"No he pagado mordidas en los cursos ni soy un testaferro"

Ángel Ojeda Avilés. Empresario y ex Consejero de Hacienda

Imputado en el caso de los cursos, Ojeda defiende su gestión en las ayudas a la formación y atribuye la denuncia a "una campaña de diseño para atacar al Gobierno andaluz".

El empresario Ángel Ojeda en la sede de Prescal, en el polígono Aerópolis de Sevilla, durante la entrevista.
El empresario Ángel Ojeda en la sede de Prescal, en el polígono Aerópolis de Sevilla, durante la entrevista.
Jorge Muñoz Sevilla

27 de septiembre 2015 - 05:04

Un año después de su detención en la operación Óscar y tras ser imputado por la juez Alaya en el caso de los cursos de formación, el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda (Jerez de la Frontera, 1949) ha roto su silencio para defenderse de las acusaciones. En esta entrevista, el empresario muestra su confianza en que la Justicia acabará demostrando que no ha cometido ningún fraude y que toda su actividad relacionada con los cursos, que representa sólo una de las múltiples facetas de un grupo empresarial constituido hace más de dos décadas, se ha desarrollado siempre dentro de la legalidad. Ojeda alega que todos los cursos se impartieron y que no hay fraude con profesores o alumnos falsos, como ocurre en investigaciones en otras comunidades que a su juicio pasan desapercibidas.

-¿Por qué se ha visto en el centro del escándalo de los cursos?

-Creo que después del escándalo de los ERE, como se va acabando, ha habido personas interesadas en trasladar a los cursos de formación el mismo sistema de los ERE, cuando los ERE tienen una dinámica diferente, son partidas determinadas, y no tiene nada que ver. Las subvenciones de los ERE son a fondo perdido mientras que las de los cursos de formación se pagan por un servicio ya realizado, pagado y justificado por el empresario previamente. Si no se realiza el curso, no se paga.

-¿Quién tenía ese interés?

-Hombre… Aquellos que están sacando un rendimiento político del caso de los ERE.

-¿El PP?

-Yo no voy a decir quién, porque hay muchos interesados en atacar al Gobierno de la Junta. Esto es una campaña de diseño perfecto. Como tenemos el objetivo de atacar con los cursos de formación a la Junta, vamos a sacarlo con el mismo sistema de los ERE: buscamos a alguien que tenga relación con la Junta y con los cursos de formación, y a raíz de ahí cualquier cosa que salga va a salir con el nombre, cargo que ocupó y fotografía de esta persona. Aquí hay un ex consejero de hace 25 años, que pasó inadvertido en su época, pero no decimos que fue hace 25 años y que fue consejero de Hacienda, que no tiene nada que ver con la formación. Para colmo todo esto sale cuando nombran a mi cuñada, Teresa Florido, como directora general de Formación en 2011. Hasta ese momento no había habido ningún problema.

-¿Y qué pasó?

-Se comprobó que ninguna de las ayudas al grupo de empresas relacionado conmigo estaba firmada por Teresa Florido. Pero a mí ese grupo de personas me selecciona y me eligen y empiezan a crear titulares que tapan otros titulares, crean alarma social, los grupos políticos se lanzan en tromba ante este escándalo y después se ha demostrado que todo es mentira, que ella se inhibió, avocaron sus competencias y al hacerlo publicó todos los expedientes relacionados con sus familiares y amigos que estaban vivos en aquella época. En febrero de 2014 ya había saltado en Madrid el caso Aneri y descubren que hay una estafa, esta palabra es importante, porque le han dado subvenciones, se inventan profesores y meten 15.000 alumnos falsos, y justifican con cursos que no han dado. Ahí hay una estafa, un delito. Todo lo demás, como en Andalucía, son asuntos de Contencioso-administrativo.

-¿Cómo le ha perjudicado su detención a sus empresas?

-En España nos hemos reducido de una forma tremenda porque las grandes empresas con las cuales trabajábamos desde hace muchos años lógicamente han dejado de trabajar con nosotros por riesgo reputacional. Hemos visto cómo ha habido una cascada de liquidaciones de contratos. En mi vida he estado cumpliendo con la ley y si esto me ha pasado ahora a mí, con 66 años, le puede pasar a cualquiera por muy inocente que seas y aunque tengas un curriculum vitae impecable.

-¿La denuncia parte de un trabajador?

