El plan para ordenar los regadíos de Doñana cumple tres años en el fondo de un cajón

Esta semana se han cumplido tres años del acuerdo del Gobierno andaluz para ordenar los regadíos del entorno de Doñana sin que se haya concretado ninguna medida aún. El 4 de diciembre de 2007 decidió asumir las competencias, que estaban repartidas entre varias consejerías que mantenían visiones contrapuestas en algún caso, para afrontar la proliferación de pozos y cultivos ilegales.

El Ejecutivo autonómico acordó redactar un Plan Especial, basado en el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad) de 2004, para distribuir los recursos hídricos con criterios de ahorro y sostenibilidad, y ordenar los nuevos cultivos de los municipios de Almonte, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares y Rociana del Condado, algunos ilegales. Tres años después, el plan sigue a la espera de "ajustes técnicos", según el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, quien aboga por que el documento nazca con el mayor consenso posible.

Pero durante estos tres años, los cultivos han seguido proliferando hasta el punto de que un informe de WWF remitido al fiscal cifra en unas 1.500 las hectáreas transformadas desde la entrada en vigor del Potad, en 2004. Estos cultivos no sólo han mermado los recursos hídricos sino que, además, han fragmentado con caminos y tendidos eléctricos los corredores ecológicos que son vitales para especies como el lince ibérico.

Del impacto hídrico de estos cultivos han alertado estudios como el del catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, Emilio Custodio, quien cifra en 18 metros la bajada del nivel del acuífero que abastece Doñana.

Ante esta situación y otros factores que afectan a este parque nacional, IU ha querido avanzar en su protección en términos de superficie. Pedirá en el Parlamento su ampliación en 7.000 hectáreas más a las propuestas por la Junta (13.700), de manera que alcance las 20.700 hectáreas.