Así van a cambiar las nuevas tarjetas sanitarias en Andalucía: Nueva apariencia y con un chip dual 'contactless'

Sevilla/Las nuevas tarjetas sanitarias de la Junta de Andalucía cambiarán y tendrán nuevas características que la harán significativamente diferentes respecto a las actuales. Las nuevas tarjetas del SAS incorporarán modificaciones técnicas respecto a la anterior en relación con la funcionalidad del chip de las tarjetas, según confirmaba la Junta de Andalucía. De este modo, el chip con el que cuenta la tarjeta actual tiende a la desaparición y su producción dejará paso a la tecnología de interfaz dual utilizada en la funcionalidad tanto de contacto como sin contacto (contactless).

La falta de producción de los chips de contacto, junto a la situación actual de desabastecimiento general de estos componentes, obliga a contemplar este cambio.

El uso de tecnología contactless es una tendencia generalizada y su implantación ha sido esencial como vía preferente durante la pandemiade Covid-19, cuando se extremaron las medidas de prevención de contacto en las transacciones de pago.

Todos los ciudadanos residentes en Andalucía que cuenten con cobertura sanitaria pública tienen derecho a la tarjeta, en la que figura el Número de Historia Única de Salud de Andalucía (Nuhsa), que es único e individual para identificar a cada persona y al que están ligados sus datos clínicos.

Este número y el resto de datos de identificación aparecen impresos y grabados tanto en la banda magnética como en el chip de la tarjeta, que también es necesaria para la dispensación de los medicamentos en las oficinas de farmacia facilitando tanto el acceso del paciente a la retirada de los mismos en cualquier punto del territorio del Estado, como el acceso que el farmacéutico tiene a la base de datos central en la que el facultativo anota la prescripción, según detalla también la memoria justificativa de la Consejería de Salud.

La Consejería de Salud defienden que la incorporación de la tecnología de "chip dual" cuenta con "determinadas ventajas" como "la rapidez, la salubridad y la versatilidad, ya que no solo permite la identificación sin contacto, sino que funciona como una tarjeta tradicional, permitiendo la identificación tal y como se realiza actualmente".

Licitación de la Junta de Andalucía

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía licitó el pasado 3 de diciembre el expediente de contratación para el suministro de nuevas tarjetas sanitarias en las que prevé incorporar un sistema de chip dual que permita la identificación de sus usuarios "sin contacto".

Así se recoge en la memoria justificativa de dicho contrato que la Consejería de Salud y Consumo ha sacado a licitación con un presupuesto base de 1.357.620 euros con IVA incluido, y un valor estimado de 2.356.200 euros. La determinación del precio del suministro objeto de esta contratación se realiza "de acuerdo a los precios unitarios en relación al número medio estimado de tarjetas necesarias para la prestación del servicio".

La tarjeta sanitaria de Andalucía es, según recuerda la Junta, el documento que identifica a las personas residentes en esta comunidad autónoma y facilita su acceso a los servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como sirve como identificador frente a otros servicios sanitarios del Servicio Nacional de Salud (SNS). La "necesidad media actual" está "alrededor de 55.000 tarjetas al mes", según desvela la Consejería para justificar la necesidad de este nuevo contrato que garantice el suministro de este documento.

Para esta contratación, la Junta ha optado por un procedimiento abierto, "de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público", de forma que "toda persona que cumpla los requisitos establecidos podrá presentar oferta, lo que a su vez favorecerá la consecución de una mejor relación calidad/precio obtenida como consecuencia de la concurrencia y libre competencia de distintos proveedores", según argumentan desde la Consejería de Salud y Consumo.

La duración prevista del contrato es de doce meses desde su formalización, con posibilidad de prórroga por otro periodo de "hasta doce meses previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público".