El PSOE andaluz, entre el silencio y el desconcierto con el pacto fiscal catalán

Ningún portavoz oficial se pronuncia públicamente a favor más allá de expresar su “confianza”

Los críticos piden explicaciones y recuerdan que se debería consultar a la militancia socialista

El PSOE andaluz celebra el Comité Director / EFE/Raúl Caro

La palabra clave es “confianza”. Eso es lo más que han llegado a expresar los dos únicos líderes socialistas andaluces que se han pronunciado sobre el preacuerdo para la soberanía fiscal de Cataluña que servirá para investir a Salvador Illa. Porque hay un enorme manto de silencio de los portavoces oficiales del PSOE, tanto del Parlamento como de la Ejecutiva Regional e incluso entre los secretarios generales de las provincias. Sólo los dos líderes territoriales que son a la vez presidentes de sus respectivas diputaciones provinciales (los únicos que tienen poder institucional), se han atrevido a hablar en público. Curioso cuanto menos.

Y ambos han dicho prácticamente lo mismo: “La posición del PSOE es de prudencia hasta ver realmente el contenido de los acuerdos. Me remito a lo expresado por el secretario general (Juan Espadas). La política y el diálogo han ganado”, ha dicho Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla. “Evidentemente, no tengo la menor duda de que no perjudicará a Andalucía, sino todo lo contrario, y si no es así, evidentemente el PSOE de Andalucía y el PSOE de Jaén no estaremos de acuerdo”, han sido las declaraciones de Francisco Reyes, líder provincial en Jaén.

Pero ni una sola palabra más. Y no es que nadie quiera hablar es que, además, reconocen que no han recibido ningún tipo de información más allá del documento que ERC ha hecho público para que lo voten sus bases. Lo único que saben, por ahora, es que la Ejecutiva Federal, en la que hay cincos andaluces, votó a favor del documento que permite la soberanía fiscal para Cataluña; sólo se abstuvo un socialista de Cuenca. En este escenario, un detalle más. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva toda la semana sin agenda pública lo que no es habitual, desde luego.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, sí compareció el martes ante los medios de comunicación para asegurar que pedirá “lo mismo para Andalucía” y que estudiaría el documento que van a votar las bases de ERC pero, hasta el momento, no ha trasladado su propuesta.

Frente al silencio del PSOEoficial, el ruido y las protestas de los críticos que no paran de pedir explicaciones y de demandar los detalles de un pacto que podrá valer para tener a un presidente socialista en Cataluña pero que condena definitivamente al PSOEandaluz a la oposición. O este es, al menos, el sentimiento más generalizado.

Porque más allá de los detalles del acuerdo y de cómo pueda afectar la soberanía fiscal de Cataluña a las arcas andaluzas, está el peso político disminuido de una federación que siempre ha influido en las grandes decisiones del PSOE. Ahora, ni peso político ni voz que se escuche en el panorama nacional.

¿Por qué no se habla de la caja de las pensiones?

Resulta curioso destacar que en pleno debate sobre el modelo fiscal para Cataluña, el documento firmado entre el PSC y ERC no recoja ni una sola línea sobre la caja común de la Seguridad Social y el pago de las pensiones. ¿Por qué? El País Vasco es una de las comunidades autónomas que registra una diferencia mayor entre lo que sus ciudadanos aportan a la Seguridad Social y lo que reciben por sus pensiones de jubilación y otras como las de invalidez, orfandad o incapacidad temporal. Esta comunidad genera un déficit por habitante de 1.688 euros al año, una cantidad sensiblemente superior a la de Andalucía que es de 481 euros. Cataluña, por su parte, genera un déficit por habitante de 561 euros por habitante y sólo Madrid y Baleares podrían financiar por sí mismas una Seguridad Social propia. Así figura en las tablas oficiales que el Ministerio de Hacienda publicó el pasado mes de marzo para calcular las balanzas fiscales y que recogía los datos del año 2021. La caja única de las pensiones es uno de los elementos que mejor definen la cohesión social en España y no está compartimentada por comunidades autónomas. Ni siquiera País Vasco y Navarra tienen la gestión directa a pesar de su estatus especial en la Constitución que reconoce los privilegios forales.

Juan Pablo Durán, ex presidente del Parlamento andaluz recordaba que en el Comité Director del PSOE de Andalucía, Juan Espadas respondía al gaditano Manuel Jiménez Barrios que sería “el dique frente a la desigualdad de Andalucía y frente a las ansias independentistas en el Senado”.

Un destacado socialista onubense, José Antonio Cortés, recordaba a este periódico que el acuerdo con ERC para investir a Illa “debería consultarse con la militancia antes de su firma”. Según su opinión, sólo el hecho de que las bases de ERC sí vayan a votar es un insulto a los militantes socialistas.

Declaración de Granada

Siguiendo con las normas internas del PSOE, el único documento aprobado por un congreso federal sobre la financiación autonómica y el reparto de los fondos del Estado a las comunidades autónomas es la llamada Declaración de Granada de 2013, en la que no se incluye un modelo exclusivo para Cataluña; más bien al contrario.

Está, además, expresamente en contra del principio de ordinalidad que recoge el preacuerdo entre los socialistas catalanes y ERC; todas las comunidades deben aportar a la caja común y no hacer las cuentas a partir de lo que recaudan.

Los críticos más optimistas, siguiendo el mismo argumentario de García Page, confían en que lo que se ha conocido “no sea más que la interpretación de ERC; espero que la interpretación del acuerdo desde mi partido diste de lo expresado por ERC”, dice a este periódico el malagueño José Ortiz, ex alcalde de Torremolinos.

Luis Ángel Hierro, reconocido opositor a Juan Espadas, expresaba sus quejas “espero que Juan Espadas y María Jesús Montero nos expliquen en qué beneficia a Andalucía la ordinalidad y si los niños/as andaluzas van a tener educación gratuita porque es su derecho o por solidaridad catalana”.