Un sistema judicial en la picota

El asesinato de Mari Luz Cortés, la niña de cuatro años que desapareció la tarde del 13 de enero y cuyo cadáver fue hallado 54 días después a la altura del muelle petrolero de la ría de Huelva, destapó el error del juez Rafael Tirado y puso en entredicho a todo el sistema judicial español.

El presunto asesino de la niña, Santiago del Valle, fue detenido el 25 de marzo, junto a su esposa, Isabel García, y su hermana Rosa, que convivía con el matrimonio en la barriada onubense del Torrejón.

Tras su arresto se conoció su historial delictivo, que estaba integrado hasta ese momento por varios abusos a otras menores. En dos de esos casos, el pederasta había sido condenado, pero una de estas sentencias, de dos años y nueve meses de prisión, por haber abusado de su propia hija, no se había ejecutado. La sentencia había sido confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que tardó casi tres años en dictar la resolución, y el titular del juzgado de lo Penal número 1, Rafael Tirado Márquez, dio a principios de enero de 2006 los primeros pasos procesales para ejecutar el fallo y ordenar el ingreso en prisión del pederasta.

Sin embargo, ese encarcelamiento no se produjo, a pesar de que habían pasado más de dos años y a pesar de que Santiago del Valle comparecía cada 15 días en otro juzgado de Sevilla en relación con otros abusos por los que posteriormente sería condenado a tres años más de prisión.

El retraso en la tramitación de la causa ejecutoria llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a decidir en abril la apertura de un expediente disciplinario contra el magistrado sevillano, a quien inicialmente el instructor atribuía una falta muy grave de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los asuntos de su juzgado. El expediente concluyó con una propuesta de sanción de 1.500 euros, por una falta grave. La Comisión Disciplinaria del CGPJ ratificó esta propuesta por el voto de tres vocales a dos: votaron a favor dos vocales propuestos por el PP, dos de la minoría progresista se opusieron, y el vocal independiente Agustín Azparren decantó la votación.

La resolución del CGPJ fue criticada con vehemencia por varios miembros del Gobierno, quienes apostaban por una sanción más dura para el juez Tirado. Entretanto, el ministerio de Justicia sancionó con dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, por una falta grave de desatención, el mismo tipo de infracción por el que se impuso una multa al juez Tirado.

El Gobierno criticó entonces la decisión de un CGPJ de mayoría conservadora y que llevaba dos años en funciones, tras haber expirado su mandato sin que se lograra un acuerdo para la renovación de sus 20 vocales. La Fiscalía General del Estado, siguiendo el criterio del Ejecutivo, recurrió la multa de Tirado con la esperanza de que el nuevo órgano de gobierno de los jueces endureciera la sanción. Pero los nuevos vocales decidieron, en una reunión convocada la víspera de Navidad, confirmar la multa de 1.500 euros por una mayoría de 14 votos a siete, lo que dejaba la polémica sin zanjar definitivamente. El caso sigue abierto porque tanto el magistrado como la Fiscalía han presentado un recurso en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Santiago del Valle, que hasta el momento ha atribuido la muerte de la niña a una caída accidental, sigue en prisión preventiva a la espera de juicio.