El SAS recurre a 882 millones extraordinarios para pagar facturas pendientes

El lutecio es un metal raro. Su presencia en la Tierra es casi tan escasa como la plata. La aplicación más importante para el ser humano del lutecio, conformando un compuesto con la oxodotreotida, es el tratamiento para tumores que se originan en el sistema gastrointestinal y en el páncreas. Cada dosis de quimioterapia de este compuesto le cuesta 12.150 euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS), es decir, a los contribuyentes. Estos tratamientos oncológicos, junto al coste de las vacunas, las nuevas terapias y el aumento de los diagnósticos con los TAC, entre otros, han elevado el gasto sanitario de un modo tal que han sobrepasado las previsiones de la Junta de Andalucía. Las sumas sobrevenidas no son pequeñas, nada menos que 882 millones de euros que el SAS tiene que pagar para responder a facturas de 2023 y años anteriores. La deuda en facturas del SAS corresponde al 1,8% del presupuesto anual de la Junta de Andalucía.

El Consejo de Gobierno aprobó el 3 de diciembre una operación presupuestaria para hacer frente a una deuda casi mil millonaria con una multitud de proveedores sanitarios. Son facturas antiguas, pagos pendientes, cuyos retrasos, alerta el expediente de la Consejería de Salud, podría provocar “un aumento de las reclamaciones a través de los tribunales”. He ahí la urgencia. La Junta de Andalucía ha recurrido a los fondos a los que dio curso el pasado mes de mayo el Gobierno central mediante el mecanismo extraordinario de Facilidad Financiera. Fueron 1.217 millones para Andalucía. De ellos, el SAS empleará 766 millones para facturas vinculadas a tratamientos hospitalarios antes comentados y 115 millones para atender al sobrecoste de las recetas de las oficinas de farmacia, cuyo gasto ha crecido hasta noviembre un 3,2% con respecto al año anterior.

Dentro de los tratamientos hospitalarios, que según el expediente de generación de créditos de la Consejería de Salud han supuesto un “incremento muy importante”, constan facturas pendientes en medicamentos financiados por el sistema público destinados a patologías oncológicas y oncohematológicas. Los precios de estas terapias, explica Salud, son “muy elevadas” y están sujetas a condiciones de “patentes exclusivas”. Desde 2023 hasta marzo de 2024, la subida del gasto en este apartado es mayor del 9%. Hay terapias contra leucemias y linfomas de naturaleza génica, las llamadas terapias CAR-T, que hasta 2022 sólo se administraban en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y que han pasado a aplicarse también en el Reina Sofía de Córdoba y en el Regional de Málaga.

Otros destinatarios de las facturas atrasadas son los proveedores de las vacunas. Aparte de las antigripales y de la vacunación para enfermedades endémicas de otros países, la salud pública ha introducido novedades en la inmunización frente al meningococo, contra el herpes zóster y ha habido modificaciones en la inmunización contra el neumococo en lactantes. Desde mayo de 2024, además, el SAS administra una dosis frente al papiloma 9-valente a toda la población de entre 13 y 18 años que no haya recibido una dosis de cualquier vacuna contra la enfermedad. El sistema público de salud también emplea desde fechas recientes un medicamento, el Nirsevimab, que aunque no es propiamente una vacuna se administra para prevenir el virus respiratorio sincitial.

Hay un tercer elemento que ha roto las cuentas del SAS en las previsiones presupuestarias de los ejercicios anteriores. Es la instalación de nuevos equipamientos que precisan de fármacos radiactivos como los PET-TAC y las gammacámaras que se emplean para el diagnóstico de enfermedades, principalmente de tumores. También se acumulan facturas pendientes de cobro en los tratamientos de quimioterapia: está el citado lutecio oxodotreotida; el ibritumomab tiuxetan para linformas, con un coste de más de 9.000 euros por dosis; el dicloruro de radio para el cáncer de próstata (más de 4.000 euros por dosis); o el PSMA-1007, también para el cáncer de próstata y un coste por dosis que supera los 1.000 euros.

Condenas judiciales

La imputación de facturas de otros ejercicios en el presupuesto de 2024 ha provocado un empeoramiento de los periodos de pago a los proveedores, sobre todo a partir del mes de septiembre de este año. Una situación de retraso en el pago de las facturas, indica el documento del SAS, podría provocar un incremento de las “reclamaciones del pago” por parte de los acreedores, que acudirían a denunciarlo a los tribunales. “En todos los casos”, avisa el SAS, “los tribunales condenarán” a la administración sanitaria andaluza al pago no sólo de las citadas deudas sino de los intereses y de las costas por la gestión de las facturas. “Dado el volumen” de ellas “que se podrían reclamar”, concluye el texto, “supondría un gasto adicional importante”.

Las cargas suben un 44,5% desde 2018 a 2023

El aumento año tras año del gasto farmacéutico es una preocupación creciente en la administración sanitaria. Y no solamente es el gasto que debe afrontar el sistema público para abonar las recetas dispensadas en las oficinas de farmacia, para la que no dejan de idearse medidas de ahorro después de la desaparición del modelo de la compra de fármacos por medio de la subasta eliminado por el Gobierno andaluz a partir de 2019, sino las cargas crecientes en los tratamientos de los centros hospitalarios. El farmacéutico es responsable de una importante parte del gasto anual del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que, a su vez, es una parte importante del gasto de todo el presupuesto anual. Desde 2018 a 2023, el gasto farmacéutico hospitalario ha crecido en Andalucía un 44,5%, según los datos anuales que publica el Ministerio de Hacienda, un porcentaje que es algo más elevado que el de la media autonómica (41,4%).