¿Qué puede vender la Junta?

El nuevo Gobierno de Juanma Moreno comenzará a legislar para bajar la presión fiscal de los andaluces y de las empresas, pero a la vez está obligado a conseguir otros ingresos para equilibrar las cuentas y conseguir en este mismo mandato el déficit de cero en sus cuentas. El pasado domingo, en una entrevista concedida a La Sexta, el presidente respondió que el descenso provocado por la supresión del impuesto de sucesiones se puede resolver mediante la venta de solares de titularidad autonómica.

Aunque la Junta cuenta con un gran patrimonio en suelo, la mala situación del mercado en la última década ha imposibilitado su venta, a pesar de que se puso en marcha durante los gobiernos de José Antonio Griñán. Esta partida es un clásico en los Presupuestos de la Junta, activos en ventas que no consiguen comprador. No obstante, el mercado ha comenzado a reactivarse, por lo que, en efecto, el Gobierno de coalición cuenta con un margen en el negocio inmobiliario. Ahora bien, lo sustancioso no estaría en las ventas del suelo, sino de algunas empresas que son de la Junta y carecen de cualquier tipo de relación con los servicios sociales.

120 millones de euros menos

Bajar impuestos no es gratuito, tiene un coste y, en el caso del Gobierno PP-Ciudadanos, la merma para las arcas públicas puede ser importante. La bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones -aún no aprobada- supondrán unos 40 millones de euros menos, que se suman a los 80 millones de euros que ya redujo el Gobierno de Susana Díaz.

Pero esto sólo es el primer paso, a lo largo de la legislatura, también bajará el tramo autonómico del IRPF y los impuestos que cargan los actos jurídicos documentados. Además, el Gobierno andaluz quiere suprimir la subasta de medicamentos del SAS, que ha ahorrado 500 millones de euros desde 2012. Aún no se conoce cómo se reconducirá esta venta, tampoco se puede dar por perdido todo el ahorro.

Solares de la deuda histórica

La gran parte de la bolsa de suelo de la Junta proviene de la llamada deuda histórica, un pago que el Estado debió realizar a Andalucía por su atraso económico secular. Esta obligación, que se materializó a través de la Disposición Adicional segunda del Estatuto, se cerró con un acuerdo de pago en especies: el Gobierno central entregó a la Junta unos solares valorados, en principio, en 780 millones de euros.

El acuerdo se cerró al inicio de la crisis económica, y el Gobierno andaluz no ha encontrado el modo, el precio, de venderlos. El mercado estaba tan bajo que la enajenación podría entenderse, incluso, como una irresponsabilidad contable. Perseguible ante los tribunales. Año tras año, en los Presupuestos autonómicos siempre ha figurado un ingreso bajo el epígrafe de venta de inmuebles. En el de 2019, que es el de 2018 prorrogado, figura un ingreso de 94 millones de euros.

Mientras el mercado no cambie, no hay que hacer demasiado caso a este tipo de ingresos, aunque el sector ha comenzado a recuperar la vigorosidad de entonces. Durante estos años, la Junta ha optado por realizar una operación de rentabilidad financiera, que consiste en quedarse en alquiler en edificios de su propiedad, previamente, vendidos. Dan un rendimiento anual.

10.000 hectáreas de fincas

Pero lo que la Junta debe buscar es la perdurabilidad. El Gobierno andaluz puede equilibrar las cuentas con estas ventas un año, algunos ejercicios, pero debe encontrar un ahorro permanente que compense la merma, también permanente, de la rebaja fiscal. Esto puede venir, como sostienen en el PP y en Ciudadanos, de una mejora del sector productivo andaluz, que se traduciría en mayores ingresos, pero el ejemplo de la comunidad de Madrid es engañoso. Madrid se puede permitir el descenso fiscal porque se beneficia del efecto de la capitalidad, sede de las grandes empresas del país.

La Junta no sólo cuenta con los suelos de la memoria histórica, también posee unas 10.000 hectáreas en fincas agrícolas y forestales, que son de escaso valor y muchas de ellas son improductivas. Izquierda Unida quiso hacer con éstas un banco de tierras, pero el PSOE se negó. En cualquier caso, su venta no reportará mucho dinero.

También hay una empresa pública, AVRA, la de viviendas y rehabilitación, que se dedica a comprar y vender solares para suministrar suelo a los municipios con lo que construir viviendas de protección. Entre 2015 y 2018, esta empresa ha ingresado 61 millones de euros por la venta de solares residenciales e industriales, pero su función no es la de obtener ingresos para la cuenta general, sino la pública de poner viviendas más baratas a disposición de los ayuntamientos.

Epgasa es la vendedora

La empresa encargada de las ventas de activos de la Junta, la que enajenaría los bienes, es Epgasa. Esta sociedad estaba, hasta ahora en la Consejería de Hacienda, que es la encargada de equilibrar las cuentas, pero el nuevo Gobierno la tiene en Economía.

Un asunto que en el PSOE nunca quiso entrar, por razones ideológicas, es la venta de empresas rentables que posee la Junta y que carecen de interés social; es decir, que no prestan servicios. Una de éstas es la sociedad que gestiona las ITV de Andalucía, Veiasa, cuyo patrimonio neto está medido en 70 millones de euros.

Ni el PP ni Ciudadanos han hablado, hasta ahora, de privatizaciones de sociedades, pero es un asunto que se puede abrir en los próximos meses. Cetursa, por ejemplo, es la que gestiona Sierra Nevada.

La hipotética venta de compañías de este tipo acarrea dos problemas: la complicación administrativa de cualquier enajenación pública y un desgaste político, porque, por lo general, el trabajador público no desea pasar al mundo privado.