Decenas de profesores se van al paro por un error de la Junta de Andalucía
Educación
Una sentencia obliga a cesarlos de sus puestos por los fallos de forma en la constitución de la bolsa de empleo de 2016
La Consejería de Educación no los informó de que existía un proceso judicial
A la calle en mitad de curso. Ésta es la situación a la que enfrenta una treintena de profesores de institutos públicos de Andalucía después de recibir la notificación de la Consejería de Educación y Deporte mediante la cual les informa de una sentencia judicial que les obliga a cesarlos de sus puestos de trabajo y a expulsarlos de la bolsa de trabajo creada en 2016 al existir errores de forma en su constitución. Un fallo de la Junta que acarrea graves consecuencias en unos docentes que han de volver, en plenas vacaciones navideñas, al puesto de salida en su trayectoria en la enseñanza pública.
“Se propone su cese y expulsión de la bolsa bilingüe de Geografía e Historia”. Así reza la carta enviada por el departamento que dirige Javier Imbroda a unos 30 profesores (la consejería afirma que sólo son 23) para dar cumplimiento a la sentencia que pone fin al procedimiento judicial iniciado por un demandante que vio cercenados sus derechos en la constitución de la referida bolsa de empleo hace un lustro.
Como explican los afectados, dicha bolsa extraordinaria era bilingüe y para la especialidad de Geografía e Historia. Hasta entonces, los únicos requisitos que se exigían para ser integrante era poseer la titulación correspondiente y el nivel B2 del idioma extranjero. Sin embargo, aquel año la Consejería de Educación (entonces dirigida por Adelaida de la Calle) decidió que quienes formaran parte de ella también se presentaran a una oposición.
Errores de forma en la constitución de las bolsas
Esto supuso que quienes habían superado dichas pruebas se colocaran por delante de los que no las habían realizado. Sin embargo, tales condiciones, según la sentencia y los afectados, contenía errores de forma al ser recogidas por escrito, lo que llevó a uno de los integrantes de la bolsa (perjudicado por el nuevo orden de preferencia) a iniciar un proceso judicial que ha acabado dándole la razón y echando a la calle a una treintena de profesores.
Además de considerar que el fallo de los tribunales “restituye el derecho al profesor demandante y se lo deroga a 30”, el colectivo afectado carga duramente contra la Consejería de Educación, a la que acusa de “oscurantismo” por no haber informado de la situación judicial a la que se exponían sus puestos de trabajo y por no atender a su petición de información desde que recibieron la notificación a escasos días de que finalizara el primer trimestre del curso.
El cese de sus empleos se produjo el pasado lunes, 27 de diciembre, en plenas vacaciones navideñas, por lo que este grupo de profesores se queda ahora sin trabajo, una situación que también perjudica a los centros de enseñanzas medias en los que desarrollaban su labor.
Los testimonios
A Diego Ortiz, por ejemplo, la carta de la consejería le llegó el 20 de diciembre, una semana antes del cese. En ella le informaban de que debía abandonar su plaza en el IES Huerta del Rosario, en la localidad gaditana de Chiclana, donde ha ejercido de profesor los últimos cinco cursos. “La Junta no nos ha dado el derecho a réplica, ni a negociar una salida”, lamenta este docente, quien también advierte que los sindicatos a los que han acudido se han sentido “desbordados” con la situación y no han podido, por ahora, dar una respuesta adecuada.
Por el momento, la única alternativa que les ha dado la consejería es pasarlos a la bolsa ordinaria con el tiempo de servicio acumulado estos años. Una situación que dista bastante de la que tenían hasta ahora, pues, como explica Ortiz, la posibilidad de cubrir una vacante en tales condiciones son peores: la duración es menor y las posibilidades de que lo llamen, también.
Además, no todos están en esa bolsa ordinaria. Tal es el caso de María Ortiz, que ha trabajado hasta hace una semana en el IES Fray Luis, de Granada capital, donde ocupa una vacante de larga duración. Las ventajas laborales que proporciona ser integrante de una bolsa extraordinaria la impulsaron a “volcar” todo su tiempo de servicio en la que existía desde 2016 y no en la ordinaria, lo que provocó que desde junio no formara parte de esta última. “Me estaba cavando mi propia tumba”, admite Ortiz, quien acusa a Educación de “negligencia”. “Debería habernos informado de que había un proceso judicial que podía afectar a nuestros puestos de trabajo”, lamenta.
Y aunque el error se cometió cuando la consejería estaba en manos del PSOE, los profesores afectados recuerdan que el actual gobierno andaluz tuvo la oportunidad de prevenirlos cuando se constituyó un nueva bolsa extraordinaria en 2019, ya que entonces volvieron a regir los criterios anteriores a 2016, es decir, no hacía falta presentarse a unas oposiciones. “Nadie nos dijo nada”, asevera esta docente, que está dispuesta a llevar a la Junta a los tribunales por este asunto que la ha dejado en el paro y “por sorpresa”.
