La operación contra el fraude se cierra sin ningún auto de prisión

La operación Barrado contra el fraude en los cursos de formación se ha saldado finalmente con la puesta en libertad provisional de las 16 personas, entre ellas nueve ex delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros ex altos cargos vinculados a la Formación, que fueron detenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una actuación dirigida por la juez Alaya.

La forma en la que se ha desarrollado la operación y, sobre todo, las circunstancias que han rodeado las detenciones provocaron ayer las primeras reacciones de los abogados defensores. En concreto, la defensa del ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional de la Junta Manuel Brenes denunció que se han vulnerado los derechos fundamentales de su cliente con motivo de la "innecesaria y desproporcionada" detención llevada a cabo por la UCO en la mañana del pasado martes.

Manuel Brenes fue uno de los dos últimos detenidos que ayer quedó en libertad, tras haber pasado 48 horas privado de libertad. El ex alto cargo se acogió a su derecho constitucional a no declarar y la Fiscalía Anticorrupción, al igual que ocurrió con la mayoría de los detenidos, no solicitó ninguna medida cautelar para este arrestado, ni personal ni real.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex alto cargo, manifestó a los periodistas a su salida de los juzgados su absoluta disconformidad con la detención de Manuel Brenes, por entender que la misma se ha producido de manera "innecesaria y desproporcionada, sin que se dieran las condiciones legales a que toda debe corresponder en nuestro Estado de Derecho".

El letrado insistió en que en el caso de este ex alto cargo era "perfectamente conocido" que se trata de una persona jubilada como funcionario de la Enseñanza, "con domicilio y raigambre perfectamente definidos y cuya disponibilidad permanente a comparecer ante la Administración de Justicia no podía dudarse de ninguna forma".

La edad del ex alto cargo, que tiene 65 años, y su "delicada salud", en alusión a que padece una enfermedad que necesita tratamiento médico diario, "hacía doblemente innecesario y excesivo el hecho de la detención".

Alfonso Martínez del Hoyo denunció que el arresto supone una "vulneración de sus derechos fundamentales como ciudadano", por lo que anunció que no descarta emprender algún tipo de acción legal contra dicha actuación policial. "Tenemos que sopesar la situación y actuar en consecuencia en el ejercicio de la defensa", concluyó el letrado.

La defensa de Brenes insistió en que en la imputación que se le ha leído se le atribuyen "conductas o que está inmerso en patrones de conductas" de las altas esferas de la Consejería de Empleo de la Junta, pero no existe según el abogado una imputación de "ningún hecho concreto", por lo que señaló que se trata de una "imputación presuntiva".

De otro lado, la juez también decretó ayer jueves la puesta en libertad provisional con cargos del último de los 16 detenidos en la operación Barrado, Andrés Sánchez, ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo. Al igual que el anterior, Andrés Sánchez se negó a declarar y la Fiscalía no le pidió ninguna medida cautelar.

Estos dos últimos detenidos han permanecido privados de libertad más de 48 horas, dado que la operación se inició a primera hora del pasado martes. Ante la juez todavía tendrán que comparecer en los próximos días otras cinco personas que han sido imputadas.