El fiscal rechaza la 'red clientelar' que la juez Alaya apreció en los cursos de formación y pide el archivo

Sevilla/El desenlace de una crónica anunciada hace meses. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido formalmente a la juez María Núñez Bolaños que archive la denominada pieza política de la macrocausa de los cursos de formación, en la que figuran 24 personas como investigadas que fueron acusadas en su día por la juez Mercedes Alaya de haber integrado una red de "clientelismo político" a través de las subvenciones concedidas para la realización de actividades formativas.

“Para la investigación llevada a cabo hemos de avanzar que la investigación no ha identificado la red clientelar”, sostiene el fiscal Fernando Soto, que añade que en los diversos atestados policiales no se han podido identificar “un grupo de beneficiarios que por afinidad política u otros criterios hayan sido causa de la concesión arbitraria de subvenciones para el enriquecimiento personal de los mismos.

El fiscal precisa que “es cierto que hay determinados empresarios y personas jurídicas y físicas, cercanos a la Junta de Andalucía sistemáticamente beneficiadas con subvenciones”, cita por ejemplo al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y al ex vicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco, pero recuerda que “para su investigación ya se abrieron líneas de investigación, piezas y a la postre diligencias independientes. Ni en los informes especiales de Intervención, ni en los atestados UCO, se hacen referencia a los mismos más que de manera esporádica”.

Fuentes judiciales han confirmado que la delegación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Sevilla ha presentado esta misma mañana un escrito en el que solicita el sobreseimiento de esta pieza separada abierta en relación con la intervención de la dirección general de Formación y de las distintas delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la concesión de subvenciones públicaspara la realización de cursos de formación, al estimar que de las investigaciones practicadas y de las distintas declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de los altos cargos investigados, según ha informado la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público descarta que desde la dirección general de Formación se dieran supuestamente instrucciones a las delegaciones provinciales del SAE para favorecer a determinadas empresas o para que se dictaran resoluciones de exoneración o exceptuación para seguir concediendo ayudas.

En el escrito, de 33 folios, el fiscal delegado Fernando Soto concluye que las resoluciones de exoneración o exceptuación dictadas por los consejeros imputados “no son constitutivas” de delitos de prevaricación. “No superan el canon que establece la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para considerar una resolución administrativa como prevaricadora. Podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contrarias a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno”, asevera el Ministerio Fiscal, que añade que estas resoluciones responden a “criterios interpretativos aceptables y razonados y conforme a la norma”.

De la misma forma, la Fiscalía entiende que la labor de justificación y liquidación por los organismos y delegaciones del SAE “no puede ser tachada de manera global de negligente. Ni siquiera cabe en la vía penal un estudio globalizado de tal cuestión. El análisis jurídico penal siempre es individualizado a una conducta concretada en una persona y por razón de unos hechos, no puede basarse en la eficacia, eficiencia o incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorado en su conjunto. Esto es más bien propio de la labor auditora, revisora contenciosa administrativa o incluso política”.

En esta labor y singularmente la emisión de las certificaciones a las que se refiere el artículo 41 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (RIJA), prosigue la Fiscalía, se han cumplido unos “cánones razonables atendidas a las circunstancias de cada caso, a la dificultad, prolijo y amplitud de la materia”.

La Fiscalía concluye que “no se puede aceptar el silogismo de que retraso en las labores de comprobación en la justificación lleve necesariamente a menoscabo de fondos y consecuentemente a la malversación. Con ello no queremos decir que el sistema de trabajo en la comprobación y verificación en la Junta sea óptimo, ni siquiera que funcionara bien, probablemente sea merecedor de críticas y reproches de todo orden, en cuanto a medios personales, materiales y organización del trabajo, pero esos defectos administrativos no deben llevarnos a la errónea conclusión de la existencia de un delito”, asevera Anticorrupción, que recuerda que así lo expusieron “todos los interventores, unánimemente y sin excepciones” en los informes especiales 2009-2012. “Todos sin excepción, vinieron a confirmar que esas irregularidades administrativas jamás suponían un atisbo de responsabilidad penal y por tanto nunca se dedujo tanto de culpa alguno al Ministerio Fiscal, más que en situaciones concretas”, añade.

La Fiscalía destaca que la Administración andaluza concedió un total de 18.023 subvenciones a la formación por valor de 2.896.485.505,7 euros en el periodo 2002-2012.

A fecha del informe requerido a la Junta y elaborado por la dirección general el 27 de abril de 2016, se encuentran justificados 15.561 expedientes por valor de 1.928.074.316,64 euros.

