La población andaluza envejece pero las plazas en las residencias disminuyen

La población envejece en esta parte del planeta. Cada vez hay menos niños y las personas de la tercera edad no cesan de crecer. Las consecuencias de esta inversión de la pirámide demográfica se dejan sentir con un particular protagonismo en la sanidad y en la dependencia, de cuyos servicios se ocupan en una importante proporción las administraciones públicas. No son pocos sin embargo los signos que avisan de las dificultades del sistema público para asumir unas tareas que le asignan la Constitución y las leyes. Pese a ser dos pilares fundamentales del sistema del bienestar, la gestión de la sanidad y la dependencia se han convertido en un lunar para la administración andaluza. Son las listas de espera, que resultan desesperantes para una gran parte de la población, pero no sólo es eso. En Andalucía faltan 35.857 plazas residenciales para alcanzar la ratio recomendada.

Las personas dependientes son aquellas que, por el padecimiento de una enfermedad o una discapacidad, mayormente a causa de la edad, necesitan de la atención de otra persona para realizar las tareas cotidianas, el cuidado personal, las tareas domésticas y moverse. Desde 2005, la administración pública atiende la dependencia mediante la oferta de plazas en residencias financiadas por los presupuestos. Pese a ello, y pese a que la población con más de 65 años ha aumentado desde la pandemia, los andaluces disponen de menos plazas. Desde 2020 a 2024, la franja etaria con más de 65 años ha aumentado un 8%; sin embargo, en ese mismo periodo, las residencias ofrecen un 5% menos de plazas (de 44.944 a 42.545). Las cuentas, publicadas este martes por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, no salen.

El informe de la asociación, que analiza la demanda de personas en Dependencia Severa y Grandes Dependientes de España, señala que la prestación del servicio resulta incoherente con la evolución de una población progresivamente envejecida. En Andalucía, el déficit es de 35.807 plazas para llegar a la ratio de 5 por cada cien personas con más de 65 años. Esa cifra supone el 40% del total del déficit en España. Las deficiencias de Valencia y Andalucía juntas suman un 68% del global, es decir, más de los dos tercios del país. Son con diferencia las comunidades autónomas más deficitarias en valores absolutos.

Las mujeres salen perjudicadas

El coordinador del estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, Gustavo García, teme que esta realidad afecta finalmente a las familias, principalmente a aquellas que no pueden permitirse contar con un servicio privado. García, que califica los datos residenciales en el país de "pobres" y anticipa que "el coste recaiga sobre las personas o sus familiares y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de las mujeres, que son quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados", ha recogido en una nota Efe.

El esfuerzo del sistema público por atender esta demanda no está cumpliendo con las necesidades reales de la sociedad. Un dato del informe lo muestra con claridad. La proporción de plazas residenciales financiadas por la Junta de Andalucía para las personas con más 65 años se han reducido un 8,6% desde 2020 después de acusar una extraordinaria bajada el último año.