"El patrimonio de la Universidad corre el riesgo de desaparecer si no hay inversión"

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, hace balance de sus casi dos años de mandato con motivo del inicio de un nuevo curso académico, marcado por las bonificaciones de hasta el 99% en las matrículas impulsadas por la Junta de Andalucía y una convocatoria de huelga del profesorado a partir de mañana.

-Esta semana arranca el nuevo curso 2017-2018. ¿Se plantea algún objetivo para este año?

-Éste debe ser un curso en el que sigamos avanzando en la recuperación de los derechos de las personas, en la mejora de la productividad científica, en la transferencia del conocimiento de la Universidad y en el posicionamiento de ésta a nivel internacional.

-Una de las principales novedades de este curso es la bonificación de las matrículas de hasta el 99%. ¿Qué opina de esta medida impulsada por la Junta?

-Cualquier cuestión que beneficie a que los jóvenes se acerquen a la Universidad y no estén condicionados por su situación socioeconómica es bienvenida en una universidad pública. Ahora bien, esta actuación debe realizarse con garantías plenas de que no va a provocar una merma en la financiación de las universidades y que el dinero que las universidades no va a recibir por parte de los alumnos lo aporte las autoridades de manera extra. Así lo solicité y así viene en el decreto aprobado.

-¿Cuál es el coste de esta media?

-Hablamos de estimaciones porque aún está abierto el plazo de matriculación. Entendemos que estará en torno a los 30 y 40 millones de euros a nivel andaluz. El 25% de ese total correspondería a la Universidad de Sevilla.

- ¿Se ha fijado una fecha para la transferencia de este dinero?

-Las universidades hemos exigido que debe realizarse en este curso académico. Sí debo decir que, tanto en 2016 como en lo que llevamos de 2017, ha habido un cambio radical en la responsabilidad y en la organización de las transferencias periódicas. Las universidades públicas andaluzas, en estos momentos, no tienen problemas de tesorería, como tenían en tiempo atrás. Están al día con el pago a proveedores. Y eso ha sido gracias al trabajo de la autoridad autonómica.

-Sin embargo, la Junta sigue teniendo una deuda con las universidades. ¿A cuánto asciende la deuda con la Hispalense?

-Hay una deuda, sí, pero no es la que teníamos antes. Las universidades hemos pedido que ésta debe estar perfectamente calculada e identificada con el cierre del modelo de financiación. Decir ahora mismo una cifra es prematuro. Oscila mucho. Si la Junta continúa con ese esfuerzo económico que está haciendo, el resultado será una deuda moderada.

-Pero supongo que la Universidad de Sevilla tendrá una estimación. ¿Cuál es?

-Prefiero ser prudente y esperar a que la veamos antes con la Junta.

-El modelo de financiación de las universidades públicas también está en el aire, a pesar de que la Junta se comprometió a aprobarlo en 2017.

-Se presentó un documento y se trabajó sobre él, pero no alcanzó el consenso suficiente y creo que se hizo bien en pararlo, aunque ya estuviera bien avanzado 2017. La presidenta de la Junta se ha comprometido con nosotros a que ahora en septiembre íbamos a pisar el acelerador para poder aprobar con el suficiente consenso un modelo de financiación que pueda llegar hasta el año 2021.

-¿Está afectando este retraso al desarrollo de la Universidad, la investigación y sus instalaciones?

-Sin lugar a duda. Y creo que el nuevo modelo de financiación debe incluir un plan plurianual de inversiones para infraestructuras. Hay dos tipos de necesidades fundamentales en las universidades públicas en este sentido. Una de ellas es conservar un patrimonio de siglos, como le ocurre a la Universidad de Granada o a la Universidad de Sevilla. Si no se hace, no sólo las instalaciones se deterioran. Sin inversión, nuestra historia, nuestro patrimonio cultural y lo que eso significa en términos de riqueza para la región corren el riesgo de desaparecer.

-¿Y la segunda necesidad?

-El crecimiento natural de las instalaciones y su remozamiento. En este sentido, el famoso problema de espacio de la Escuela Politécnica Superior, para el que ya hemos dado avances considerables, debe ser clave y fundamental en este modelo y el presupuesto de 2018 debe incluir una partida.

-¿Y en temas de investigación?

-El modelo de financiación requiere una inversión verdaderamente valiente y comprometida para que desarrollemos una investigación de vanguardia. En este sentido, espero con verdadera ilusión que éste sea el curso académico en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Investigación (Paidi) sea una realidad y empiecen a aparecer convocatorias.

-¿En qué situación se encuentra el nuevo proyecto de la Politécnica en la Cartuja?

-Ya tenemos la autorización necesaria para utilizar y adaptar el edificio Centrius (Centro Universitario de Espacios Tecnológicos) a la Escuela. También hemos sacado a concurso las obras para la transformación del Centrius y este mes de septiembre acaba el plazo para la presentación de proyectos del nuevo aulario de 4.000 metros cuadrados. Espero que en el primer semestre de 2018 esté todo en marcha y pongamos la primera piedra.

-La Biblioteca General ya tiene nueva sede fuera del Rectorado. ¿Para cuándo el traslado de la Facultad de Filosofía a la antigua Fábrica de Tabaco?

-Estamos reformando los aularios y ya hemos equipado los despachos construidos en las antiguas viviendas de ingenieros, un paso fundamental para la reestructuración de las posiciones de los profesores, que dejarán libres otros espacios para que se inicien las últimas obras que culminarán con el traslado de la Facultad de Filosofía. Yo espero que en 2018 los universitarios empiecen a ver los inicios de los traslados. Se está haciendo un trabajo exquisito con los tres decanos del campus de Humanidades. Hay muy buena sintonía.

