partir de esa fecha, perderán el derecho a disfrutar de la bonificación y se les aplicará el coste que el mercado estipule a través del Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) mientras no presenten ante su compañía eléctrica la documentación necesaria para que se les vuelva a aplicar el bono social.

La situación es especialmente preocupante en Andalucía. Endesa cuenta con más de 481.000 beneficiarios de la antigua tarifa bonificada. Sin embargo, apenas 4.400 se habían adherido al nuevo bono social al cierre del pasado mes de enero, lo que supone apenas el 1% del total.

La compañía ha informado a todos los beneficiarios actuales del bono social a través de una carta en la factura y además está manteniendo reuniones informativas con diferentes entidades públicas y ONG con el fin de informarles sobre las características del nuevo descuento. Estas charlas tienen como finalidad que los trabajadores sociales, que cada día están en contacto con las personas susceptibles de acogerse al bono social, puedan dar la mejor información sobre este beneficio Los próximos encuentros se celebrarán la semana que viene en Sevilla y Huelva, donde los técnicos de la compañía se reunirán con los servicios sociales municipales.

La nueva formulación del bono social define con mayor precisión los criterios de vulnerabilidad y amplía las bonificaciones para sus beneficiarios, que pueden llegar hasta el 100% en los casos más severos.

En primer lugar, el decreto estipula un descuento del 25% sobre el PVPC para los consumidores vulnerables. En esta categoría se incluyen las familias numerosas y los hogares con rentas inferiores a 1,5 veces el Iprem -11.294 euros-, cuantía que aumenta en función de si hay menores o discapacitados a su cargo. También tienen consideración de vulnerables los núcleos familiares en los que todos sus miembros perciben una pensión mínima por jubilación o incapacidad permanente. Una vez se concede, el bono social tiene una duración de dos años, debiéndose renovar antes de que finalice ese periodo salvo en el caso de las familias numerosas, cuyo plazo de vigencia es el del título de familia numerosa.

En el caso de que la renta sea aún más baja y no alcance el 50% de los límites anteriores, se les considerará consumidores vulnerables severos, y tendrán derecho a una rebaja del 40%.

El descuento alcanza el 100% para los vulnerables severos en riesgo de exclusión social que ya reciban una ayuda de los servicios sociales locales o autonómicos para el pago de la mitad de su factura. Con la nueva normativa, la compañía eléctrica asume el resto de su factura y además no se les podrá suspender el suministro por impago. Esta condición se revisará factura a factura.

Dentro de las provincias, destaca el elevado número de abonados acogidos al bono social en Málaga, que asciende a 116.754. De ellos, a penas el 0,5% ha tramitado el nuevo descuento. No obstante, fuentes de Endesa explican que el dato de perceptores de la tarifa bonificada en Málaga es mucho más alto por la existencia de una notable bolsa de vivienda vacacional con una potencia contratada inferior a tres kilovatios. Con los nuevos requisitos de renta, estos contratos perderán el derecho al bono social.

En el caso de la provincia de Cádiz, donde Endesa cuenta con 61.598 clientes con bono social -de los que sólo 587 ya están acogidos a la nueva modalidad-, hay que tener en cuenta que este dato no incluye a la capital, donde la energía es comercializada por la empresa municipal Eléctrica de Cádiz.