Los 'pelotazos' urbanísticos pasan de puntillas por el caso Malaya

La esencia del urbanismo que llevó el gilismo a Marbella ha salido prácticamente impune del caso Malaya. El tribunal no ha apreciado los delitos de prevaricación, fraude y malversación que las acusaciones atribuían a políticos y promotores involucrados en una veintena de convenios urbanísticos que permitieron multiplicar hasta por 10 el número de viviendas, realizar permutas por algunos de los mejores suelos propiedad del Ayuntamiento y obtener plusvalías que llegaron a alcanzar hasta los seis millones de euros en una única operación. La lectura de la sentencia sugiere que la Marbella del pelotazo se ha librado del peso de Malaya, con la única excepción de dos convenios: Guadaiza y Vente Vacío.

Aunque Malaya ni es el procedimiento en el que se juzga la malversación de fondos en el Ayuntamiento de Marbella (casos Saqueo I y Saqueo II), ni es la causa en la que se dirimen los delitos urbanísticos de la época, las acusaciones, fundamentalmente las ejercidas por el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, habían presentado cargos relacionados con 11 operaciones. El argumento jurídico de base en todos los casos es que el tribunal no encuentra acreditado que existiera concierto o artificio entre los implicados para defraudar al Ayuntamiento. Tampoco acepta la malversación porque considera que este delito únicamente se refiere a bienes muebles. En ningún caso a edificios. Tampoco cree que puedan ser objeto de malversación los acuerdos leoninos sobre los aprovechamientos urbanísticos que le debían correspondían al Ayuntamiento, porque en ese caso se de "futuribles", de "humo".

Entre las operaciones más significativas figuran Crucero Banús, un pelotazo que reportó seis millones de euros en beneficios a Juan Antonio Roca, al ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román, al comisario de Policía Florencio San Agapito y al abogado Juan Hoffmann. Los cuatro han sido condenados por blanquear el dinero obtenido en aquel negocio a penas de un año de prisión en el caso de Román y San Agapito. Roca, en conjunto, ha sido sentenciado a 11 años de prisión por blanqueo continuado, así como por cohecho, prevaricación y Fraude, y Juan Hoffman a tres años y tres meses por blanqueo continuado. Además, el tribunal le ha impuesto a Román tres años más por tres delitos fiscales. Pero todos han sido absueltos de fraude y malversación en este asunto.

Este negocio comenzó cuando los cuatro socios, ocultos tras una sociedad suiza, compraron por 4,3 millones esta parcela, aunque en las escrituras sólo hicieron constar 841.000 euros, firmaron un convenio con el Ayuntamiento que elevó de 532 a 11.046 el techo edificable y, seguidamente, se la vendieron al promotor José Ávila Rojas (condenado por otros hechos en Malaya) por más de 10 millones de euros.

La operación del edificio institucional es otra de las más relevantes en esta combinación de negocios y política. En 2004 los empresarios Andrés Liétor y Carlos Sánchez (ambos condenados por otros hechos en esta causa), amigos y socios de Juan Antonio Roca en muchos negocios, compraron tres locales en Marbella. De forma simultánea, en la contabilidad secreta de Juan Antonio Roca, conocida como archivos de Maras, se anotó un soborno de 1,2 millones de euros junto a la leyenda "inmobiliaria edificio Banús".

Un año después de la venta, el propietario original selló otro convenio con la alcaldesa Marisol Yagüe para cambiar los tres locales por un edificio municipal de Puerto Banús. A efectos de permuta las dos propiedades se tasaron en 4,8 millones de euros, lo que no fue óbice para que el 20 de julio de 2005 el empresario Tomás Olivo, absuelto en esta causa, lo adquiriera por 8,3 millones. Los amigos de Roca lograron un pelotazo de cuatro millones. Los archivos de Maras registraron ese mismo día "una anotación de entrada de 1.800.000 por parte del definitivo comprador del edificio institucional, señor Olivo, sin que se haya acreditado que fuese realmente el procesado quien realizara la aportación dineraria", explica la sentencia en el apartado de hechos probados.

La promotora Construcciones Salamanca llegó a firmar entre mayo de 2004 y junio de 2005 cinco convenios con el Ayuntamiento de Marbella, que le permitieron que la edificabilidad de cinco parcelas pasara de 31.000 a 56.000 metros y cambiarle el uso a parte de los suelos de la plaza de toros de Nueva Andalucía para darle cabida a la actividad comercial y hotelera.

En ese mismo periodo los archivos de Maras registraron cuatro aportaciones que sumaban más de un millón de euros que Juan Antonio Roca reconoció como realizados por esta constructora y su presidente, ya fallecido.

El tribunal afirma en la sentencia que tiene "serias y fundadas sospechas" sobre la participación de Roca en la firma de los convenios, pero no una convicción tan "firme" como para condenarlo por malversación y fraude por estos hechos.

Tampoco cree la sala acreditado que existiera "concierto" entre Marisol Yagüe y Roca, ni que la comisión de gobierno emitiera una resolución "clamorosamente injusta" cuando en 2004 dio luz verde a dos convenios urbanísticos con José Manuel Carlos Llorca Rodríguez.

Este empresario, involucrado en el caso Forum Filatélico y actualmente huido de la Justicia, logró rubricar unos convenios en los que se daba luz verde a una ampliación total de 63.700 metros en el techo edificable de 20 parcelas. Coincidiendo con la firma de estos convenios Roca ha reconocido que recibió 900.000 euros de Llorca.

De los tres convenios firmados con Aifos, que permitieron incrementar en 5.000 metros la edificabilidad en el hotel Guadalpín y una finca aneja, el tribunal sólo ha apreciado fraude en la permuta de Guadaiza. Coincidiendo con la firma de estos acuerdos urbanísticos con el Ayuntamiento, la empresa Aifos "presionada" por Roca compró unos locales comerciales por los que pagó 4,2 millones que, a su vez, permutó por seis fincas municipales en Guadaiza, que se valoraron en 6,5 millones. Posteriormente Hacienda hizo una peritación de ambos bienes y llegó a la conclusión de que el precio real de los locales de Aifos era de 2,7 millones y el de las fincas del Ayuntamiento 10,7 millones, aunque luego resultó que tenían cargas pendientes. El tribunal condena al presidente de Aifos, Jesús Ruiz, y a los directivos Jenaro Briales y Francisco García por fraude en este caso, sin embargo, los absuelve de todos los cargos relacionados con los otros convenios. También han sido condenados por cohecho porque en esas fechas la contabilidad secreta de Roca registró pagos por un importe próximo a cinco millones.

Por otra parte, el Ayuntamiento selló con el promotor granadino José Ávila Rojas tres convenios para cederle unos aprovechamientos urbanísticos a los que, además, les elevó el techo edificable, además de otros tres acuerdos urbanísticos para autorizarle, por ejemplo, construir 104 viviendas en una parcela prevista para 10 y otro de permuta. Aunque Ávila Rojas ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel por cohecho y blanqueo ha resultado absuelto de los delitos que se le atribuían por estos convenios.

El tribunal afirma que no está "acreditado" que existiera "concierto o artificio para defraudar a la corporación". Circunstancias similares han justificado también la absolución en delitos relacionados con convenios similares firmados en las operaciones inmobiliarias de La Gitana, La Ventilla o Francisco Norte.