-De un trabajador de los 3.000 que hemos tenido en el grupo, que trabajó hace tres años sólo seis meses y al que tuvimos que echar porque no cumplía. Ese trabajador, en su venganza, pone una denuncia, que se ve que es absolutamente falsa, y le toma declaración casualmente un policía nombrado por el Gobierno central y venido expresamente desde Madrid y en el plazo de diez días hace una redada deteniendo a nueve personas, de las cuales a siete ni siquiera las ponen ante el juez. Y los otros dos, después de tenernos tres días en los calabozos, cuando nos ponen a disposición del juez nos deja inmediatamente libres y sin fianza.

-¿Cómo fue su detención en agosto del 2014?

-Saco a pasear el perro y de pronto me veo rodeado de policías por todos lados. Me detienen, me llevan a la comisaría, no me dejan ni hablar con mi mujer. Es desproporcionado, dónde están los derechos de la gente... ¿detener por detener, a ver lo que sacas? Y darle trato de terrorista.

-¿Usted se siente perseguido?

-No, no, no. Aquí hay una diferencia de trato impresionante entre la primera detención y circo mediático. Yo he dado cursos en toda España, pero es importante ver el contexto, porque lo que ocurre en Andalucía, previamente ha ocurrido en Madrid con el caso Aneri y en Galicia con la operación Zeta. En Madrid hay una estafa y en Galicia es la Agencia Tributaria la que investiga a 200 empresas por la vía administrativa. ¿Cómo es posible que ocurriendo eso en Madrid, donde hay una estafa clara en la que han metido a 15.000 alumnos falsos, y en Galicia, cuando se nombra en Madrid a un policía concreto para que dirija la investigación de los posibles fraudes de los cursos de formación, se olvida de todo eso y se viene a Andalucía?

-¿Cómo es posible?

-Aquí en el primer semestre del año 2015, en periodo electoral puro, ha habido 400 detenciones y más de 4.000 declaraciones, y con esas actuaciones pudo venir Rajoy alarmado por el tema de los cursos de formación y dijo que la Junta estaba robándole el dinero a los parados 3.000 millones de euros. Y después de 400 detenciones y 4.000 declaraciones, hablan de un fraude de 14 millones, no de 3.000 de posible fraude y todo está en vía administrativa.

-¿Usted ha cometido alguna infracción o irregularidad?

-Todos los cursos se han dado, todos los alumnos son reales, todos los profesores estaban titulados, los cursos estaban visados en su calidad por Bureau Veritas. En el tema concreto de Delphi, los cursos se han dado con más de un 20% de precio inferior a lo que paga el Estado. Aquí se ha cumplido con todos los requisitos habidos y por haber, y si hay algo que se diga con pruebas y se demuestre. El Tribunal de Cuentas del Estado ha dicho que las irregularidades están en todo el Estado español, entonces ¿por qué el primer semestre del 2015, coincidiendo con las elecciones a la Junta, el 90% de las detenciones se producen en Andalucía y sólo el 10% en las otras 17 comunidades autónomas en las que está el 87% del PIB?

-Alaya le acusó en su día de obtener 33 millones para cursos a ex empleados de Delphi….

-Se le olvidó decir que de los 33 millones, la mayor parte era para pagar las nóminas de los ex trabajadores. En Delphi la Administración pública nos dio unas normas que estaban pactadas por el Estado, la Junta y los sindicatos, se nos convocó a todas las asociaciones que tenían en su objeto social la formación. No se puede pensar que la Sagrada Familia de los Jesuitas, la Universidad de Cádiz, Forja XXI, y todos los demás nos ponemos de acuerdo con la Junta para pagarle de forma fraudulenta a los ex trabajadores.

-Entonces… ¿qué ocurrió?

-Que ahora aparece un inspector, nombrado por el actual Gobierno central, que dice que hace cinco años ya lo había dicho él, pero como sus compañeros y sus superiores tenían un criterio diferente y no le hicieron caso, vuelve a decirlo ahora: que los contratos son simulados. La Administración pública no puede ir contra sus propios actos, el inspector central no puede decir ahora que hace cinco años él ya lo dijo y no le hicieron caso. A esta persona la ningunearon y ahora, en venganza, cinco años después, con un cambio de gobierno, lo ascienden para llevar estos temas de fraude en general y en mes y medio centra su atención en Andalucía y hace un informe que viene a decir que los contratos que se hicieron con las normas de la Junta son un fraude.

-Y los cursos se dieron…

-Se comprueba que de los 33 millones Delphi el dinero se da por nómina, que los cursos se hacen y que los alumnos van a los cursos. Nosotros instalamos el huellero, los alumnos tenían que poner la huella del dedo a la entrada y a la salida, y entre medio les metíamos las listas volantes de firmas. Todo eso que se habla de que fueron al Zoo, eso sería con otros o en otra etapa, con nosotros no.

