La operación de Alaya arrastra a ocho representantes sindicales

La segunda fase de la operación Heracles, que la juez Mercedes Alaya ha centrado sobre las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla y a la Faja Pirítica de Huelva, también ha arrastrado a un buen número de sindicalistas de UGT y CCOO, además de varios empresarios y empleados de banca relacionados con la gestión de las ayudas en las que se cobraron comisiones por encima de la media del mercado.

La Heracles II se saldó finalmente con la detención de diez personas y la imputación de otras 45, aunque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puso en libertad ayer a dos de los detenidos, uno de ellos el ex director de una sucursal bancaria en Jaén -identificado como F. J. G. C.- y uno de los dos hermanos arrestados en Córdoba, donde fueron capturados el ex responsable de CCOO Francisco Casado y su hermano José Manuel. También ha sido puesto en libertad por la UCO el empresario segoviano Juan Jesús Sánchez Álvarez. Los investigadores estaban ayer tomando declaraciones a alguno de los arrestados y esta misma mañana lo harán con los dos últimos.

Los otros siete detenidos continuaban al cierre de esta edición en las dependencias de la Guardia Civil de Montequinto, a la espera de su probable puesta a disposición de la juez Alaya, que está previsto que se produzca a lo largo de esta jornada, previsiblemente por la tarde.

En la nueva fase, la Guardia Civil ha detenido a dos representantes sindicales y ha imputado a otros seis, una actuación que constituye una de las vertientes de la investigación, en la que se trata de averiguar la participación de representantes y dirigentes de las organizaciones sindicales en los procesos de ERE asociados a las distintas pólizas de prejubilaciones, así como su relación con las "asociaciones ilícitas" descritas en la primera fase, concluyendo si pudiese existir algún tipo de responsabilidad penal, advirtió ayer el instituto armado en un comunicado.

Los sindicalistas detenidos y que pasarán mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla son el ex secretario provincial de UGT en Cádiz Salvador Mera Crespo, y el ex secretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto.

Otro de los ámbitos en los que se centra la segunda fase de la operación Heracles, que la Guardia Civil desarrolló el pasado martes en ocho provincias -Madrid, Segovia, Barcelona, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz- son las irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas y es aquí donde se pretende establecer el papel jugado por diversos empleados de distintas sucursales bancarias. La Guardia Civil recuerda que se ha detenido al director de una de las entidades bancarias, en relación con diferentes operativas vinculadas a posibles acciones de blanqueo de capitales y los entramados ilícitos instrumentales que se destaparon en la primera fase de la operación, desarrollada en marzo pasado.

También se pretende determinar el papel desarrollado por determinados responsables públicos en la concesión de las ayudas, como es el caso del ex director del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras, que permanece detenido desde el pasado martes y que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la Guardia Civil.

La juez Mercedes Alaya ha recordado que, según diversos indicios que hay en la causa, Manuel Enrique Rodríguez es una persona de la "absoluta confianza" del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, quien para Alaya "jugó un papel esencial" en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte. Viera fue uno de los cinco ex altos cargos de la Junta que fueron preimputados por la juez Alaya junto a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el auto que la instructora dictó el pasado 10 de septiembre y que se encuentra recurrido por la Fiscalía Anticorrupción al considerar que la resolución de la magistrada no estaba suficientemente motivado.

Por último, la operación Heracles II indaga en los pagos de empresarios a las tramas ilícitas descubiertas, como contraprestación a la financiación pública obtenida en sus expedientes de regulación de empleo.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) practicaron el pasado martes diez registros en las viviendas de los detenidos y de otros imputados, así como en el despacho que Manuel Enrique Rodríguez tenía en la Diputación Provincial de Sevilla.

Uno de los registros se llevó a cabo en la vivienda del presidente del consejo de Administración de Surcolor Antonio Manuel Bustamante en Gines, donde los agentes intervinieron con la ayuda de un perro detector de dinero 23.000 euros en una caja fuerte.