La polémica de los interinos: "Ni flojos ni afiliados al PSOE"
Oferta de empleo público
Los interinos consideran "un fraude de ley" abusar de la temporalidad y defienden sus años de experiencia
Europa rechaza que los contratos temporales de los interinos se conviertan en fijo automáticamente
La Junta asegura que el concurso de méritos en un sistema "excepcional"
Europa se ha pronunciado este jueves sobre los miles de interinos en situación de precariedad del sistema público. En opinión de la abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), un trabajador público puede encadenar contratos temporales sin que eso suponga que tiene que ser convertido en fijo y, por tanto, en funcionario.
Aunque esta conclusión no es vinculante de cara a la futura sentencia del tribunal de Luxemburgo, supone el primer revés que sufren los miles de interinos andaluces que reivindican ser funcionarios tras años encadenando contratos temporales en la administración pública a través de un plan de integración y una Oferta Pública de Empleo (OPE) mediante concurso de méritos y consolidar así el puesto que llevan años ocupando.
"Tenemos que leernos bien y profundizar en este informe, pero, en el fondo, nos esperábamos que la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se mostrase en contra del acceso directo a un puesto fijo", comenta Rocío Luna, representante de la Iniciativa Sindical Andaluza (ISA). "No obstante, esto sólo es una opinión, hay que esperar a la sentencia".
Para la ISA, que representa a los trabajadores de la Administración General, es "un fraude de ley abusar de la temporalidad". "No se le puede consentir a la administración pública cosas que a la privada no. Hay personas que llevan más de 30 años trabajando en el sector público en precario", continúa Rocío Luna. "Nosotros no defendemos que a una persona se le haga fijo de oficio, pero sí a través de un concurso de mérito, un sistema totalmente legítimo. Estas personas ya han demostrado durante años su capacidad".
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite en el Parlamento en septiembre y promovida por los propios interinos para estabilizar las plazas de casi 30.000 funcionarios interinos de la Administración General, Justicia, Educación y Sanidad a través de un concurso de méritos ha suscitado una gran polémica.
"Los funcionarios interinos no tenemos derecho a participar en concursos de traslados, ni siquiera para solicitar los puestos que terminan siempre quedando vacantes. No tenemos derecho a ser reubicados cuando un funcionario de carrera solicita nuestro puesto a diferencia del personal laboral indefinido no fijo, que sí son reubicados. Por el contrario, vamos directamente al desempleo y sin derecho a indemnización por despido", defendió en septiembre durante su intervención en el Parlamento David Núñez, portavoz de la comisión promotora de la ILP. Tampoco pueden los interinos, según Núñez, permutar su puesto con otro compañero para poder vivir más cerca de sus familias, a diferencia del personal laboral o del externo.
Opositores y funcionarios, a través del Sindicato Andaluz de Funcionarios, por el contrario, consideran esta ILP "totalmente injusta e inmoral" y advierten de que "serían muchos y gravísimos los perjuicios y perjudicados en caso de aprobarse".
Muchas de estas personas son falsos interinos que llevan trabajando cerca de 30 años en la Administración y que nunca se han presentado a unas oposiciones, a pesar de haber tenido oportunidades para hacerlo, porque gracias a sus años de experiencia, siempre conservaban su plaza", comentaba hace unos días a este periódico Lucía Mosquera, funcionaria interina de la Administración de Justicia, que lleva estudiando oposiciones desde febrero de 2014. "Muchos de los que se van a beneficiar de esta iniciativa son afiliados del PSOE que nunca han cogido un libro y cuya experiencia deja mucho que desear. Sin embargo, hay personas como yo que nos hemos sacrificado y llevamos años estudiando para nada, porque ellos siempre estarán por delante de nosotros".
Carmen, interina en la Administración General -y que prefiere no dar su nombre completo- se muestra totalmente contraria a Lucía Mosquera. "Me cabrea cuando generalizan y me tachan de floja o de afiliada al PSOE. Desde 2001, me he presentado a un total 7 oposiciones y siempre he aprobado, pero sin plaza, porque ofertan muy pocas. En más de una ocasión me he quedado a las puertas por un sólo punto. En 2016, fui la número 6, pero sólo ofertaron 5 plazas", comenta esta mujer de 46 años y arquitecta de profesión. "A pesar de todo me siento privilegiada porque llevo 12 años trabajando aunque sin plaza fija".
Esta interina asegura que su sacrificio es igual al de cualquier otro opositor. "Yo también me quedo sin fines de semana y sin vacaciones por estudiar, y todos los sábados voy a una academia. Además, tengo dos hijas pequeñas y 46 años, una edad muy complicada para acceder a un puesto de trabajo fijo en el sector privado", continua Carmen. "Los que están en contra de esta ILP generalizan muy alegremente diciendo que somos unos flojos o que no queremos presentarnos a las oposiciones, y no es así. El problema es que las convocatorias no son frecuentes y, cuando las hay, ofertan muy pocas plazas".
La ILP también persigue evitar una posible avalancha de demandas de interinos que reclamen el carácter indefinido de sus contratos e indemnizaciones por despido. "Si no hay una solución pronto, todo se va a judicializar, con el consiguiente desagravio para los contribuyentes", explica Rocío Luna, de la ISA. "Hay interinos con 20 ó 30 años de experiencia que accedieron a sus puestos a través de un proceso de selección válido, diferente al actual, pero válido", prosigue Luna. "Cuando vamos al médico queremos que nos atienda el profesional con más experiencia, no el que ha sacado la nota más alta. ¿Por qué no pasa igual en la administración general, por qué se desprecia al interino por sus años de experiencia, por sus méritos?".
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