El pago en especie acabará en los tribunales

Faltaban unas horas para que Junta y Gobierno formalizaran cómo, cuándo y en qué se pagaríaa la deuda histórica, y ya PP e IU tenían lista toda la artillería. La sesión de control en el Parlamento era ayer el lugar propicio para poner contra las cuerdas al presidente andaluz, José Antonio Griñán, y responsabilizarle en exclusiva de una "traición", un "engaño" y un "desprecio" a Andalucía: la liquidación en solares. Una fórmula "ilegal" para el PP, y que llevará ante los tribunales, mientras IU, a la espera de conocer hasta el último detalle del acuerdo, aún no ha fijado posición sobre un asunto cuyo término no sólo acuñó, sino que fue su bandera en la negociación del Estatuto.

Los servicios jurídicos del PP estudian ya las vías para recurir: contencioso-administrativa y ante el Tribunal Constitucional, amparada en que el Estatuto establece que en los Presupuestos Generales del Estado se debían consignar "unas asignaciones complementarias" para este déficit histórico.

En IU van con más cautela. El primer paso, que darán hoy mismo, es la petición de comparecencia urgente de la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, para que dé cuentas hasta la letra pequeña. En función del contenido del acuerdo, verán qué opciones tienen de llevarlo ante la justicia, descartando de antemano el Constitucional porque dudan de que ahí prospere. Lo que sí explotarán será la vía política e institucional, llevando mociones hasta el último rincón de la comunidad, al considerar que el Gobierno y la Junta dan "gato por liebre" a los andaluces, ignorando un Estatuto que fue aprobado en el Parlamento y en el Congreso. Algo impensable en Cataluña, donde como recordó el líder de IU, Diego Valderas, los derechos estatutarios son defendidos a capa y espada por su presidente, José Montilla, mientras aquí el presidente hace "dejación".

En su descargo, Griñán se aferró al que ha sido el lema de su Gobierno: "Se cobrará como mejor convenga a Andalucía". Pero dejando claro que los suelos -serán para vivienda- tendrán un "contravalaor" en dinero que sí tendrá el destino fijado: sanidad y educación.