Los procesos de selección de personal, lo más denunciado ante la Oficina Andaluza Antifraude

El caso más mediático de cuantos ha tratado la Oficina Andaluza Antifraude ha sido la incompatibilidad del ex gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, para fichar por la aseguradora Asisa con la que había contratado unos meses antes por su cargo público en la administración sanitaria.

El revuelo que se montó fue tan grande que no sólo frenó esta puerta giratoria sino que ha obligado al Gobierno andaluz a modificar la Ley de Altos Cargos para poner negro sobre blanco las incompatibilidades de quien ha ostentado responsabilidades y que, por cierto, no estaban bien reguladas.

Pero la única sanción que ha impuesto esta Oficina Antifraude ha sido al Director General de Pesca de la Junta por incompatibilidad. 

Y aunque estos casos son los más conocidos, junto a la “conducta reprobable” del diputado andaluz del PP Erik Domínguez por filtrar un audio con una oferta pública de empleo, no son los más numerosos.

La mayoría de las denuncias que llegan hasta este organismo hacen referencia a los procesos de selección de personal, procesos selectivos que no respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad; decisiones influidas por razones familiares, afectivas, de afinidad política o de interés económico. Este tipo de denuncias suponen un 35% del total de las tramitadas.

El segundo lugar lo ocupan las licencias de urbanismo, autorizaciones, calificaciones irregulares de terrenos que suponen el 14% de las reclamaciones presentadas ante este organismo. Un diez por ciento de los asuntos tratados hacen referencia a irregularidades en la contratación pública. 

Según los datos estadísticos de este organismo, el 45% de las denuncias se presentan contra los ayuntamientos, mientras que la Junta de Andalucía copa un 30% de las mismas. Las universidades andaluzas, por su parte, suponen el 3% de las que se han presentado hasta la fecha. En este caso, suele ser por incompatibilidades del profesorado.

Las resoluciones de la Oficina provocaron la dimisión del director económico del Área de Gestión Sanitaria de Osuna el mismo día en el que se instaba al SAS a investigar las presuntas irregularidades en la gestión de contratos y la administración de retribuciones.

En 2022, la directora del Instituto de la Mujer cesó en su cargo por incompatibilidad con su condición de decana del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental tras haber sido denunciada ante la Oficina.

En otro ejemplo, se modificó la Ordenanza Fiscal reguladora del Derecho a examen del Ayuntamiento de Huelva para incluir exenciones o bonificaciones para los miembros de las familias numerosas, las personas con discapacidad o los demandantes de empleo, supuestos que no estaban incluidos en dicha ordenanza municipal.