La compensación a los agricultores de Doñana sigue en el aire

El Gobierno andaluz y el Ministerio de Transición Ecológica se dieron un plazo de un mes para alcanzar un acuerdo sobre Doñana, pero han transcurrido casi dos y no sólo no hay una firma, sino que cierta desconfianza se ha instalado entre las dos administraciones. Tanto que el grupo popular se ha llegado a plantear la reactivación de la proposición de ley sobre nuevos regadíos en el Parlamento, donde la iniciativa quedó en suspenso a la espera de un acuerdo a tres partes entre Junta, Ministerio y los agricultores reclamantes.

El Gobierno andaluz rechazó una primera propuesta de convenio por considerarla poco más que una declaración de intenciones, las negociaciones con el Ministerio siguen y han entrado a analizar la complejidad jurídica de cada caso, por lo que ambas administraciones ya no se han marcado un límite temporal. Uno de los asuntos que enfadó a la Junta fue la alusión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó durante la sesión de su investidura, cuando se arrogó la defensa del espacio natural en contra de las pretensiones autonómicas.

El problema es casi el mismo que desde el 3 de octubre, cuando el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la ministra, Teresa Ribera, dieron a conocer el principio de acuerdo en San Telmo. El asunto se llama compensación a los agricultores que se iban a beneficiar de una ley que legalizaba como regadíos unos cultivos que hasta ahora son de secano. El Gobierno central asegura que dispone de 350 millones de euros para reconvertir esas fincas, pero tanto la Junta como los agricultores mantiene que debe existir una compensación económica más allá de un plan general para la comarca.

El grupo del PP en el Parlamento podía activar la proposición este mes, aunque el último pleno del mes de noviembre está ocupado por el debate del estado de la comunidad. En diciembre se debe celebrar el pleno de aprobación de los Presupuestos de 2024, lo que complica que se levante la suspensión. Bastaría con introducirla en un orden del día para sacarla adelante, ya que sólo faltaba la votación de la Cámara.

La asociación que reúne a los agricultores afectados ha solicitado al PP y a Vox, que son los partidos autores de la proposición, que active la iniciativa porque el plazo ha concluido y no han visto ninguna solución sobre la mesa. En el momento en que Juanma Moreno y Teresa Rivera se reunieron había una fecha para su aprobación, la del 11 de octubre.

Si se hubiera aprobado, los agricultores que tienen estas fincas cerca del parque nacional de Doñana contarían con una licencia de suelos aptos para regar, pero carecerían de agua, porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no hubiera autorizado el uso de más recursos en una zona que de por sí ya está sobreexplotada. Los problemas que le lay pudiera tener en el Tribunal Constitucional y ante Bruselas propiciaron un acuerdo in extremis entre Moreno y Ribera.

Días antes de la investidura de Pedro Sánchez, en el Ministerio de Transición Ecológica se daba por hecho que la firma podía ser inminente, incluso antes de la elección del presidente en el Congreso, pero la Junta desconfía ahora de la literalidad del acuerdo y del compromiso inversor del Gobierno.

El grupo de agricultores que se iba a beneficiar de la ley es muy heterogéneo. El acuerdo parecía fácil por parte de los grandes propietarios, porque tienen otras capacidades para ser compensados y, de hecho, Juanma Moreno llegó a explicar que no sería posible contentar a todos. Pero las relaciones entre las administraciones se han complicado en las dos últimas semanas.

Los autores de la proposición son los grupos parlamentarios de Vox y del PP. El primero se opuso a la suspensión porque entendía que no se lograría una solución para los agricultores implicados.

La proposición es una regularización ampliada de una original de 2014. En la zona norte de Doñana se aprobó ese año un plan de legalización de cultivos de frutos rojos, pero hubo agricultores que se quedaron fuera porque en el momento en el que se estableció la "foto fija" no cultivaban fresas. Estos afectados, ayudados por el PP y Vox, consiguieron que el Gobierno andaluz promoviese una ley para considerar sus suelos como aptos para el riego, aunque carecerán de agua porque la autorización compete a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A su vez, la Confederación no puede autorizar nuevos riegos que utilicen el acuífero de Doñana, declarado como sobreexplotado en la zona de la comarca del Condado.