Los peritos avalan la "legalidad" del pago de los ERE desde 2012

Los cuatro peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han realizado el informe sobre el caso de los ERE fraudulentos han avalado la "legalidad" del pago de las prejubilaciones desde el decreto de regularización de la Junta del año 2012. Los peritos concluyeron la ratificación de su informe el pasado martes, después de nueve sesiones, y una de las últimas preguntas que se les planteó era precisamente si debería solicitarse a los trabajadores beneficiarios del cobro de ayudas otorgadas de los ERE la "devolución" de las cantidades debido a las irregularidades detectadas en la concesión.

En su respuesta, los expertos de la IGAE sostuvieron que, con independencia de lo que puedan determinar las autoridades judiciales o administrativas (en relación a los casos que se investigan en la vía contenciosa o penal) o las revisiones de oficio que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, el decreto ley 4/2012 hizo una "novación de las pólizas, estableciendo las condiciones en las que dicha novación se efectuaría, quienes podían acogerse y dentro de qué limites podían acogerse".

Esto representa, según los autores del informe pericial, la "extinción de todas las obligaciones derivadas de los actos anteriores a ese decreto ley, y la asunción por la Junta de unas nuevas obligaciones que en ese momento surgían como consecuencia de la aplicación de esta norma".

De esta forma, los peritos concluyen con un mensaje tranquilizador para los trabajadores que actualmente continúen percibiendo las ayudas, por cuanto los responsables de la IGAE subrayan que "todos los trabajadores que hayan quedado dentro del ámbito de aplicación del decreto ley, después de la revisión que por la Junta se ha hecho de las situaciones individuales, tienen jurídicamente derecho a la percepción de las rentas que les correspondan en los términos que haya previsto ese decreto ley".

De otro lado, insistieron en sus consideraciones finales en que el Parlamento no podía conocer las irregularidades puesto que el proyecto de ley de Presupuestos remitido a esta Cámara contenía un "falseamiento" en el proyecto de presupuesto del IFA/IDEA al "incluir gastos que nunca se iban a producir, ya que simplemente serían pagos por cuenta de un tercero, la Consejería de Empleo".

La contundente conclusión a la que llegan es la siguiente: "lo que se hizo de manera ilegal en materia presupuestaria sigue siendo ilegal y no va a cambiar se contabilice como se contabilice".