¿Por qué sigue pagando la Junta las ayudas de los ERE?

El Gobierno andaluz ha seguido pagando las ayudas que se concedieron durante los anteriores Ejecutivos socialistas a los trabajadores afectados por los ERE, cuya aprobación originó el caso judicial. ¿Cómo es esto posible? ¿Hay respaldo legal? Sí, el 16 de octubre de 2012 el Gobierno de José Antonio Griñán aprobó un decreto-ley, el 4/2012, que dio amparo legal y regularizó estas ayudas sociolaborales de la que se han beneficiado algo más de 6.000 trabajadores.

Este es el argumento del actual Gobierno de Juanma Moreno para terminar de pagar los compromisos adquiridos entonces. En el ejercicio de 2023 se pagaron 4,1 millones de euros por parte de la Consejería de Empleo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señalaba el 30 de noviembre de 2016 que “con el decreto ley se pretende regularizar y dar cobertura legal a las ayudas sociolaborales que habían sido otorgadas de forma irregular sin cobertura normativa alguna”. Es decir, que el tribunal admitía la validez del decreto como modo de superar la irregularidad anterior.

No obstante, las sentencias del Tribunal Constitucional del pasado mes de agosto viene a poner en duda las decisiones anteriores de otros tribunales, al entender que las ayudas eran legales porque estaban amparadas por la ley de Presupuestos que aprobaba cada año el Parlamento andaluz.

El Gobierno andaluz entiende que no abonar los pagos que se derivan del decreto supondría un incumplimiento, ya que la Junta de Andalucía estaría incurriendo en un ilícito por no acatar la ley y además perjudicaría a los trabajadores beneficiarios. De hecho, ningún tribunal ha demandado la devolución de tales ayudas a los empleados afectados por los ERE, a pesar de que se han sucedido las sentencias condenatorias.