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Los ex presidentes de Invercaria causaron "menoscabo" con los salarios

Un informe pericial entregado en el juzgado concluye que Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz autorizaron "retribuciones superiores" a las establecidas en las leyes de Presupuesto

Tomás Pérez-Sauquillo. / D. S.
Jorge Muñoz

10 de abril 2017 - 02:35

Los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz causaron presuntamente un "menoscabo de fondos públicos" al haber autorizado "retribuciones superiores a las establecidas en las leyes de Presupuesto" para un grupo de trabajadores de la sociedad de capital riesgo andaluza. Ésta es la principal conclusión a la que llega un informe pericial presentado en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en una pieza separada relativa a personal de Invercaria.

El informe, que tiene fecha del 3 de abril, ha sido elaborado por los interventores de la Junta de Andalucía María Luisa Raya y Domingo Pérez, a los que el juzgado encargó un estudio sobre las contrataciones de determinado personal de Invercaria y de las retribuciones de esta entidad desde su constitución hasta el ejercicio 2011.

Los interventores analizan en primer lugar la contratación por parte de Invercaria de cinco personas, entre ellas Juan María González -sobrino de Felipe González-, en el Observatorio para la Innovación y Participación, un órgano "consultivo y asesor" dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y concluyen la "absoluta falta de competencia" de la sociedad mercantil Invercaria para contratar personal y abonar las correspondientes retribuciones de trabajadores que "vayan a prestar sus servicios en o para el Observatorio para la Innovación y Participación" pues se trata de un órgano que se adscribe orgánica y funcionalmente a la secretaría general de Innovación, que sería la "unidad competente para ejercer estas funciones".

Esta actuación por parte de Invercaria, prosiguen los peritos, supone una "vulneración del principio de especialidad cualitativa de los créditos presupuestarios", recogido en la ley general presupuestaria, ya que los gastos de personal del Observatorio "debieron ser sufragados por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa como órgano del que depende esta unidad y en la que fueron consignadas las correspondientes partidas presupuestarias para este fin".

El informe analiza las 36 contrataciones que Invercaria realizó entre los años 2005 y 2011, entre las que destacan las de los ex presidentes Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, con unos salarios brutos anuales de 108.182 y 105.000 euros, respectivamente, las de Juan María González (con unas retribuciones brutas anuales de 60.100 euros inicialmente y luego de 81.000 euros brutos anuales), y las del denunciante del caso, Cristóbal Cantos (52.000 euros y luego 70.002,60).

Tras analizar los salarios abonados por Invercaria a estos trabajadores, los interventores concluyen que las retribuciones establecidas por esta sociedad en sus respectivos contratos de trabajo, así como las adendas novatorias de los mismos, "no han sido autorizadas en los términos dispuestos por las distintas leyes del presupuesto de la comunidad autónoma. Tampoco las retribuciones autorizadas por el presidente de Invercaria para los trabajadores con posterioridad a la firma de los contratos".

En general, prosiguen los interventores, "no se han respetado los límites de los incrementos retributivos establecidos por las leyes del presupuesto de la comunidad autónoma para cada uno de los ejercicios analizados": 2% en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; 0,3% en 2010 y 0% en 2011.

Por ello, concluye que tanto el presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo como Laura Gómiz, consejera delegada, han autorizado retribuciones que "superan los límites establecidos en las leyes de Presupuestos", por lo que "el haber autorizado retribuciones superiores a las establecidas en las leyes de Presupuesto, podría suponer un menoscabo de fondos públicos", sentencia.

Además, señala que al no estar los trabajadores de Invercaria acogidos "formalmente" al convenio colectivo de la agencia Idea, "no se consideran aplicables a éstos los complementos previstos en dicho convenio", como por ejemplo en Invercaria no se dispone de "fondo de acción social ni fondo de productividad, salvo en los casos que lo tienen recogido por contrato".

Por último, los peritos ponen de manifiesto que algunos trabajadores cobraron 400 euros en concepto de "ayuda para el seguro del coche" y que "no está prevista en los contratos de los trabajadores", pero que Invercaria aplicó basándose en el artículo 38.2 del convenio colectivo de la agencia Idea.

Dicen los peritos que esta ayuda para el seguro la percibieron entre 2008 y 2011 un total de 11 empleados, entre los que destacan Laura Gómiz y Cristóbal Cantos, quienes la cobraron en junio de 2009, aunque hay una empleada que la cobró 5 ejercicios, entre 2007 y 2011.

La sociedad hizo pagos "improcedentes"

Con anterioridad a este estudio, el juzgado recibió en noviembre de 2015 otro informe pericial realizado por dos inspectores de Trabajo (Carlos Domínguez y Enrique Casanova), quienes analizaron la prestación de servicios fuera del centro de trabajo, así como la documentación relativa al pago de indemnizaciones y finiquitos por extinción de la relación laboral y sobre la procedencia o no de las cantidades abonadas o compensadas. Según este otro informe, Invercaria pagó salarios de forma "improcedente" a personas que jamás trabajaron para ella, constatando asimismo un "exceso" de retribuciones en otros casos. En cuanto a los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo y Laura Gómiz, señalan que tuvieron una relación mercantil y no laboral con Invercaria porque ostentaron el cargo de presidente y consejero de la entidad al mismo tiempo, por lo que tanto las cotizaciones a la Seguridad Social como las indemnizaciones por despido serían "improcedentes". Sobre Juan María González, los peritos dicen que "no han podido comprobar el desempeño material de las funciones de dirección, gerencia y administración" en la sociedad, aludiendo a su alta "indebida" en la Seguridad Social por cuenta de Invercaria entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre de 2007, lo que provocó "cotizaciones improcedentes por importe de 28.299,37 euros". Y de Cristóbal Cantos, destacan que existe un "abono por Invercaria de un exceso de retribuciones según los recibos de salarios de 54.440,78 euros durante los años 2005 a 2008 correspondientes a su primera relación laboral (de 1 de noviembre de 2005 a 30 de junio de 2008) y un exceso de retribuciones de 47.447,25 euros según las declaraciones de los años 2005, 2007 y 2008". Además se produjo la "condonación de 17.962,53 euros del préstamo personal concedido por Invercaria a la fecha de extinción de la relación laboral" el 30 de junio de 2008, y también hubo un "exceso de retribuciones (por encima de las contratadas) según los recibos de salarios de 4.321,45 euros durante los años 2009 a 2011 correspondientes a su segunda relación laboral (de 2 de enero de 2009 a 22 de junio de 2011)".

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