La Junta ultima con sindicatos y empresarios un pacto social de cientos de millones

Sevilla/La Junta de Andalucía ultima un pacto social con sindicatos y empresarios que incluirá medidas que supondrán la movilización de cientos de millones de euros en ayudas directas tanto a las familias como a las pequeñas y medianas empresas afectadas por las consecuencias económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania que se han traducido tanto en un incremento directo de los precios, como el aumento en los tipos de interés. La firma del acuerdo está prevista para este mismo mes de marzo o “como mucho a comienzos de abril” según han confirmado fuentes relacionadas con el mismo y supondría la movilización de “cientos de millones de euros” en distintos apartados.

Las negociaciones se coordinan desde la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y en ellas participan varios departamentos del Ejecutivo andaluz, desde las consejerías de Empleo hasta la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, pasando por las de Fomento (en especial en su departamento de Vivienda) e incluso la de Salud, ya que en el mismo está previsto que se incluyan medidas sobre el acceso a los recursos sanitarios. Según los conocedores de los términos del acuerdo, éste se pretende que sea “lo más transversal posible, ya que se trata de medidas que afecta a la calidad de vida de todos los ciudadanos, por lo que los servicios públicos se colocan en el primer lugar de las reivindicaciones”.

Entre las pocas medidas que se han dado a conocer, destaca la bonificación del transporte público en un nivel similar al que aporta el Gobierno central. La Junta ya había asumido un 20% de rebaja adicional, que era la condición impuesta por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para mantener el descuento del 30% que se adoptó en septiembre de 2022 y que se aplicará durante todo el primer semestre del año. Lo que se pretende ahora es que el Ejecutivo andaluz, eleve esa participación hasta llegar al mismo 30% que asume el Ministerio.

Además, se negocia la posibilidad de que se subvencione de alguna manera a los grandes consumidores de combustible, es decir aquellos que precisan del transporte individual para ejercer su actividad, para que puedan hacer frente al incremento de precios de los mismos desde hace más de un año. Esta medida se estudia aplicar tanto a familias, como a pequeñas y medianas empresas que han visto como sus facturas de suministros energéticos comprometen su continuidad.

La transversalidad de este pacto social, abarca a medidas ya aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta a lo largo de los últimos meses. Fuentes del Ejecutivo andaluz, expresaron su intención de que el plan las englobe en un intento por paquetizar esas ayudas y conseguir incrementar su efectividad y acortar los plazos para su puesta en marcha.

En este sentido, sobre la mesa se encuentran desde medidas para la ayuda al alquiler de colectivos desfavorecidos, hasta el recorte de los plazos de acceso a la atención primaria o la situación de los 12.000 sanitarios que se incorporaron como refuerzo contra la Covid. Asimismo, se plantean medidas para hacer frente a los efectos de la sequía, toda vez que se entiende que la misma afecta de una manera directa a las familias que tienen en la agricultura y la ganadería su principal medio de vida. Se trata de un intento por “priorizar la calidad de los servicios públicos en su totalidad”.

Además, se contemplan medidas de ayudas directas a los más jóvenes y aquellas familias pertenecientes a los “colectivos más desfavorecidos o que no tengan posibilidades de acceder a otro tipo de subvenciones y que tengan familiares dependientes a su cargo”.

El acuerdo se encuentra ya en los “últimos tramos antes de su aprobación definitiva por todas las partes que se encuentran bastante próximas en sus posturas”, por lo que se prevé que se pueda presentar “a lo largo de este mismo mes de marzo, o como muy tarde a comienzos de abril”.

Las negociaciones dieron comienzo de manera oficial el pasado 21 de noviembre en el Palacio de San Telmo, en una reunión presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y en la que participaron el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que es quien se ocupó de coordinar las negociaciones a partir de ese momento; la consejera de Empleo, Rocío Blanco; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara y las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria González respectivamente.

Moreno señaló entonces que “ante las dificultades que estamos pasando, el Ejecutivo andaluz considera necesario iniciar un nuevo impulso en la toma de medidas económicas y sociales que desgraven el impacto que éstas tienen en la ciudadanía y que ayuden a reducir el sufrimiento de los andaluces y es aquí donde los agentes económicos y sociales deben tener un papel destacado para poder llegar a acuerdos”. La proximidad de este acuerdo fue señalada durante el pasado 28-F cuando Moreno aseguró que “estamos trabajando desde hace meses”, a la vez que expresaba su deseo de querer “un acuerdo que permitiese la base” de ese paquete de ayudas.