Las sombras de la Ley del Menor

Los dos últimos casos de violación protagonizadas por menores en Baena (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva), más la agresión sexual conocida ayer en Priego (también en Córdoba) han reabierto el debate sobre si es necesario cambiar la ley del Menor y reducir de 14 a 12 años la edad a partir de la cual se puede exigir responsabilidades penales por delitos graves, ya que por debajo de la misma los infractores se consideran inimputables y sólo pueden aplicarse las normas de protección que establece el Código Civil.

Los expertos no se ponen de acuerdo en la prioridad de la reforma legal -por la que ya aboga el PP-, aunque la mayoría cree que no se puede legislar en caliente y muchos dan por bueno la edad fijada en la actual Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal del Menor, que fue objeto de una revisión cinco años después (Ley Orgánica 8/2006) en la que se introdujeron cambios relacionados con la ampliación de los supuestos en los que procede imponer la medida más grave -el internamiento en régimen cerrado-, la posibilidad de continuar cumpliendo la pena en prisión tras alcanzar los 18 años cuando su conducta no responda al objetivo de la sentencia, la extensión del internamiento cautelar a nueve meses y la introducción de la medida de alejamiento de la víctima.

Frente al sentimiento mayoritario de que, por el momento, hay que dejar la ley como está se alzan algunas fiscalías, como la de Sevilla, que consideran que la norma podría aplicarse sólo en determinados supuestos a la franja de edad comprendida entre los 12 y 14 años. La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, señala que ya en la memoria de 2006 se sugería la necesidad de "evaluar la posibilidad de que en determinados casos de extraordinaria gravedad, se pudiera abordar desde la aplicación de la Ley del Menor algunos hechos a menores de entre 12 y 14 años, siempre y cuando se tratase de recursos especializados para esta franja de edad, pues evidentemente de no ser así no se abordaría la faceta educativa y sí sólo la represiva".

Para la fiscal jefe resulta evidente que "no se debe legislar para casos concretos, ya que se perdería la perspectiva del tratamiento penal". Siguiendo esta línea, podría plantearse la reducción de la edad penal en función de la edad de los agresores. María José Segarra aboga por la "estricta aplicación de la ley, la dotación de los recursos suficientes y con los profesionales adecuados para el desarrollo de las medidas que permite imponer la Ley del Menor". La representante del Ministerio Público considera que también hay que potenciar el sistema de protección de menores, puesto que la comisión de un hecho delictivo por un menor de edad penal "denota una situación de desamparo por un indebido ejercicio de los deberes atinentes a la patria potestad antes los que la Administración debe actuar".

La fiscal jefe puso como ejemplo que desde que entró en vigor la ley del menor se han registrado 54 agresiones sexuales y 60 abusos sexuales en Sevilla, y añadió que este año se ha registrado un nuevo caso de agresión sexual cometida por un menor de 14 años, al que no se puede imputar.

El juez de Menores de Córdoba y delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Luis Rabasa, cree que, ante todo, hay que "tener prudencia" porque la política criminal no debe dejarse arrastrar por acontecimientos puntuales y "no se debe legislar a impulsos de ecos mediáticos". El magistrado sí consideró conveniente abrir el debate sobre los problemas de la ley, para que se analicen y estudien "de forma seria". Rabasa recordó que en unas jornadas organizadas por el CGPJ en Valencia se llegó a la conclusión de que no debe producirse la rebaja de la edad penal, porque esa reducción en la mayoría de los supuestos se reclama "por falta de operatividad de los servicios de Protección de la Administración" y para que intervengan los juzgados de Menores, que son más eficaces.

El representante de la APM, organización mayoritaria en la carrera judicial, subraya que hay que profundizar en las "causas sociales, educativas y los problemas de transmisión de valores" que hay detrás de estos actos violentos. "No se pueden dejar de lado las políticas preventivas y modificar la ley a las bravas", precisó.

La responsabilidad de los padres que apuntan la Fiscalía de Sevilla y el juez de Menores de Córdoba también es evidente para Felicidad Loscertales, catedrática de Psicología Social de la Universidad de Sevilla. Sin entrar a valorar los aspectos jurídicos de la Ley del Menor, Felicidad Loscertales muestra su preocupación ante una violencia de género cada vez más grave, "ya no es un hombre mayor que mata a su mujer por problemas en el matrimonio; son niños que agreden a otros niños". A su juicio, el problema está en la "falta de educación, la ausencia de valores y de límites". La psicóloga advierte de que estos menores que cometen delitos no respetan las normas de convivencia "ni saben ponerse límites, no han interiorizado una escala de valores, y no les importa causar daño y sufrimiento a otro por un impulso y una diversión mal enfocada".