A fecha 31 de diciembre de 2015 se encontraban pendientes de justificar 2.462 expedientes por valor de 529.255.259,28 euros.

Sólo ha prescrito el derecho de la Administración al reintegro de las subvenciones en 5 expedientes. “Todo ello da una idea de lo complejo e ingente de la materia y de lo dispar de los datos empleados y de la realidad final a la que se ha llegado tras la investigación”, añade la Fiscalía.

En la gestión de la liquidación de las subvenciones, los criterios interpretativos empleados por los delegados del SAE imputados, singularmente los referidos a los documentos a aportar por los beneficiarios, el informe del auditor, “son correctos desde cánones interpretativos admisibles en Derecho, conforme a la orden de 23 de octubre de 2009 y toda la legislación autonómica y nacional sobre subvenciones que es aplicable y de ello no es posible inferir juicio delictivo alguno”, insiste.

La Fiscalía recuerda que el archivo solicitado se refiere únicamente a la pieza separada de la causa de los cursos de formación en la que se investigaban las relaciones ente la dirección general de formación y las distintas delegaciones provinciales del SAE sobre las subvenciones concedidas. Así, continúan abiertas otras tantas piezas separadas en las que se investigan las subvenciones concedidas a entramados empresariales y consorcios. “Es cierto que hay una serie de personas y entidades sospechosas, ya expuestos en este informe, indiciariamente beneficiadas, pero constituyen el objeto de procedimientos diferenciados y distintos, bien en este juzgado o en otros de Sevilla con investigaciones judiciales separadas, bien a nivel regional en la denominada operación EDU en toda Andalucía, con el resultado que sea esperable en cada una de ellas”, concluye.

Una investigación iniciada por Alaya en 2015

La investigación de esta pieza, inicialmente declarada secreta por la juez Alaya, se inició en marzo de 2015, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo la denominada operación Barrado, en la que fueron detenidas 16 personas, entre ellas altos cargos de la dirección general de Formación y de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En esta pieza separada de los cursos de formación figuran en la actualidad 24 imputados por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. Entre los investigados se encuentran el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, las ex directoras generales de Formación para el Empleo María Teresa Florido –cuñada del ex consejero Ángel Ojeda, también imputado en otra pieza separada- y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, ocho ex directores provinciales del SAE y 11 jefes de servicio de Empleo.

Tras el informe del fiscal, la juez María Núñez Bolaños archivará esta causa, siguiendo además el criterio de los interventores que han declarado en esta causa, por lo que estimaría que los hechos investigados por la Guardia Civil no tienen la naturaleza de delitos más allá de las posibles irregularidades administrativas.

Y sería además una decisión acorde con el archivo que han acordado otros juzgados andaluces, como el dictado recientemente por el juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, que archivó la causa contra 15 personas, entre ellas la ex delegada provincial del SAE en Jaén Irene Sabalete, quien también está como investigada por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En Sevilla, otro juzgado, el de Instrucción número 5, también archivó en marzo pasado la investigación iniciada en 2013 por la ayuda concedida la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales San Juan Grande, al no apreciar delito de malversación ni ningún otro porque la juez entiende que en los hechos investigados no hay “ánimo de lucro” en los funcionarios que la otorgaron y los beneficiarios. La juez Beatriz González consideró que de la prueba practicada, "básicamente el exhaustivo cruce de informaciones y la declaración de las personas investigadas y de un testigo, no existen indicios de la perpetración de un hecho típico en relación con la concesión de las subvenciones" que se investigan.

Por el contrario, el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva procesó recientemente al ex delegado de Empleo Eduardo Muñoz junto a otros seis altos cargos y técnicos por el caso de los cursos de formación, al estimar que existen indicios suficientes de delito en su actuación, al haber permitido “por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas”.

El testimonio contundente de los interventores

En la causa que investiga la juez Bolaños en relación con esta parte de los cursos de formación han declarado ya hasta nueve interventores que han coincidido fundamentalmente en que no apreciaron ningún delito a la hora de examinar estas subvenciones.

Uno de los últimos en rendir testimonio ha sido el que fuera interventor general de la Junta de Andalucía hasta enero pasado, Adolfo García Fernández, quien aseveró que "no ha apreciado menoscabo" de fondos públicos en ninguno de los expedientes de subvenciones para la formación.

