El responsable de la UCO se reunió con Alaya en su casa cuando la magistrada estaba de baja

sevilla/El responsable de la unidad de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reconocido este martes en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE que se reunió con la instructora de la macrocausa, la juez Mercedes Alaya, en el domicilio de la magistrada cuando ésta estuvo de baja por motivos de salud entre finales de 2012 y principios de 2013.

La pregunta sobre si hubo esas reuniones en casa de la juez Alaya ha sido planteada por el abogado Miguel Delgado, que representa al ex director general del DEA Miguel Serrano Aguilar, y el comandante de la UCO ha confirmado que se produjeron esos encuentros en casa de la magistrada durante su baja por motivos de salud, aunque ha enmarcado fundamentalmente esas visitas en su interés por el estado de la instructora.

El interrogatorio concreto y las respuestas dadas por el testigo ha sido el siguiente:

-Miguel Delgado: ¿Usted o sus subordinados se reunieron con doña Mercedes Alaya durante el tiempo que ella estuvo de baja en su casa, en el domicilio particular?

-Comandante de la UCO: Pues no lo sé. Yo sí que he ido a verla, a interesarme por ella. Sí, claro. Yo personalmente.

-M. D.: Pero a interesarse ¿en qué sentido? ¿Por su salud?

-UCO: Claro.

-M.D. ¿O han comentado aspectos del procedimiento?

-UCO: Yo me he interesado por ella por su salud. Evidentemente está en el procedimiento y es lógico que hablemos algo con ella, ¿no? Que hable yo. Yo sí que fui allí y me interesé por ella en algún viaje, no recuerdo ni fecha ni nada, pero yo sí que he ido a su casa y me ha recibido la pobre, y muy bien. O sea, yo la considero una persona, pues, que lo ha pasado mal.

-M.D.: Simplemente le pregunto, eso le honra evidentemente, la pregunta concreta es ¿si hicieron comentarios del procedimiento cuando usted la visitó en su casa?

-UCO. Nooo.

Y en ese momento intervino el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, para decirle al letrado que el testigo ya había respondido a la pregunta.

Alaya estuvo de baja entre el 12 de septiembre de 2012 y el 5 de marzo de 2013 debido a unas fuertes cefaleas, y a su regreso se encontró que en su juzgado había dos jueces de refuerzo nombrados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que no tardaron en marcharse del juzgado.

En la segunda sesión de su declaración, el comandante de la UCO ha asegurado que, en su opinión, las ayudas sociolaborales y a empresas que se concedieron durante una década en Andalucía "son ilegales", una conclusión a la que llega por una "acumulación y multitud de indicios", entre los que ha recordado la presencia de los "conseguidores" de las ayudas, los pagos cruzados y endosos, los pagos al entonces director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, y por otros indicios como que no existía solicitud de ayudas. "Hay 1.000 cosas en este procedimiento irregulares", ha sentenciado el testigo.

La defensa del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, que ejerce el abogado José Manuel Herrera, ha preguntado al responsable de la investigación por la orden de 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo que algunos de los acusados han esgrimido como norma supletoria que amparaba las ayudas que concedió la Junta de Andalucía, pero el comandante de la UCO ha explicado que considera que "no es de aplicación" en este caso, donde "no se cumple ni lo que marca esa orden". El testigo ha añadido que la orden del Ministerio prevé un control de justificación de las ayudas, pero "aquí no hay nada, no hay solicitud, no hay control. No se da ni los mínimos que recoge esa orden" y el procedimiento que se seguía en Andalucía "no cumple los puntos" que establecía la norma estatal, donde había solicitud, una memoria justificativa y un control del pago.

De otro lado, el testigo insistió en que desde el Gobierno andaluz se adoptó el sistema del convenio marco de 17 de julio de 2001 porque habían detectado un problema con la fiscalización de unas ayudas y se adoptó el mismo porque las ayudas "no se podían dar con la agilidad" que pretendían. El testigo ha concluido que a juicio policial "hay un procedimiento para saltarse la fiscalización previa o crítica, y en ello entran a jugar las transferencias de financiación, es un componente más".

El testigo también se ha referido al déficit generado en el IFA/IDEA por el uso de las transferencias, sobre el que ha afirmado que "los pagos estaban por encima de lo que recibían" y ha dicho que le dio importancia a ese desfase porque "puede ser indicativo de un menoscabo" de fondos públicos, y ha añadido que aunque se produjeron cambios en el sistema con la entrada de la encomienda de gestión, "siguieron las transferencias y obviándose la fiscalización crítica".