Los ex presidentes de Invercaria causaron "menoscabo" con los salarios

Los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz causaron presuntamente un "menoscabo de fondos públicos" al haber autorizado "retribuciones superiores a las establecidas en las leyes de Presupuesto" para un grupo de trabajadores de la sociedad de capital riesgo andaluza. Ésta es la principal conclusión a la que llega un informe pericial presentado en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en una pieza separada relativa a personal de Invercaria.

El informe, que tiene fecha del 3 de abril, ha sido elaborado por los interventores de la Junta de Andalucía María Luisa Raya y Domingo Pérez, a los que el juzgado encargó un estudio sobre las contrataciones de determinado personal de Invercaria y de las retribuciones de esta entidad desde su constitución hasta el ejercicio 2011.

Los interventores analizan en primer lugar la contratación por parte de Invercaria de cinco personas, entre ellas Juan María González -sobrino de Felipe González-, en el Observatorio para la Innovación y Participación, un órgano "consultivo y asesor" dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y concluyen la "absoluta falta de competencia" de la sociedad mercantil Invercaria para contratar personal y abonar las correspondientes retribuciones de trabajadores que "vayan a prestar sus servicios en o para el Observatorio para la Innovación y Participación" pues se trata de un órgano que se adscribe orgánica y funcionalmente a la secretaría general de Innovación, que sería la "unidad competente para ejercer estas funciones".

Esta actuación por parte de Invercaria, prosiguen los peritos, supone una "vulneración del principio de especialidad cualitativa de los créditos presupuestarios", recogido en la ley general presupuestaria, ya que los gastos de personal del Observatorio "debieron ser sufragados por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa como órgano del que depende esta unidad y en la que fueron consignadas las correspondientes partidas presupuestarias para este fin".

El informe analiza las 36 contrataciones que Invercaria realizó entre los años 2005 y 2011, entre las que destacan las de los ex presidentes Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, con unos salarios brutos anuales de 108.182 y 105.000 euros, respectivamente, las de Juan María González (con unas retribuciones brutas anuales de 60.100 euros inicialmente y luego de 81.000 euros brutos anuales), y las del denunciante del caso, Cristóbal Cantos (52.000 euros y luego 70.002,60).

Tras analizar los salarios abonados por Invercaria a estos trabajadores, los interventores concluyen que las retribuciones establecidas por esta sociedad en sus respectivos contratos de trabajo, así como las adendas novatorias de los mismos, "no han sido autorizadas en los términos dispuestos por las distintas leyes del presupuesto de la comunidad autónoma. Tampoco las retribuciones autorizadas por el presidente de Invercaria para los trabajadores con posterioridad a la firma de los contratos".

En general, prosiguen los interventores, "no se han respetado los límites de los incrementos retributivos establecidos por las leyes del presupuesto de la comunidad autónoma para cada uno de los ejercicios analizados": 2% en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; 0,3% en 2010 y 0% en 2011.

Por ello, concluye que tanto el presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo como Laura Gómiz, consejera delegada, han autorizado retribuciones que "superan los límites establecidos en las leyes de Presupuestos", por lo que "el haber autorizado retribuciones superiores a las establecidas en las leyes de Presupuesto, podría suponer un menoscabo de fondos públicos", sentencia.

Además, señala que al no estar los trabajadores de Invercaria acogidos "formalmente" al convenio colectivo de la agencia Idea, "no se consideran aplicables a éstos los complementos previstos en dicho convenio", como por ejemplo en Invercaria no se dispone de "fondo de acción social ni fondo de productividad, salvo en los casos que lo tienen recogido por contrato".

Por último, los peritos ponen de manifiesto que algunos trabajadores cobraron 400 euros en concepto de "ayuda para el seguro del coche" y que "no está prevista en los contratos de los trabajadores", pero que Invercaria aplicó basándose en el artículo 38.2 del convenio colectivo de la agencia Idea.

Dicen los peritos que esta ayuda para el seguro la percibieron entre 2008 y 2011 un total de 11 empleados, entre los que destacan Laura Gómiz y Cristóbal Cantos, quienes la cobraron en junio de 2009, aunque hay una empleada que la cobró 5 ejercicios, entre 2007 y 2011.