Para Loscertales, la cuestión no está tanto en reducir la edad penal, sino en educar a los menores. "Si se les educara bien, no haría falta ley del menor: el menor tiene derecho a ser educado y los adultos tenemos la obligación de educar a los menores", aseveró la psicóloga, que considera que no debe "demonizarse" a la televisión por la difusión de contenidos violentos. "En la revolución francesa se producían aguillotinamientos y todo el mundo veía los ríos de sangre. Violencia siempre ha habido, unas veces más y otras menos, lo que ocurre es que ahora se le ha dejado de dar importancia a la violencia".

La catedrática de Psicología Social considera que los padres "tiene que asumir una gran cota de responsabilidad" en lo que está sucediendo porque, al igual que controlan la comida de los niños pequeños y los libros que leen, "deben controlar las películas y los videojuegos que ellos mismos compran a sus hijos".

En la misma línea, el psicólogo Arturo Vellisco, que trabaja con menores en colaboración la Asociación Pro-Derechos Humanos del Menor de Andalucía, considera que rebajar la edad penal sería reconocer "el fracaso del sistema educativo", porque la sociedad no ha sido capaz de encausar a estos menores. Para Vellisco, una parte de la responsabilidad de lo que ocurre recae en los padres porque, al final, "haga lo que haga el niño tiene sus regalos de Reyes". Según el experto, hay una falta de responsabilización de las conductas de los niños que favorecen este tipo de conductas: "el menor llega a la conclusión de que su causa es sumamente justa para que tenga siempre él razón y si hace algo malo la culpa no la tiene él. A lo mejor un niño que viola comenzó por salirse con la suya", subraya.

Los abogados expertos en la jurisdicción de Menores tampoco están a favor de un nuevo cambio legal. El letrado Salvador Pérez Piña comprende que los "deleznables" actos producidos en Baena e Isla Cristina provoquen una repulsa general en la sociedad, pero la solución que se plantea de reducir la edad penal "no va a arreglar el problema, porque en el momento de cometer un acto delictivo, el delincuente sabe positivamente que está obrando mal, pero no por ello de ja de acometer el acto y mucho menos efectúa una valoración jurídica del mismo a priori". El letrado explica en este sentido que un menor de 13 años "no comete un acto delictivo a sabiendas de su inimputabilidad, ya que, de seguir esta teoría, todos los menores de 13 años estarían delinquiendo de manera más que habitual", por lo que la rebaja de la edad penal no provocaría una repercusión positiva en la evolución futura de este tipo de comportamiento. En opinión del letrado, el germen del problema está en la "ausencia general de valores fundamentales de convivencia en esta sociedad y en la ausencia de pautas educativas serias y contundentes aplicadas durante el crecimiento de los menores". Salvador Pérez añade que bajo un "falso proteccionismo paternalista se están admitiendo conductas en los menores en otras épocas inadmisibles".

La presidenta de la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores, Asunción García Acosta, se muestra en contra de reformar la ley del Menor porque, según entiende, "al paso que vamos la edad penal va a situarse en los cinco años". La responsable de la asociación, que trabaja con niños marginados de núcleos chabolistas, reconoce que, aunque los últimos culpables son los niños que cometen los delitos, hay que acudir a la raíz del problema, que es la educación. "Me parece muy importante que en el colegio les enseñen unas pautas de comportamiento y se les haga ver a los menores que tienen que respetar los derechos de las demás personas".

Asunción García Acosta recuerda que los padres están hoy en día "desbordados" porque ambos cónyuges trabajan y delegan la atención en los centros educativos, "pero los niños no deben estar todo el día ni viendo en la tele contenidos violentos ni con la playstation". La presidenta de la asociación reconoce que los padres "contemplan mucho a los niños y éstos a veces son pequeños tiranos". En cualquier caso, García Acosta no cambiaría la ley del Menor, porque la norma es estricta y hay casos de niños que han estado recluidos cuatro o cinco años por haber cometido un robo. "La educación es básica y los centros de menores, que gestionan entidades privadas, tampoco son un paradigma de reinserción".