Cinco años para regular la situación
“Devastación interna”. Así define Maite Jiménez-Barrera la situación que está viviendo desde que recibió la carta de Educación el 9 de diciembre. “He perdido cinco kilos las últimas semanas”, refiera esta profesora de Geografía e Historia, que formaba parte de la plantilla del IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, en el municipio sevillano de Morón de la Frontera, hasta el pasado lunes. Se trata de un centro de educación compensatoria, situado en una zona necesitada de transformación social, donde ha logrado una buena integración, hasta el punto que se había hecho con una tutoría.
“La Junta ha tenido cinco años para regular nuestra situación, al ser conocedora del pleito judicial que existía sobre la composición de la bolsa extraordinaria. Siento que mis años de esfuerzo profesional y laboral me los han tirado a la basura”, relata esta profesora, que acusa a la Consejería de Educación de “oscurantismo” en dicho asunto.
Una vez en la bolsa ordinaria, la pueden enviar “a cualquier lugar de Andalucía”, cuando hasta ahora tenía el centro donde impartía enseñanza cerca de Paradas, su localidad de residencia. Esta incertidumbre también la sufre Alejandro Medina, que se ha visto obligado a abandonar su puesto de profesor en el IES Peña del Águila, en Mancha Real (Jaén). “No daba crédito cuando recibí la carta”, admite este docente, natural de Granada, pero que llevas años viviendo con su pareja en Jaén. Ahora, en la bolsa ordinaria, considera que, por su tiempo de servicio, “perjudicará” a otros compañeros al ponerse delante de ellos. “No sé cuándo nos llamarán para cubrir una vacante, por cuánto tiempo y dónde”, reflexiona.
Medina también critica que en la consejería “no cojan los teléfonos, no respondan a los correos electrónicos y no sepan decirnos nada”.Una indefensión para la que exigirán solución el 3 de enero, cuando protesten ante la consejería, que ayer les avisó de que dejarán de sumar tiempo de servicio hasta que sean llamados para cubrir una vacante.
Habla un director afectado
“Deberían haber esperado a final de curso”. Quien pronuncia esta frase es José Manuel Iglesias, director del IES Huerta del Rosario, en Chiclana (Cádiz), un instituto que ha perdido a uno de los profesores mejor valorados por la comunidad educativa, a raíz del mencionado fallo judicial.
El hecho de que el cese obligatorio se produzca a mitad de curso ha roto los esquemas de organización de un centro de enseñanzas medias situado en una zona deprimida de la localidad gaditana. El profesor del que han tenido que prescindir es Diego Ortiz, que lleva desempeñando su labor docente en dicho instituto desde hace cinco cursos.
“No es un interino más”, precisa el director del Huerta del Rosario, quien añade que Ortiz se ha integrado en el centro al ser partícipe de numerosos proyectos, de ahí que cuente con la estima de los compañeros, alumnos y familias, que han lamentado la decisión de los tribunales y de la Junta en una protesta organizada días antes de las vacaciones de Navidad.
“Aquí se trabaja con unos alumnos que tienen unas características muy especiales, por tal motivo se requiere de un perfil docente concreto, con el que Diego Ortiz encajaba muy bien”, explica Iglesias. El profesor que desde el pasado lunes se encuentra en paro tenía a su cargo a cinco grupos de 30 alumnos de la ESO. Además, formaba parte de un departamento, el de Geografía e Historia, que desarrolla numerosas iniciativas, de las que algunas era promotor.
La noticia de su marcha ha caído como “un jarro de agua fría” en el instituto, especialmente en los estudiantes, a los que Iglesias teme que les afecte “académica y emocionalmente”. Lamenta que la Junta no haya informado a los docentes del proceso judicial que existía, lo que ha provocado que les pillara “por sorpresa” y cuando la mayoría de ellos habían realizado sus planes conforme a la vacante lograda en verano.
Este centro aún está a la espera de que la consejería les comunique la persona que sustituirá a Ortiz en su puesto tras las vacaciones. Un profesor que tendrá que “partir de cero” en este instituto, donde la figura de Ortiz ha dejado huella.
Ya hubo un precedente en 2018 con docentes de Educación Física
La Consejería de Educación y Deporte, a preguntas de este periódico, ha confirmado la sentencia sobre el procedimiento que tuvo lugar en 2016. En este sentido, recuerda que ya en 2018 hubo otro fallo judicial similar que afectó a profesores de Educación Física, a raíz de de las denuncias presentadas por docentes que se estaban en la bolsa de empleo.
“La consejería, como no puede ser de otra manera, acata la sentencia”, refieren fuentes del departamento que dirige Javier Imbroda, que precisan que los profesionales afectados son 23, que cesarán (ya lo hicieron el pasado lunes) de sus puestos de trabajo y serán sustituidos por otros. “Se estudian alternativas para darles una solución”, añaden las citadas fuentes.
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