Los peritos ratifican que hubo comisiones del 550% en los ERE

La juez María Núñez Bolaños. / EP

sevilla/Dos peritos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ratificaron este jueves en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las sobrecomisiones que se pagaron en torno a las pólizas con las que la Junta de Andalucía pagaba las ayudas de los ERE, su informe pericial en el que aseguran que en alguna de las pólizas la comisión que se cobró era un "550% más elevada" que las demás. Los dos peritos, que estuvieron ratificando su dictamen durante varias horas en el juzgado que dirige la magistrada María Núñez Bolaños, destacaron, no obstante, que "no existe base jurídica para decir que un tanto por ciento determinado de comisión incumple la ley, porque el mercado es libre", según indicaron fuentes del caso.

Las mismas fuentes explicaron que en las pólizas que financia la Administración Pública a nivel nacional se paga "un 80% más que en una misma póliza, pero pagada por empresas privadas". Las partes que acudieron a la declaración de los dos peritos anunciaron que solicitaran que se complemente este informe de la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones para que se determine la "comisión media", pero ajustándose a la casuística concreta que se está analizando en la causa de las "sobrecomisiones" de los ERE.

En el informe, los peritos llegan a la conclusión de que "el importe o porcentaje de comisiones no está tasado por ley", porque se trata de un "mercado libre y es el propio mercado el que fija los precios". El dictamen recoge algunas de las comisiones percibidas y así señala, por ejemplo, que la correduría Aon Gil y Carvajal en la intermediación de pólizas colectivas de prejubilación de "empresas privadas no superó en ningún ejercicio el 1,97%, siendo la media total del 1,66%".

Por su parte, Mercer Consulting cobró una comisión media por la intermediación en pólizas financiadas por la Administración Pública del 3% y por la intermediación en pólizas no financiadas por la Administración, entre el 1 y el 4%. Y Willis Iberia cobró por pólizas financiadas una comisión media del 0,87%, no superando en ningún ejercicio el 2%.

Y añade que, en conjunto, el porcentaje de comisiones más elevadas cobradas por los dos corredores que cobraron la intermediación de pólizas financiadas por las Administraciones Públicas -Mercer Consulting y Willis Iberia-, fue del 2% -Willis Iberia en 2002 y 2010- y del 3% -Mercer Consulting en 2009-.

Esto supone, continúa el informe de los peritos, que el importe de las sobrecomisiones pagadas por la intermediación de pólizas financiadas por la Junta de Andalucía era un "80% más elevado que las comisiones por pólizas no financiadas".

El informe añade que la mediadora Rokiblau cobró una comisión media por pólizas financiadas del 13%, mientras que la comisión media de las pólizas no financiadas descendía al 2%, "lo que supone que Rokiblau cobraba comisiones por las pólizas financiadas un 550% más elevadas que las demás". En el caso de las comisiones pagadas a Irson e Ingotor alcanzaban el 11% cuando se trataba de pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, "bajando el porcentaje de comisiones al 5,21% y 6,3% cuando las pólizas no estaban financiadas", por lo que los peritos concluyen que "la intermediación en pólizas financiadas era un 90% más cada que las no financiadas".

El informe ratificado este jueves es el tercero que realiza la dirección general de Seguros. En un dictamen anterior, realizado en 2014, los peritos cifraron en 66.155.573,51 euros las sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media de mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE que fueron financiadas por la Junta de Andalucía.

El informe, segundo que emite la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones dependiente del Ministerio de Economía, destaca que en la mayor parte de las pólizas la comisión percibida por los mediadores en el periodo investigado (2000-2011) ha sido "significativamente superior" a la media del mercado, que se situaba en el 2%, mientras que en las ayudas investigadas se alcanzó en algunos casos incluso el 12%.

De esos 66,1 millones, la mayor parte, 36.228.300,1 euros fueron percibidos por las entidades vinculadas a Vitalia, (Vitalia, Holding Europeo Tindex, Irson, Resturine, Morgan & Meyer, Rokiblau y Dreamhouses Invest).

Bolaños no se ve vinculada por el tribunal de los ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, ha dictado un nuevo auto en el que confirma que sus decisiones no pueden estar vinculadas por lo que decida el tribunal que está enjuiciando la pieza separada del "procedimiento específico" de los ERE, sino por el criterio establecidos por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que ha fijado que sólo haya un único juicio para los ex altos cargos procesados en el juicio que se celebra actualmente y que, por tanto, han de ser excluidos de las más de 200 piezas que actualmente siguen en la fase de instrucción. En un nuevo auto -ya son al menos tres las resoluciones en las que expone este criterio-, la magistrada rechaza la petición de la acusación particular que ejerce la Junta para volver a imputar al ex consejero y al ex viceconsejero de Empleo Antonio Fernández y Agustín Barberá, respectivamente, en la pieza separada de la macrocausa en la que se investigan las ayudas concedidas a la empresa Bética Industrial. La juez señala en este auto que la Junta sólo expone una nueva cuestión en su recurso, en alusión al auto dictado el 9 de febrero pasado por la Sección Primera de la Audiencia, que está enjuiciando el juicio del "procedimiento específico" de los ERE, pero frente a este argumento de la acusación particular, la instructora invoca "el contenido y dicción de la providencia dictada por la Sección Séptima, única que nos vincula en esta causa", el pasado 20 de marzo en la pieza de las ayudas a Calderinox. Bolaños recuerda que en esa providencia, la Sección Séptima sostiene que "no existe la modificación o reinterpretación del objeto del proceso de aquella otra causa que pretende la Junta", porque "sólo un mal entendimiento del Derecho Procesal Penal, cuando no una autojustificadora interpretación de los propios comportamientos procesales, puede llevar a hacer tal afirmación". Sobre el hecho de que la Junta pidiera el archivo en la causa en la que están imputados 22 ex altos cargos -entre ellos, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, el tribunal dice que "en nuestras precedentes resoluciones recalcábamos su actuación procesalmente contradictoria al apoyar que se dirija el procedimiento contra el apelante en pieza separada pese a solicitar en el llamado procedimiento específico el sobreseimiento respecto de todos los acusados, entre ellos el mismo señor Fernández". Por todo ello, Bolaños concluye: "Nos limitamos, pues, a seguir los criterios fijados por la ilustrísima Audiencia Provincial, Sección Séptima".