La patronal andaluza de pisos turísticos propone una tasa para todo el sector

Andalucía recibió el año pasado 33,9 millones de turistas, casi un 10% más que en 2022. Esa marca histórica, que se suma a las anteriores marcas históricas, supone un caudal de ingresos para las empresas y un caudal de perjuicios para los municipios sometidos al fenómeno del turismo masivo. La sociedad civil lleva años pidiendo una tasa turística que ayude a mitigar los perjuicios –inflación de los precios, escasez de la vivienda, saturación de los servicios públicos y la pérdida de la población residente–, una demanda que las administraciones andaluzas han escuchado sin entusiasmo, a tenor de los resultados. Así ha sido hasta ahora. Ayer, sin embargo, fue la patronal de los pisos turísticos la que propuso la imposición de una tasa aunque no sólo para sus representados sino para todo el sector, incluidos hoteles, hostales, albergues y los bloques de apartamentos.

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía aseguró ayer que “no se opondría” a “medidas fiscales equilibradas e igualitarias” cuya recaudación sirviera “para mejorar la ciudad, impulsar la calidad de vida, mejorar los servicios públicos y programas de alquiler social”. Las manifestaciones de la patronal eran parte de un comunicado, recogido por Europa Press, que respondía a las declaraciones del regidor malagueño, Francisco de la Torre, quien defendió un cambio legislativo que posibilite la adopción de un impuesto a las pernoctaciones en las viviendas turísticas. De la Torre lo argumentó aludiendo a la adopción de ayudas para los ciudadanos: “Se pueden generar millones de euros que pueden ayudar a algunas miles de familias malagueñas en el pago de su alquiler”.

Como ha hecho la Junta de Andalucía anteriormente, el alcalde de Málaga manifestó ayer que es el Gobierno central el que debe acometer la reforma legal que permita a los municipios el cobro de la tasa turística, concretamente mediante la reforma de la Ley de Haciendas Locales. El Gobierno central, por su parte, ha insistido que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas también permite a la Junta de Andalucía impulsar dicho impuesto.

La realidad es que son varios los municipios españoles que tienen implantada la tasa turística o que la van a implantar sin haberse reformado antes la Ley de Haciendas Locales. Cataluña y Baleares ya permiten gravar las pernoctaciones turísticas. Barcelona ya lo hace. En 2025 se unirán los municipios de Santiago de Compostela y Toledo, ambas con el beneplácito de las administraciones regionales. Los alcaldes andaluces afectados siguen a la espera.

Barcelona acabará con las viviendas para turistas 

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reiteró ayer a la plataforma AirBnb que la decisión de extinguir en 2028 las licencias de las 10.000 viviendas turísticas existentes en la ciudad y acabar con la figura del piso de uso turístico en Barcelona es “firme”. “En consecuencia, dado que las licencias no serán renovadas cuando venzan en noviembre de 2028, la actividad económica que utiliza viviendas como alojamiento turístico tiene los días contados en nuestra ciudad”, afirmó el alcalde en la carta de respuesta en la que Airbnb le pedía que “reconsidere” las políticas restrictivas en materia de pisos turísticos puestas en marcha en los últimos diez años, informa Efe.