La patronal CEACOP denuncia que la Junta de Andalucía no atiende la revisión de precios en las obras de los colegios

CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública) denuncia que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta no está atendiendo los expedientes de revisión de precios de obras realizadas en centros escolares de la comunidad, una situación que está generando "importantes pérdidas" y llevando al "límite" a numerosas compañías del sector.

Los proyectos afectados se incluyen en el acuerdo marco para nuevas infraestructuras educativas que ha servido para canalizar una inversión extraordinaria en el equipamiento de los centros escolares de casi 400 millones de euros desde comienzos de 2020 hasta abril de 2024. Las obras realizadas -más de 2.000 por toda Andalucía- fueron adjudicadas a principios de 2020, por lo que se han visto afectadas de lleno por la extraordinaria subida de precios de los materiales y de los costes energéticos derivados, primero por la pandemia y, posteriormente, por el conflicto en Ucrania.

Para mitigar en parte este incremento, el Gobierno andaluz puso en marcha mediante el Decreto Ley 4/2022 un mecanismo de revisión de precios de los contratos de hasta el 20% del importe, como límite máximo. Sin embargo, la patronal lamenta que la citada Consejería “no está atendiendo revisiones de expedientes desde hace más de un año”, arguyendo que “hay problemas de interpretación con la Intervención de la Junta”.

A juicio de CEACOP, que también denuncia “el impago de las certificaciones de las obras realizadas desde diciembre de 2023”, las explicaciones ofrecidas por este departamento son “insuficientes”. “Esto no sirve de consuelo a las empresas; si este es el caso, que hubieran consultado a la intervención antes de comprometer los trabajos y la inversión”, indica el gerente de la asociación, Arturo Coloma.

Revisiones habituales

La Consejería a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), realiza de forma habitual revisiones de precios en las obras de los centros educativos de más de 500.000 euros, una circunstancia que implica un sobresfuerzo presupuestario muy importante por parte de la administración en los últimos años. El presupuesto ejecutado desde 2019 por parte de la Junta de Andalucía supera los 514 millones de euros en infraestructura pública docente.

Respecto a las obras adjudicadas dentro del Acuerdo Marco, es decir, las de menos de 500.000 euros, la Consejería está llevando a cabo la tramitación de revisión de precios con los correspondientes informes jurídicos.

La APAE comunicó debidamente a las empresas que las obras no concluidas en plazo a fecha de diciembre de 2023 por los retrasos en la construcción tendrían una previsible demora en los abonos de la facturación por el cambio del marco de los fondos europeos (marco 2021-27 desde enero) y los nuevos procedimientos que implica. En todo caso, las empresas ya han empezado a cobrar esas facturas presentadas a la finalización de los trabajos.

Expedientes por importe de 20 millones

El importe de los expedientes no atendidos por la mencionada Consejería se sitúa hasta el momento en 20 millones de euros. "Las empresas han puesto sus propios medios materiales, profesionales y económicos para ejecutar estos proyectos de gran dificultad organizativa, teniendo en cuenta la dispersión de los numerosos centros escolares y la necesidad de compatibilizar las obras con los alumnos", explica Coloma.

“El esfuerzo realizado, los ajustadísimos precios de los contratos y una subida real de costes superior al 30% -añade- han ocasionado pérdidas que solo se mitigaban con la correspondiente revisión de precios con la que contaban las empresas. Los contratistas se sienten estafados al no ver reconocidos estos sobrecostes que, dada la situación de incumplimiento por parte de la Junta, se han convertido en pérdidas adicionales”.

Por todo ello, CEACOP reclama la "toma de medidas urgentes" para proceder al reconocimiento de los sobrecostes de las obras y el consiguiente pago a las compañías, evitando así "hacer un mayor daño a las mismas". "En estas condiciones de inseguridad jurídica y económica no sabemos quién estará dispuesto a seguir haciendo obras de colegios en el futuro", señala el gerente de la entidad.

Un problema recurrente

Este problema en los centros educativos se hace extensivo también a algunas otras consejerías y numerosos ayuntamientos y diputaciones que no están aplicando las revisiones extraordinarias de precios puestas en marcha por el Estado y la Junta, lo que está provocando una situación muy compleja para las compañías.

"Lo que está sucediendo es duro e injusto. No resolver favorablemente las solicitudes de revisión e incluso más si cabe el silencio administrativo, está obligando a las empresas a recurrir a la vía judicial", concluye Arturo Coloma.