Los socialistas se aferran al caso de Blanco para que Chaves y Griñán salgan limpios del Supremo

"Está lloviendo tanto que en el PSOE albergamos la esperanza y la certeza de que, más pronto que tarde, el caso de Chaves y Griñán será archivado porque ni lo sabían ni se han llevado el dinero". Así se explicaba anoche un diputado autonómico del PSOE. Y ése es el sentir generalizado dentro de este partido, sacudido desde enero de 2011 por el caso de los ERE. Ni la comisión de investigación parlamentaria, ni la declaración en ella de Chaves y Griñán, ni la dimisión de este último a causa de los ERE, ni la exclusión de posibles consejeros del Gobierno de Susana Díaz por la razón de ser preimputados, nada, ha frenado la erosión que la instrucción está causando en el PSOE de Andalucía, sometido a sobresaltos desde hace cuatro años a causa de la investigación abierta por la juez Mercedes Alaya.

Por eso, por intentar abrir un cortafuegos que separe el antes del ahora, la presidenta Susana Díaz hizo púbico que, en caso de ser imputados, los aforados tendrían que dejar sus actas de diputados, senadores y parlamentarios autonómicos. Díaz iba un paso más allá del propio compromiso ético del Partido Socialista, consciente de que su cruzada para intentar convencer a la ciudadanía, "con hechos", de su repulsa de la corrupción necesitaba de pasos como éste, considerado injusto aunque justificable por muchos socialistas. Nadie, sin embargo, se ha atrevido a criticar la decisión de Díaz.

La declaración de la presidenta, realizada durante una visita al Hospital de Valme el miércoles de la semana pasada, no contuvo sin embargo el matiz que Díaz sí explicó en privado. Les pediría el acta -y así lo transmitió- si después de ir a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo, saliesen como imputados al apreciarse indicios de algún delito. Y es que, para declarar ante el instructor, los dos ex presidentes, así como los siete ex consejeros, irán acompañados de un abogado y, por tanto, con la garantía procesal de la imputación. Por la mente de la presidenta nunca ha pasado la posibilidad de que llegará el momento de que ella tendrá que solicitarle a Chaves, 19 años presidente de la Junta, y a Griñán, su mentor para la Presidencia, las actas de sus escaños. Cosa distinta es el resto de los aforados, sobre algunos de los cuales hay más dudas jurídicas.

La noticia del Supremo sacudió ayer el grupo parlamentario socialista, que en un principio creyó que el tribunal imputaba a los ex presidentes, lo que hubiera llevado a la petición de dimisión. Ahora, el caso al que se aferra el PSOE es el del ex ministro José Blanco. Éste salió limpio del llamado caso Campeón después de declarar tres horas ante el instructor nombrado por el Supremo. Rubalcaba, que era el secretario general de entonces, ligó su suerte a la del ex ministro y lo mantuvo como diputado a pesar de que el fiscal y el instructor querían procesarlo. Pero los tiempos han cambiado, y no hay un juez que quiera ser señalado. De hecho, antes del verano, el PSOE confiaba en que, al menos, el caso de Chaves no sería ni admitido a trámite.