Los procesos de selección de personal, lo más denunciado ante la Oficina Andaluza Antifraude
Las licencias de urbanismo y las autorizaciones ocupan el segundo lugar, con un 14% de las reclamaciones
Los ayuntamientos copan el 45% de las denuncias y la Junta, el 30% de ellas
El caso más mediático de cuantos ha tratado la Oficina Andaluza Antifraude ha sido la incompatibilidad del ex gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, para fichar por la aseguradora Asisa con la que había contratado unos meses antes por su cargo público en la administración sanitaria.
El revuelo que se montó fue tan grande que no sólo frenó esta puerta giratoria sino que ha obligado al Gobierno andaluz a modificar la Ley de Altos Cargos para poner negro sobre blanco las incompatibilidades de quien ha ostentado responsabilidades y que, por cierto, no estaban bien reguladas.
Pero la única sanción que ha impuesto esta Oficina Antifraude ha sido al Director General de Pesca de la Junta por incompatibilidad.
Y aunque estos casos son los más conocidos, junto a la “conducta reprobable” del diputado andaluz del PP Erik Domínguez por filtrar un audio con una oferta pública de empleo, no son los más numerosos.
La mayoría de las denuncias que llegan hasta este organismo hacen referencia a los procesos de selección de personal, procesos selectivos que no respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad; decisiones influidas por razones familiares, afectivas, de afinidad política o de interés económico. Este tipo de denuncias suponen un 35% del total de las tramitadas.
El segundo lugar lo ocupan las licencias de urbanismo, autorizaciones, calificaciones irregulares de terrenos que suponen el 14% de las reclamaciones presentadas ante este organismo. Un diez por ciento de los asuntos tratados hacen referencia a irregularidades en la contratación pública.
Según los datos estadísticos de este organismo, el 45% de las denuncias se presentan contra los ayuntamientos, mientras que la Junta de Andalucía copa un 30% de las mismas. Las universidades andaluzas, por su parte, suponen el 3% de las que se han presentado hasta la fecha. En este caso, suele ser por incompatibilidades del profesorado.
Las resoluciones de la Oficina provocaron la dimisión del director económico del Área de Gestión Sanitaria de Osuna el mismo día en el que se instaba al SAS a investigar las presuntas irregularidades en la gestión de contratos y la administración de retribuciones.
En 2022, la directora del Instituto de la Mujer cesó en su cargo por incompatibilidad con su condición de decana del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental tras haber sido denunciada ante la Oficina.
En otro ejemplo, se modificó la Ordenanza Fiscal reguladora del Derecho a examen del Ayuntamiento de Huelva para incluir exenciones o bonificaciones para los miembros de las familias numerosas, las personas con discapacidad o los demandantes de empleo, supuestos que no estaban incluidos en dicha ordenanza municipal.
Las claves de la Oficina Andaluza Antifraude
Cinco mil empresas
Según la legislación vigente, más de 5.000 empresas de más de 50 trabajadores de Andalucía deberían tener implantados sistemas de información sobre infracciones normativas y la lucha contra la corrupción. Pero, según los datos de la Oficina Andaluza Antifraude, sólo lo ha implantado el 20% de las mismas. Estas empresas deben tener, además, una persona responsable de dicho canal que debe estar registrado en la Oficina.
Encuesta al personal de la Junta
La Oficina está realizando un cuestionario dirigido a todo el personal empleado público andaluz para detectar sus principales inquietudes en materia de lucha contra la corrupción, así como su valoración de las medidas que se están implementando. Cuando se obtengan los resultados, de momento tienen 5.200 respuestas, recomendarán medidas para poner en práctica.
Estudio demoscópico
También han encargado a una empresa experta la realización de un estudio demoscópico para medir con rigor la percepción social del fraude en Andalucía. La muestra que están analizando es de 1.200 personas.Tienen previsto realizar cuatro oleadas en dos años para poder orientar mejor la acción preventiva de la Oficina. También se va a promover el cambio cultural en las organizaciones a través del conocimiento, la difusión y la incorporación voluntaria a sistemas de evaluación de prevención del fraude. El objetivo es que mientras más medidas de concienciación se puedan divulgar, menor será el impacto del fraude y la corrupción en las instituciones y corporaciones andaluzas.
Un equipo de 20 personas
La Oficina Andaluza Antifraude está compuesta por un equipo de 15 personas a la que en breve se van a sumar otras cinco tras el visto bueno del Parlamento para ello, ya que es quien autoriza y sufraga el gasto de este organismo. Por el momento hay ocho hombres y siete mujeres de todos los perfiles profesionales: economistas, un ingeniero en telecomunicaciones, letrados de la administración y personal experto en derecho administrativo. En el año 2021 empezó con tres personas, incluyendo a la actual directora.
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