-Decía Alaya que usted logró esas ayudas gracias a su influencia en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos…

-Yo dejé la Junta en el año 90 y me fui a Madrid. He estado 20 años sin relaciones con la Junta. ¿Cree alguien que va a utilizar sus influencias que lo va a hacer después de 20 años? Las utilizaría después del primer o segundo año. Todos los que me conocían están prácticamente más que jubilados y si conocía a alguien sería en Hacienda. Ellos hablan de que como Antonio Fernández, el consejero de Empleo, también es de Jerez, pero yo me fui de Jerez con cinco años y no volví a residir en Jerez nunca más y Antonio Fernández es siete años más joven que yo, por lo que nunca coincidimos en Jerez. Me fui de la Junta en el año 90 y Antonio Fernández entró en 1996, seis años después. No hay por donde cogerlo, Antonio Fernández no tiene ninguna relación conmigo.

-¿Cuántas ayudas de la Junta recibieron sus empresas?

-El 95% de los cursos que nosotros hemos dado han sido cursos privados y sólo el 4,7% públicos, de los cuales el 3,8% son de concurrencia competitiva y el 0,7% son los de con compromiso de contratación, Delphi y otros. En total en Andalucía lo que se nos ha dado al grupo de Ángel Ojeda no llega al 1% de los cursos subvencionados por la Junta. En Andalucía se han dado 30.000 cursos en los años 2009 y 2010 y nosotros en esos dos años dimos 300 y algo, y luego hemos dado menos. La media desde el año 2009 no llega al 1%. A nivel del Estado, en 2013 el Gobierno Central a través del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) de 28 millones de la convocatoria, a nosotros nos dieron 4,9 millones, lo que representa el 17,20% del total. ¿Como va a ser que a mí me den por influencias el 17% el Gobierno central del Partido Popular? Será porque somos buenos…

-¿La Junta le ha exonerado de justificar muchas ayudas?

-La Junta, los interventores nos han verificado ya el 70% de los cursos que hemos hecho, entre ellos los de Delphi. Cuando haces el curso, tienes que entregar tres meses después las facturas pagadas, con todos los justificantes de gastos y con una auditoría externa. La Junta saca una norma y dice que tiene que nombrar a un técnico para verificar lo que ya he pagado. Pero la Junta no pone el técnico, porque así no te paga, de esa manera no entra dentro de lo que se llama OP [Obligación de Pago]. A nosotros nos deben facturas desde el año 2009. Pagan algo de 2010... te dejan de pagar del 2008.

-¿Cuánto le debe la Junta?

-No lo sé ahora mismo, millones de euros. Porque se dice que te han dado tanto, pero al final no pagan. Cuando dice exoneran se exoneran ellos mismos, porque como sacaron una norma en la cual nadie podía presentarse a una nueva convocatoria si no estaban verificados por los técnicos de la propia Junta los gastos de los cursos ya pagados y justificados anteriormente por los empresarios. Pero esto no depende del empresario, depende de la propia Junta. Si sacan una convocatoria no se va a poder presentar nadie; entonces dicen me voy a exonerar yo misma de no haber puesto los técnicos para verificar y así se pueden presentar los empresarios a la nueva convocatoria de los cursos. Pero con la exoneración no se exime a los empresarios de la obligación de justificación de los gastos de los cursos anteriores en los plazos establecidos.

-Su defensa recurrió en su día para que se le arrebatara el caso de los cursos a Alaya. ¿Por qué?

-Creo que eso entra dentro de la estrategia de defensa, que a mi se me escapa un poco. A mi me da exactamente lo mismo que lo vea uno u otro, no tengo nada absolutamente que ocultar: aquí no hay alumnos falsos ni hay fraude.

-¿Qué espera de la Justicia?

-Espero que sea rápida, la Justicia si es lenta no es Justicia. ¿Qué importa cuando se celebre el juicio si ya te han destrozado el grupo de empresas en España? Absuelto voy a ser seguro, aquí no hay nada de nada. Tenemos la seguridad de que todo lo que hemos hecho está dentro de la legalidad, hemos dado todos los cursos con todos los alumnos, y a parte de eso no hemos pagado mordidas para recibirlos ni lo hemos hecho por influencias ni por nada, miedo no tengo ninguno. No somos personas que acabamos de llegar, somos personas serias, solventes y con un pasado y presente digno del que no tenemos nada de lo que arrepentirnos; no somos testaferros.

-Pero la Inspección de Trabajo sí que ha propuesto una sanción para sus empresas…

-¿Y qué? Ahí está, todas están recurridas y ganadas, porque todo es mentira. Y los contratos eran para darle primero cursos de formación, hemos cumplido a rajatabla.

stats