-Otro de los proyectos que incluía su programa electoral era la remodelación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, que se encuentra en suelo de la Universidad Pablo de Olavide y con graves problemas de espacio. En julio de 2016 se firmó un acuerdo con la UPO, pero no se aprecian movimientos en la zona ¿Cuál es su situación actual?

-En absoluto. Se está trabajando. Lo primero que tenemos que hacer es construir una nave cercana al edificio principal que nos permita liberar la antigua, que se cederá a la UPO como parte del acuerdo. En el último año, hemos sacado a concurso el proyecto, se ha adjudicado, y se ha licitado también la obra. Ahora estamos a la espera de obtener la licencia de obra. Espero que los trabajos arranquen de inmediato, antes de final de año.

-Esta semana se celebra la convocatoria extraordinaria de Selectividad. Tras dos años de incertidumbre y mucha polémica, al final ha habido pocos cambios.

-Efectivamente, ha habido mucha polémica en torno a la prueba porque la propuesta del Gobierno era que desapareciera y las universidades públicas, y muy particularmente las andaluzas, nos opusimos tajantemente a esa barbaridad que discrimina a las personas y que elimina el principio de igualdad de oportunidades. Creo fervientemente que son los ciudadanos con sus méritos, que pueden ser comparables a través de una prueba común, los que tienen el derecho de elegir la universidad que quieren y no al revés.

-Habla de igualdad de oportunidades, pero, con la nueva norma, los estudiantes que suspendieron Selectividad en 2016 o con asignaturas pendientes del sistema anterior (LOE) pueden acceder a la Universidad con la media de Bachillerato.

-Esas son las consecuencias naturales que ocurren, y pasa de manera muy recurrente en la Historia, cuando las autoridades llevan a cabo cambios que no han tenido el nivel de consenso adecuado y la reflexión sesuda que requiere. Siempre que ocurre algo así, se producen algunas deficiencias.

-Esta semana también se enfrenta a una convocatoria de huelga del profesorado promovida por los ayudantes doctores y los contratados doctores interinos, que se sienten discriminados a la hora de promocionar. ¿En qué estado se encuentra la negociación?

-Es sorprendente que convoquen una huelga en plena mesa de negociación. Cuando se negocia, lo normal es parar todas las actividades reivindicativas y si no se alcanza un acuerdo, que los trabajadores actúen. Dicho esto, estamos trabajando desde junio activamente en la mesa de negociaciones y en estos momentos hay un documento consensuado por parte de todas las universidades andaluzas muy importante y con mucha carga, que afecta a todo el Personal Docente e Investigador laboral. No entiendo por qué hay una huelga a la vez que estamos trabajando en ello.

-La convocatoria de huelga indefinida empieza mañana. Al final, se han aprobado unos servicios mínimos al 100%, por lo que los exámenes no se verán afectados.

-Pedimos a la autoridad laboral competente que asignara, si lo consideraba oportuno, los servicios mínimos que correspondieran para cubrir los exámenes. Como profesor y rector creo que los exámenes son un derecho fundamental y que deben cubrirse con unos servicios mínimos. Si no se hace, se estaría conculcando un derecho fundamental de las personas. Si yo no examino en septiembre, habrá personas que no podrán aplicar la bonificación de las matriculas, por ejemplo, y estaremos discriminando a las personas. Otras no podrán matricularse en un máster o presentarse al MIR, y perderán un año de su vida. Por tanto, creo en el derecho a la huelga, pero entiendo que también existen derechos que deben salvaguardase.

-Uno de los aspectos que marcó el pasado curso fue la condena a más de siete años de prisión del profesor Santiago Romero por acoso sexual a tres compañeras. ¿Cuál es la relación actual de este profesor con la Universidad?

-Ninguna. Este profesor tiene, como consecuencia de un expediente disciplinario, abiertas unas medidas cautelares de alejamiento y no actuación de la actividad académica en la Universidad de Sevilla.

-Pero sigue cobrando el 75% de su salario base sin ejercer.

-Cobra lo que le asigna la ley, pero él no tiene aquí ninguna actividad.

-¿La Universidad mantiene abierta alguna investigación?

-De momento no se puede llevar a cabo porque ambas partes han recurrido la sentencia y, al abrirse de nuevo el proceso judicial, debemos paralizar nuestra investigación obligatoriamente.

-Muchos criticaron entonces a la Universidad al considerar que su actuación fue tardía. ¿Cree que se actuó tarde?

-Cuando se critica a la Universidad porque actúa lentamente, yo creo que de alguna forma, inconscientemente, no se observa la realidad en su totalidad. Cuando se valora un escenario, hay que tener en cuanto a todos los figurantes. Yo he podido ir lento, pero hay que ver el escenario completo y el papel que juegan todas las personas.

-¿A qué se refiere exactamente?

-Un día después de conocer la sentencia, a este señor se le impuso una medida de alejamiento que aún hoy pesa sobre él, una medida que el juez podía haber impuesto y no hizo. Es más, él es el responsable de poner sentencias, no el rector. Más adelante, cuando se le pidió al juez una aclaración, éste pudo impedir que este señor entrara en la Universidad y tampoco impuso la medida por segunda vez [el juez prohibió en abril a Romero acercarse a las víctimas a menos de 300 metros]. Lo que quiero decir es que si no es por este rector, ese profesor hoy, de acuerdo con lo que ha hecho el juez, seguiría dando clases. Hombre, más rápido que el señor juez he sido.