La ventana
Luis Carlos Peris
Reventa y colas para la traca final
La Fiscalía Superior de Andalucía ha reiterado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acuerde la "devolución inmediata" al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de la causa contra los cuatro ex consejeros que han perdido el aforamiento -Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio- y que fueron imputados por el escándalo de los ERE fraudulentos.
En un escrito, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón se opone nuevamente a que se archive la causa contra los tres aforados -Ávila, Aguayo y Vallejo- que recurrieron la devolución de las actuaciones al juzgado de Sevilla, al considerar en primer lugar que el TSJA ya no es competente para la investigación, y en segundo lugar, porque "no ha tenido lugar" la investigación que se estima precisa, incluida una prueba pericial.
Dice el fiscal que hay que llevar a cabo "un análisis lógico de las decisiones adoptadas por las personas aforadas, resultando inevitable una compleja investigación que debería sustanciarse con la práctica de diversas diligencias probatorias, suficiente celeridad y que requiere una actividad jurisdiccional prolongada en el tiempo, como de hecho se ha reconocido por el propio magistrado instructor al valorar, junto con el Ministerio Fiscal, la conveniencia de dividir la presente causa en distintas piezas separadas de enjuiciamiento".
El fiscal superior concluye que cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto sería "no sólo precipitado sino además un pronunciamiento dictado una vez perdida la competencia", por lo que, a juicio del Ministerio Público, "vulneraría clamorosamente el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, afectando, incluso y en tanto puedan tener lugar intereses contradictorios, a las garantías procesales y derechos de aquellas personas que se encuentran ya imputadas o que están personadas" en las diligencias previas 174/11 que se siguen en el jugado de Sevilla.
El fiscal recuerda que los ex consejeros perdieron hace más de dos meses su condición de aforados tras dejar de ser miembros del Parlamento andaluz y de formar parte de la Diputación Permanente, y consideran que asimilar, como hacen las defensas, el auto dictado por el instructor del TSJA -que ordenó devolver la causa a Sevilla- con el auto de apertura de juicio oral resulta "completamente improcedente y confunde el comienzo con el final de la fase de investigación criminal" y supondría una "contradicción inexplicable" con las resoluciones anteriores en las que se profundiza en la necesidad de llevar a cabo una "investigación suficiente de los hechos".
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