El Gobierno planea extender a toda España la subasta de medicamentos

El Ejecutivo de Pedro Sánchez planea implantar en toda España un sistema de selección de medicamentos como el que existe en Andalucía. Este mecanismo de adquisición de fármacos, conocido coloquialmente como subasta, recibe un espaldarazo por parte del Ejecutivo, que incluye en el Plan de Estabilidad 2019-2022 del Reino de España remitido la pasada semana a Bruselas la aplicación "de un mecanismo de selección de medicamentos a escala nacional" en "el horizonte temporal más inmediato", explica un informe citado por Europa Press.

Este plan del Ejecutivo choca frontalmente con el objetivo del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, en cuyo acuerdo programático para la legislatura figura la reversión del "actual modelo de subasta de medicamentos" dentro de las noventa medidas publicadas las pasadas navidades.

La decisión de La Moncloa de ampliar el programa de adquisición de medicamentos andaluz deriva de las recomendaciones efectuadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad y Financiera (Airef) a raíz de un análisis pormenorizado del gasto público de los medicamentos en las oficinas de farmacia.

Entre las conclusiones a las que llega el organismo independiente, que recibió el mandato evaluador del Ejecutivo meses atrás, la subasta andaluza de medicamentos "ha conseguido ahorros sin consecuencias negativas para el Sistema Nacional de Salud". Por eso, continúa el documento, "valorar su implementación a nivel nacional".

Este apunte, avanzado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero –impulsora de la subasta cuando era consejera de la Junta–, es el que toma el Ejecutivo para justificar su posible extensión a escala nacional.

La Airef analiza las controversias de la subasta

El estudio de la Airef de 371 páginas inserta una extensa evaluación de la subasta andaluza desde su activación, en 2012, y disecciona aspectos controvertidos de la selección de fármacos como el ahorro, el desabastecimiento, las consecuencias en las empresas farmacéuticas españolas y en las oficinas de farmacia y los litigios jurídicos y administrativos.

Si bien cada uno de los órganos judiciales o administrativos, aparte del Tribunal Constitucional, no han encontrado conflictos en la ley andaluza que ponía en marcha el sistema de subasta, es cierto también que la Airef asume ciertas debilidades en la articulación andaluza de adquisición de fármacos. De ahí que, a la hora de recomendar al Ejecutivo central la subasta a escala, enumere igualmente una serie de iniciativas que mejorarían el sistema de compra de los medicamentos en el nivel nacional.

No pone en cuestión la Airef el ahorro de costes que procura la subasta. Después de 14 convocatorias desde 2012, la Junta ha evitado un gasto de 570 millones de euros. (El anterior Gobierno, todo sea dicho, estimó un ahorro anual de 244 millones).

Tampoco encuentra perjuicios económicos en la red de oficinas de farmacia andaluzas, ya que, en el periodo estudiado, no se han reducido sino que se éstas se han incrementado en un 8.5% desde 2011.

Tampoco se han encontrado problemas de abastecimiento dignos de mención en el sistema de subasta, que ha sido el principal objeto de conflicto por las derivadas en materia de salud que podría acarrear. "El motivo de la mayor incidencia de faltas en Andalucía no puede vincularse a la selección de medicamentos", concluye refiriéndose al mecanismo de subasta.