Los sindicatos recibieron cuatro millones en comisiones

Sevilla/A medida que avanza la investigación de Alaya sobre el escándalo de los ERE se van conociendo nuevos beneficiarios del desvío de más de 50 millones de fondos públicos a través de sobrecomisiones ilegales. La mediadora Vitalia pagó más de cuatro millones de las pólizas financiadas por la Junta a los "entornos" de los sindicatos UGT y CCOO, según afirma la propia instructora en el auto que en la madrugada de ayer ordenó el ingreso en prisión del ex directivo de esta intermediaria Antonio José Albarracín Muñoz.

La revelación de Alaya viene avalada por la declaración de este imputado, que se encuentra en prisión provisional al igual que el conseguidor de los ERE Juan Lanzas; su cuñado, Ismael Sierra García; el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el presunto testaferro Eduardo Leal del Real. Albarracín le dijo a la juez en su declaración que los sindicatos podrían cobrar una comisión de un 0,5% de la prima por cada expediente en el que intervenían y si había dos sindicatos se les abonaba el 1% para los dos, mientras que si la prima era elevada, "desde Barcelona recortaban", precisó.

Esos pagos se efectuaban a través de la empresas Temiqui, en el caso de UGT, y FQT, en CCOO, a pesar de que los sindicatos "no prestaban servicio alguno" a Vitalia que justificara el abono de estas cantidades. "Si no se abonaba, se iban a la Junta y no se hacía la operación, ya que los sindicatos y la Junta eran los que mandaban", aseveró Albarracín, quien aseguró que la dirección de su empresa les comunicó que debía establecer comisiones "muy altas" porque tenían que pagar parte a Lanzas, aunque entendían que no eran ilegales porque "no había límite de comisión". Este desvío de fondos a los sindicatos se produjo en al menos un 15% o un 20% de las pólizas de la Junta en las que intervino esta mediadora. Albarracín consideró que los "únicos responsables" del escándalo son los "representantes de la Junta, que eran los que tenían que velar para que las pólizas se hicieran correctamente".

La juez considera que estos pagos a los sindicatos se producían una vez que Antonio Albarracín, que fue director general de Vitalia entre 1995 y 2011, recibía de la aseguradora la "sobrecomisión pactada con la Junta", momento en que el directivo abonó a "los entornos de UGT y CCOO" pagos por 4.291.384,10 euros, cifra que la juez determina a través de los datos bancarios y fiscales analizados. De esas sobrecomisiones, Albarracín "se enriquecería" a través de Permar 21, que compartía con su esposa, María José Marcos Férriz. Para la juez, el 72% de los abonos que hay en las cuentas de esta sociedad, por otros 3.148.161,78 euros, provienen del "entramado de Vitalia", aunque sólo se declaró a Hacienda 1,5 millones.

La juez también advierte del "considerable enriquecimiento patrimonial" de este imputado, que pasó de tener cuatro inmuebles en 2001 a 16 en una década. Según Alaya, el que fuera director de Vitalia "daba las directrices" económicas de las pólizas de rentas suscritas por prejubilaciones de trabajadores financiados por la Junta, siendo desde octubre de 1999 la Junta "uno de los mejores clientes de Vitalia". Alaya entiende que se trataría de una especie de "negocio bilateral" en el que la Consejería de Empleo "obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros", y permitiría a Vitalia por su gestión de pólizas unas sobrecomisiones elevadísimas respecto al mercado, superiores en un 15%, pero a cambio "ciertos cargos" de la Administración autonómica, entre ellos Guerrero, recibirían "importantes gratificaciones", "pues ellos eran los que ordenaban el pago de los fondos públicos, de incluir en las pólizas como beneficiarios a personas cercanas a su entorno privado o político".

Alaya encarceló ayer al conseguidor Juan Lanzas, que habría recibido hasta 13 millones de las sobrecomisiones, entre los que 1,9 procederían de transferencias del holding Vitalia entre 2003 y 2007, mientras que otras empresas supuestamente vinculadas al conseguidor, como Atrado Mensajería, habrían recibido transferencias por 2,5 millones y a Servicios Inmediatos de Andalucía otros dos millones. De los ocho detenidos que fueron puestos ayer a disposición judicial, quedaron en libertad la esposa del directivo de Vitalia; José González Torrente, hijo del administrador único de Uniter, José González Mata; Roses Masa Dalmau, administradora de Fortia; Gregorio Martínez Piñero, amigo de Guerrero y ex comercial de Vitalia; Patrocinio Sierra García, esposa de Lanzas; y Juan Francisco Trujillo, ex chófer de Guerrero. Al cierre de esta edición no se conocía la decisión sobre los otros imputados. La instructora aplazó al lunes las declaraciones previstaspara hoy.