Los parlamentarios no podrán ingresar dinero de empresas y partidos

Cuando Manuel Chaves se jubile ya no podrá complementar la pensión que le corresponda hasta llegar al 60% del sueldo del presidente de la Junta. Lo mismo le ocurriría sus antecesores, José Rodríguez de la Borbolla y a Rafael Escuredo, aunque este último ya ha renunciado. O al propio Griñán. Y es que el presidente anunció ayer que suprimirá "cualquier privilegio en materia de pensiones que pueda tener atribuido cualquier cargo público de Andalucía". En la actualidad, sólo los ex presidentes de la Junta pueden complementar su pensión hasta llegar a un tanto por ciento de su sueldo, lo que hacen 42.000 euros brutos anuales. No obstante, ninguno de ellos los cobra. Chaves es vicepresidente tercero del Gobierno, y Rodríguez de la Borbolla se mantienen en activo como abogado. Ninguno de ellos tampoco hace uso de la oficina que le correspondería como ex presidentes.

Pero Griñán también anunció una medida que parece cargada contra la oposición. Ningún parlamentario andaluz podrá recibir retribuciones distintas a las del Parlamento andaluz. En realidad, el Estatuto del Diputado ya impone esta incompatibilidad, pero según el Gobierno andaluz quieren eliminar el "efecto Cospedal", en referencia a la secretaria general del PP, que cobraba sueldo de su partido y de su escaño en Castilla-La Mancha. Y es que desde el PSOE se sostiene que algunos parlamentarios andaluces del PP también cobran del partido debido a sus obligaciones. La iniciativa de Griñán tiende a eliminar este sobresueldo, bien de partidos o de fundaciones.

En la actualidad, un parlamentario debe escoger entre su sueldo (un mínimo de 3.100 euros brutos anuales) y el de su profesión o cargo. Por ejemplo, los alcaldes de Sevilla, Córdoba o Jerez perciben su salario del Parlamento, pero no de los ayuntamientos. En otras ocasiones, deben decidir entre el ingreso de su actividad profesional y el de diputado. Tal como explicó Griñán este asunto, "ningún miembro de la Cámara podrá percibir retribuciones distintas sea cual sea su origen, público o privado, a las que percibe por el Parlamento andaluz". La Comisión del Estatuto del Diputado es la que vigila de la actual norma de incompatibilidades, y por lo general sólo suele permitir colaboraciones en medios de comunicación, conferencias y otro tipo de ingresos que no sean fijos.

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, sostuvo que, "por las caras" que vio entre los escaños populares, la medida no gustó mucho. No obstante, un miembro de la Comisión del Estatuto del Diputado puso en duda que esta medida fuera efectiva, aunque Griñán adelantó que en julio el Parlamento detallará todas las políticas de transparencia.

Otra de estas medidas es la llamada el diputado 110, que consiste en dejar un escaño para la persona que represente una Iniciativa legislativa Popular, un sistema que se pondrá en marcha cuando se consigan 41.000 firmas para tal propuesta. El PP se arrogó esta iniciativa e IU mantiene que ya se lo propuso a Griñán hace dos años.