El juez procesa a otros seis ex altos cargos de la Junta en la segunda pieza de los ERE

Sevilla/El juez de refuerzo Álvaro Martín ha procesado por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos a otras 12 personas, entre ellas seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía en relación con las ayudas que recibió la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), en la segunda pieza de los ERE cuya instrucción ha finalizado.

Los seis ex altos cargos ahora procesados, que también lo están en la primera pieza -la del denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas-, son el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero,Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera, así como el ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El instructor también ha procesado a la presidenta de Acyco y el director de Recursos Humanos, Encarnación Poto Monge y Gabriel Barrero, y varios representantes de la consultora Vitalia, entre otros. En el auto, el juez ha acordado de otro lado el sobreseimiento provisional con respecto a otras seis personas, entre ellas los ex directores de Fianzas de IDEA Pablo Millán, Juan Vela y Juan Francisco Sánchez, quienes se "limitaron a ejecutar el pago acordado, sin que conste que supiesen de las irregularidades de la ayudas al amparo de las cuales se ordenaba el mismo", precisa el auto fechado este lunes 26 de septiembre.

En el auto, el juez recuerda que Aceitunas y Conservas contaba en el año 2003 con 161 trabajadores e inició en marzo de ese año un ERE ante la delegación de Empleo para la extinción de 35 puestos de trabajo por circunstancias productivas y de organización, optando por la fórmula de las prejubilaciones y creando los trabajadores una asociación denominada "3 de julio" para formar parte de la póliza que se suscribió posteriormente y en la que intervino la entidad Vitalia.

El entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, suscribieron el 26 de julio de 2003 un protocolo de colaboración que, según precisa el juez, "no estuvo precedida de la tramitación del expediente administrativo de solicitud y concesión de ayuda con sujeción a los requisitos y controles pertinentes" y, entre otras irregularidades, detalla que “no hubo solicitud formal ni resolución de concesión, o informe previo del gabinete jurídico, ni se hizo desde la dirección general de Trabajo ningún tipo de seguimiento del cumplimiento de los fines de la ayuda". En el protocolo aparecía un listado de 36 ex trabajadores de Acyco, en el cual "aparecía por primera vez los nombres de los intrusos –que nunca habían trabajado en Acyco- inmersos en este expediente: Domingo Martínez Castillo y Andrés Carrasco Muñoz", este último un amigo de la infancia de Javier Guerrero al que pidió que le buscase trabajo, y a los que se pagarían 104.885,01 y 113.480,72 euros.

El importe total del gasto de la póliza realizado por Vitalia ascendió a 2.951.413,84 euros, pero el 5 de agosto de 2003 se firmó un anexo al protocolo que elevaba las primas de siete beneficiarios y se añadía a otra persona, en este caso a la propia Encarnación Poto –que percibió 276.505,92 euros-, por lo que al final fueron 37 los “supuestos ex trabajadores que formarían parte de esta póliza”, elevándose la cuantía de las prejubilaciones hasta los 3.270.309,18 euros.

El auto también señala que en el año 2010 se concedió a Acyco una ayuda excepcional de 109.620 euros para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo "pese a que en tales fechas la empresa no alcanzaba ese número de trabajadores, llegando tan sólo a 107 empleado". El objeto "real" de esa ayuda, prosigue el juez, era "atender los costes asociados al proceso de regulación de empleo de la empresa Acyco, y a los gastos derivados de éste, entre los que se incluía su asesoramiento técnico", en alusión al pago de abogados.

El juez reprocha al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que, en su condición de viceconsejero, "conoció y autorizó" la firma del protocolo con Acyco "sin que mediara solicitud de ayuda por parte de la empresa y con total ausencia del procedimiento legalmente establecido" por el cual la Junta de Andalucía "asumía, sin causa legal, el pago íntegro de las prejubilaciones de los trabajadores".

En cuanto a la participación de Fernández, el instructor considera “esclarecedora” la declaración de Javier Guerrero, quien señaló que el entonces viceconsejero “conocía de la presencia de los intrusos en el ERE, así como su conocimiento de que la adenda tenía por objeto el reintegro realizado por algunos socios de Acyco para aperturar la póliza”.

El juez considera que los hechos relatados en la resolución pueden ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación de caudales públicos, y sobre el primero destaca que en este caso se "aprecia una pluralidad de autoridades o funcionarios que han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos".

A este respecto aña que estas autoridades y funcionarios públicos, "mediante un concierto expreso o tácito, han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones, sin que se les pueda dar una explicación mínimamente razonable, sino es la de pretender eludir dichos procedimientos". El juez aprecia la continuidad delictiva porque "esta conducta se prolongó en el tiempo entre los años 2003 y 2010".

En cuanto al delito continuado de malversación de caudales públicos, el instructor reitera que se prolongó en el mismo periodo de tiempo y aprecia igualmente “una pluralidad de autoridades o funcionarios que han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos”, concluye el auto.

El instructor da por cerrada la investigación de las ayudas de Acyco y concede ahora un plazo de 15 días a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que presenten sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, precisa Álvaro Martín.