Procesan al ex consejero de Empleo Manuel Recio por una subvención a Delphi de 20 millones de euros

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha procesado al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Manuel Recio y a otros dos investigados en una pieza separada de la causa de la formación por la contratación 'ficticia' de ex trabajadores de la fábrica de Delphi en Puerto Real (Cádiz). En un auto, al que ha tenido acceso Efe y del que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra Recio y los otros dos investigados.

La pieza separada del caso de los cursos de formación está centrada en la presunta ilicitud del otorgamiento, pago y justificación de la subvención excepcional por importe de 20,23 millones de euros concedida por la administración autonómica a la Fundación Universidad Empresa de Cádiz (Fueca).

Esta ayuda fue concedida mediante resolución del ex consejero investigado en mayo de 2011 para cursos de formación a extrabajadores de Delphi, aunque el objeto principal de la subvención sería en realidad "la ficticia contratación laboral de los alumnos, extrabajadores de Delphi".

En el auto notificado este martes a las partes, el magistrado toma esta decisión por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

El juez da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral y formulen escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Los tres investigados contra los que se continúa el procedimiento son el exconsejero de Empleo Manuel Recio, el representante legal de Fueca, Sebastián S.G., y el presidente del Patronato de dicha fundación y rector de la Universidad de Cádiz a la fecha de los hechos, Diego S.M., según expone en el auto el juez instructor.

También acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de otros cuatro encausados, entre ellos el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y Juan Manuel Bouza, ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz al considerar que "no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos investigados" en esta pieza separada.

'Contratación simulada'

En esta pieza separada se investigan los hechos vinculados con la "contratación simulada" de los antiguos trabajadores de Delphi mediante unos cursos de formación que requerían su contratación y alta en la Seguridad Social, sin que existiese una verdadera y real prestación de servicios en la entidad formadora subvencionada.

Dichos contratos sólo "habrían de tener como objeto ofrecer una apariencia de relación laboral" que justificase el correspondiente alta en la Seguridad Social y facilitar a los antiguos trabajadores de Delphi incluidos en el denominado 'Dispositivo de Tratamiento Singular' el periodo de carencia necesario para reunir los requisitos correspondientes como beneficiarios de prestaciones que, de otro modo, no les habrían correspondido.

También podría haberse producido el desvío de los fondos públicos objeto de la subvención a través de subcontrataciones no autorizadas y otras irregularidades, según el juez.

La resolución también indica que el "concierto delictivo" se habría configurado en torno a la simulación de contrataciones con los exempleados de la empresa Delphi, lo que incluye salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta de Andalucía a través de Fueca.

Esta fundación contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública; empleados que no harían un trabajo productivo por cuenta ajena.

Papel del ex consejero de Empleo

Respecto al papel del exconsejero de Empleo Manuel Recio, el juez manifiesta que habría emitido la correspondiente resolución de concesión de la subvención excepcional "sin estudios y análisis previos, sin ni siquiera comprobar la legalidad de su concesión, y sin una previa comprobación o análisis (...) del correcto destino de las subvenciones precedentemente concedidas".

A través del otorgamiento de esta subvención, los responsables de la Consejería de Empleo investigados habrían además posibilitado la contratación ficticia y fraudulenta de los trabajadores de Delphi, lo que comprometería fondos de forma ilícita mediante la simulación de unos supuestos contratos para obra o servicio determinado, que no tenían, de hecho, contenido efectivo.

"No obligaban a realizar otra actividad que no fuese la de recibir la formación, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la correspondiente entidad empleadora subvencionada", insiste el magistrado.