El Parlamento andaluz aprueba adaptar los exámenes públicos a las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad nacen con una desventaja respecto de quienes no la tienen. El desequilibrio pesa más en el ámbito laboral. A las sociedades justas se les exige compensar el desequilibrio. Así lo previó el legislador en 1982, año en que se estableció por ley una reserva del 2% en el sector público del empleo para las personas con discapacidad. El cumplimiento de la ley ha sido anecdótico a lo largo de estos 42 años. El porcentaje real de cobertura no ha llegado anualmente ni al 0,1%, según señala un informe de Defensor del Pueblo Andaluz, un fiel reflejo del porcentaje de la justicia social.

El Defensor del Pueblo Andaluz no ha dejado de recibir quejas por la ineficacia de la ley. Son incontables los testimonios. Fuentes del Defensor aseguran que las incidencias son reincidentes sobre todo en las administraciones locales. Y eso pese a la normativa, las normativas. Las sucesivas normas aprobadas por las distintas administraciones que han pretendido asegurar el empleo público para la población con discapacidad han quedado en pura pose. Pero puede haber una solución. El Parlamento andaluz aprobará este miércoles la reforma parcial de la Ley del Empleado Público, una decisión adoptada unánimemente que permite modificar el acceso a la función pública de personas con discapacidad intelectual. La norma, cuyo curso ha sido fulgurante en la Cámara andaluza, será enviado ahora al Congreso de los Diputados.

De “imperiosa” y “necesaria” califica la reforma legal la presidenta del Cermi Andalucía, Marta Castillo. Es un “cambio del modelo de los conceptos de mérito y discapacidad para que la igualdad de acceso al empleo público sea real y efectiva”, explica la dirigente de una plataforma que aglutina a las 18 entidades andaluzas más representativas de la discapacidad. “Sin una adaptación de las pruebas a superar por las personas con discapacidad intelectual es imposible garantizar el acceso de éstas a la función pública”, manifiesta Castillo, que subraya el grado de “justicia y garantía de derechos” que impregna el espíritu de la reforma.

Una iniciativa de Por Andalucía aprobada por unanimidad

Justicia y derechos. Sobre esos pilares se ha construido el acuerdo en Andalucía, aunque no sin ciertas trabas. En agosto dio al fin el visto bueno el Consejo de Gobierno a la proposición de ley firmada en julio por las dos portavoces de Por Andalucía. Mañana miércoles verá la luz verde por lectura única en el Parlamento. La promotora de la reforma legal ha sido Esperanza Gómez, integrante de la familia de Más País en Por Andalucía. Después de una carrera de obstáculos, ha logrado reunir el acuerdo de los cinco grupos parlamentarios: “Es sólo un pequeño cambio de la ley para quitar piedras del camino a las personas con discapacidad, para hacérselo más fácil a miles de personas y a sus familias”.  

El cambio normativo provocará que las pruebas de acceso, una “auténtica tortura” para estas personas, sean más accesibles. “Conocer la Constitución o el sistema político no siempre es lo más importante”, señala. “Nos parece que hay que modificar el sistema para cambiar ese examen y sustituirlo por una prueba de situación, como ya se hace en otros países europeos”, explica Gómez, “una prueba práctica en lo que ellos demuestran que son capaces de hacer el trabajo al que optan, pues son personas que tienen mucho que ofrecer también en la administración pública”. Subraya Gómez que “dignificar la vida de estas personas comienza por tratarlas como lo que son, personas adultas, no como niños eternos, con sus sueños y sus deseos de ser útiles, independientes y autosuficientes”, según recoge Efe.

El Cermi considera que es una cuestión de "justicia"

El júbilo es generalizado. Así lo muestra la presidenta del Cermi, que confía en que la reforma legal llegue prontamente a buen puerto también en el Congreso de los Diputados, “dado que es una cuestión de justicia y de garantías de derechos de las personas con discapacidad”. Suele haber consenso en estos asuntos, explica Castillo, que afirma que “la incorporación de las personas con discapacidad en el empleo público no es sólo una norma más sino el signo de una sociedad plural y equitativa”.