El parado vasco tendrá 2.735 euros más que el andaluz tras el pacto PSOE-PNV

La letra pequeña del traspaso de las políticas activas de empleo al País Vasco está en unas cifras que en la calculadora de Andalucía no dejan un resultado comparativamente satisfactorio. El pacto alcanzado entre el Gobierno central y el PNV supondrá para la transferencia de estas competencias un ingreso en las arcas vascas en el próximo ejercicio de 472 millones para atender a 129.293 parados -el dinero se liquidará mediante descuento del cupo vasco-. Andalucía ha recibido en 2010 por este concepto 790 millones, pero con ellos tendrá que dar respuesta laboral y formativa a 877.010 desempleados, según los últimos datos del Inem. La cuenta es simple: cada parado vasco dispondrá de 3.635 euros para su reinserción laboral, mientras sólo hay 900 euros para cada parado andaluz.

Con este dato, no parece que se esté respetando un principio de proporcionalidad y de solidaridad. Porque mientras la tasa de desempleo vasca es la más baja del país y apenas si llega al 12,7%, Andalucía se encuentra en el lado opuesto, encabezando todos los rankings con un 27,78%. De ahí que PP e IU ya hayan advertido del cariz "discriminatorio" que se esconde tras el acuerdo entre PSOE y PNV: los primeros sacan adelante unos presupuestos de 2011 que estaban en peligro y los segundos arrancan a Madrid en condiciones muy ventajosas un viejo traspaso que demandaban desde los ochenta, pero que habían ido posponiendo porque la contrapartida económica que se les ofrecía no satisfacía sus intereses, convirtiéndose así el País Vasco en la única comunidad que no tenía estas competencias.

En este último aspecto es en lo único que se detuvo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. "Ya era hora de que el País Vasco aceptara las políticas activas", afirmó, sin apuntar a ningún otro tipo de discriminación que fuera más allá de que se ponga fin a esta "anomalía" vasca, porque, como recordó, todas las comunidades llevan muchos años gestionándolas .

Su análisis no llegó al de la ruptura de la caja única de la que, sin embargo, se alertó desde la oposición. Tal vez la posición del Gobierno andaluz guarde relación directa con las explicaciones dadas por el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que dijo que no se rompe "en absoluto", porque las cuotas "las sigue recaudando la Seguridad Social".

El presidente del PP-A, Javier Arenas, dijo tener "serias dudas" sobre la constitucionalidad de esta decisión por lo que pueda suponer respecto de la caja única, pero donde no las tuvo es que con ese acuerdo lo que sí se rompe "por segunda vez" es el Pacto de Toledo. Consideró que se ha "jugado" con la Seguridad Social y las cotizaciones sin consulta previa al resto de partidos, empresarios y sindicatos, y mostró su preocupación por algo que calificó de "mala noticia" para los españoles y los andaluces.

La reacción del coordinador regional de IU, Diego Valderas, fue en el mismo sentido, aunque ahondando en la idea del "agravio comparativo". "Cambia estabilidad por insolidaridad y, por lo tanto, alcanza un acuerdo discriminatorio para el resto de territorios y para Andalucía", indicó el líder de la coalición de izquierdas, que también criticó que tras este "privilegio" vasco lo que hay es una "gran contradicción de poner más dinero para afrontar el paro y beneficiar a las empresas donde hay menos paro y mayor nivel de vida del país".

Más cautos fueron los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, que antes de lanzarse a opinar prefirieron exigir "mayor transparencia" al Gobierno central, porque lo que ha trascendido hasta ahora lo consideraron "muy confuso", y por tratarse de prestaciones vinculadas a la Seguridad Social tales como el fondo de garantía salarial o políticas activas, parte de las cuales se financian por cotizaciones sociales.