La juez envía a prisión a un presunto testaferro de las "empresas pantalla" de los ERE

Sevilla/La juez Ana Rosa Curra, que refuerza a la juez Mercedes Alaya, ha decidido enviar esta tarde a prisión provisional, comunicada y sin fianza a Juan Francisco Algarín, un presunto testaferro de las denominadas “empresas pantalla” que se habrían utilizado para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las “sobrecomisiones” aplicadas a las pólizas de las prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta. El detenido está imputado por cinco delitos –malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita- y ha sido enviado a prisión después de prestar declaración en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y una vez que solicitara su encarcelamiento la Fiscalía Anticorrupción.

En sus declaraciones, Juan Francisco Algarín habría reconocido, según informa la cadena Ser, que llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y desde distintos bares próximos a la Consejería de Empleo de Sevilla hasta una cafetería situada en los bajos de la Delegación de Empleo en la capital. También habría asegurado que, a veces, en lugar de sobres llevó fundas de ordenadores portátiles repletas de billetes de 200 y 500 euros. La recogida de esos sobre se habría realizado, según el imputado, siguiendo las órdenes del supuesto “conseguidor” de los ERE y también imputado en la causa Juan Lanzas.

Juan Francisco Algarín figura como administrador de la empresa Distripack Transporte Urgente, que habría recibido cheques por importe supuestamente de 362.500 euros.

El abogado Ramón Echavarri, que ha representado a Algarín en su declaración, ha asegurado a los periodistas que su cliente se ha mostrado “muy colaborador con la Justicia”, aunque no ha querido aportar ningún detalle de la declaración al hallarse la causa bajo secreto de sumario. En cualquier caso, el letrado ha señalado que, en su opinión, la juez le ha enviado a prisión precisamente porque “la causa está declarada secreta, ese es el principal objetivo de la decisión: salvaguardar el secreto de sumario”.

El presunto testaferro, de 48 años y que estaba actualmente en un centro de acogida en fase de rehabilitación, fue detenido este lunes y puesto a disposición del juzgado de Guardia, donde prestó declaración durante una media hora. El juez de Guardia prorrogó su detención hasta que en la mañana de este martes ha vuelto a declarar ante la juez de refuerzo del juzgado que lleva el caso de los ERE. Su declaración previa ante al Guardia Civil se prolongó durante unas cinco horas, según han dicho fuentes del caso.

La Guardia Civil, en un informe realizado en octubre pasado, antes de que se declarara el secreto de sumario, detectó la presencia de al menos tres empresas dedicadas a servicios de mensajería –Atrado mensajería, Estudios Agenciales y Distripack Transporte Urgente- que podrían haber sido utilizadas como empresas pantalla.

El informe situaba al supuesto conseguidor de los ERE Juan Lanzas como el ideólogo de este sistema, ya que señalaba que la operativa “podría estar encaminada a la intención por parte de Juan Lanzas, Estudio Jurídico Villasís y el holding Vitalia” de utilizar estas sociedades como empresas pantalla, si bien la UCO señalaba que aún no se había acreditado –a la fecha del informe- si esa utilización se produjo “con o sin consentimiento” por parte de esas sociedades.

La Guardia Civil sospechaba que con esta “maniobra” podrían haber introducido en el circuito financiero y con “apariencia de legalidad” el dinero procedente de las sobrecomisiones de las pólizas financiadas por la Junta.

El documento recogía un listado de movimientos bancarios y cheques por importe de más de 1,5 millones que habría recibido Eduardo Leal del Real, que figura como administrador único de las empresas Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, y otros 362.500 euros en el caso de Distripack Transporte Urgente, sociedad en la que Eduardo Leal figura como administrador solidario junto a Juan Francisco Algarín.

El estudio de la Guardia Civil espera aclarar “los verdaderos beneficiarios de las ayudas concedidas y los mecanismos utilizados para su adjudicación”, dado que de ese estudio se deduce que dichas ayudas “habrían sido concedidas con ausencia del procedimiento administrativo previsto y aplicable”.