El ex interventor general explicó que su trabajo consiste en detectar un riesgo y ponerlo en conocimiento, y añadió que lleva trabajando desde 1985 y es la "primera vez" que hay un procedimiento penal. Adolfo García, a preguntas de la acusación particular que ejerce la Junta, afirmó que "está obligado a poner en conocimiento si considera que hay un ilícito penal".

Los otros interventores que han prestado declaración se han posicionado de la misma forma. El interventor en la provincia de Córdoba, Antonio Escudero, le dijo a la juez que "no sospechó" en aquel momento que se “estuviera haciendo algo ilícito o de gravedad, pues para él sería de gravedad por ejemplo no tener el informe de auditoría, y todos lo tenían”.

Otros dos interventores que prestaron declaración en abril aseguraron que sólo apreciaron "irregularidades administrativa" pero en ningún caso que éstas pudiesen constituir delito alguno. El interventor en Málaga, Juan José Delgado Utrera, dijo expresamente que no tiene elementos de juicio para determinar "si había una trama para malversar", puesto que él detectó "irregularidades administrativas" y si hubiera observado "indicios de delito", lo habría denunciado. Este funcionario insistió en que lo que detectó en el informe especial de los años 2009 a 2012 fueron "irregularidades administrativas".

En la misma línea se pronunció ante la magistrada el interventor en Jaén, Pedro González Gámez, quien declaró que a su criterio las irregularidades detectadas son "sólo de carácter administrativo", al tiempo que señaló que lo habría puesto de manifiesto en caso de apreciar alguna irregularidad de carácter grave. "Todas las irregularidades detectadas eran administrativas o formales. No he apreciado la existencia de menoscabo de fondos públicos en la provincia de Jaén", añadió este funcionario, que reconoció no obstante que llegó a poner algunos reparos al certificado de finalidad cuando se realizaba la fiscalización previa –en la que se fiscaliza el 100% de la ayuda antes de su concesión- y esas objeciones fueron "subsanadas por el órgano gestor", en alusión a la delegación del SAE.

El interventor general en la provincia de Granada, Miguel Ángel Gutiérrez, explicó por su parte que tiene "serias dudas de que se haya incumplido la legalidad" porque, aunque según dijo "parece que había un mal uso de la subvención", en principio lo que detectan son "irregularidades administrativas o contables". Este funcionario añadió que "no tiene una opinión" respecto a que un juzgado haya abierto diligencias penales, pero sí insistió en que "todas las irregularidades administrativas se pueden subsanar" y "no vio delito" alguno en los expedientes.

Por su parte, el interventor en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, coincidió en que el informe especial se hizo en un "entorno administrativo, con los procedimientos administrativos", dado que no pensaban que "pudiera tener esta derivación" en la vía penal.

El interventor de Málaga, Juan José Delgado Utrera, declaró que no apreció irregularidades que hicieran necesario un control especial, aunque sí explicó que detectaron que la valoración “no era correcta porque faltaba documentación o no era legible o no subvencionable”, y agregó que a priori “no había que desconfiar de un informe de auditoría salvo por la constatación de errores”.

El interventor en Jaén, Pedro González Gámez, dijo que “nunca” pidió documentación complementaria además de la certificación de finalidad que realizaba el SAE “no porque sospechara o no sospechara de que se pudieran cometer irregularidades, sino porque ello era imposible por falta de medios”, aunque añadió que si hubiera tenido esas sospechas habría “hablado con la Intervención general para pedir medios”. Este funcionario indicó que no puede decir que esos certificados “fueran falsos” ni tenía por qué pensar que con el certificado de finalidad “se estuviera ocultando nada”.

No había red clientelar

La juez Mercedes Alaya basó su argumentación para imputar a los directores generales de Formación y a los directores provinciales del SAE en la existencia de una supuesta red de “clientelismo político”, ya que según Alaya desde la Consejería de Empleo se impartían órdenes a las delegaciones provinciales “para que no se controlara el dinero” destinado a la formación, creando esa red clientelar.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado la juez de Instrucción número 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, en el auto de archivo dictado el pasado 15 de junio y en el que sostiene que “no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andalucía destina al pago de tales subvenciones fueran malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia administración, al no probarse lo contrario ni aún indiciariamente, ni que la propia Administración a través de sus responsables, ordenaran, indicaran o indujeran a realizar actuaciones u omitirlas que permitieran que terceros, sin relación probada con la administración más allá de lo que policialmente se expone y no se acredita, se beneficiaran torticeramente de tales fondos”.

Y esta juez añadía que “resulta manifiestamente absurdo, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espurias por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral”.