La ola sanitaria no prende en Andalucía

"El malestar sanitario, si lo hay, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no va a provocar ningún desplazamiento del voto de derecha hacia el PSOE o Más País, pero sí movilizará al electorado de izquierdas". Que no es poco para el próximo 28 de mayo, cuando varias autonomías, entre ellas la madrileña, también celebran elecciones regionales. Esta es la opinión de un experto en sondeos demoscópicos que, como otros, advierte: en la sanidad pública, la satisfacción nunca es plena, lo importante es que el descontento no se desboque. Y eso es lo que parece que está ocurriendo en Andalucía, donde el Gobierno de Juanma Moreno viene sorteando desde hace semanas el reflejo de la agitación que la izquierda sí ha conseguido en Madrid, donde su presidenta ha cometido la tremenda torpeza de atacar a uno de los colectivos mejor vistos en el país, el de los sanitarios.

Al PP andaluz le ha pasado con la sanidad pública lo que con el andalucismo, se encariñó sin estar predestinado para ello, pero Juanma Moreno y sus consejeros descubrieron las virtudes del SAS durante la pandemia. Se encariñaron, pero también le temen, porque fueron los populares quienes mejor aprovecharon cuando fueron oposición a la socialista Susana Díaz el malestar popular con el deterioro de la sanidad y, en especial, con las fusiones hospitalarias. Y, como ha apuntado el sociólogo citado, no hubo un trasvase de votos desde el PSOE hacia la derecha, no en diciembre de 2018, sino una desmovilización del electorado de izquierdas.

Esta semana, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha sacado a pasear el fantasma de las privatizaciones en Andalucía. No es nuevo, la izquierda a la izquierda del PSOE siempre criticó de los gobiernos socialistas los conciertos que firmó con grupos privados. Y esta vez ha sido una orden de la consejera de Salud, Catalina García, la que ha alertado a Por Andalucía.

La orden actualiza las tarifas que el SAS paga a las empresas privadas por cada servicio prestado, aunque incluye dos novedades: la posibilidad de concertar consultas en Atención Primaria y la opción de que las empresas hagan el servicio en instalaciones públicas. Esto último, por ejemplo, se hace en Extremadura, donde hay anestesistas privados que participan en operaciones del servicio público de salud. La orden especifica todos los precios. Así, la consulta de Atención Primaria está tasada en 65 euros.

El Gobierno andaluz sostiene que esto no supone ningún proceso de privatización, sino la contratación de servicios privados para ayudar, mejorar y acelerar una prestación que seguirá siendo pública. Para un dirigente del Gobierno andaluz, "la izquierda se equivoca". Y sigue: "Primero, porque aquí no hay elecciones el 28 de mayo, como en Madrid, y después, porque dentro de tres años, cuando toquen las nuestras, le recordaremos las informaciones en las que decían que íbamos a privatizar la Atención Primaria, porque no se privatiza nada".

Andalucía, la de menos conciertos y más insatisfacción

El recurso de los servicios sanitarios públicos a los conciertos no es una privatización en sí, y en cualquier caso ni siquiera Madrid es la líder en España. Es Cataluña, que destina el 24,2% de su presupuesto de sanidad a conciertos con empresas. La siguiente es Baleares, con un 9,2%, y después, Madrid, con el 8,9%. Andalucía está entre las tres últimas comunidades que menos porcentaje destinan a esta fórmula, un 3,84%, aunque por volumen destina una cuantiosa cantidad: 558 millones de euros en el actual presupuesto de la Junta.

En Cataluña, por ejemplo, están concertadas casi la mitad de las estancias hospitalarias, y no parece que el nivel de satisfacción con la sanidad en esta comunidad sea de las peores. El portavoz de Vox en la comisión de sanidad del Parlamento andaluz, Rafael Segovia, aportó un dato el pasado miércoles que muchas veces se obvia: el Gobierno central es el contratante del mayor concierto sanitario que hay en España, es el de Muface, la mutua de funcionarios civiles del Estado, que está pagando 3.571 millones de euros a tres aseguradoras: Asisa, Adeslas y DKV.

No parece, por tanto, que el porcentaje de sanidad concertada afecte tanto a la percepción pública del servicio. Sí lo es el deterioro, admitido, de la Atención Primaria, agravado por la pandemia. La consejera andaluza, Catalina García, aseguró el miércoles en el Parlamento que el tiempo de espera medio en Andalucía para ser atendido por un médico de cabecera es de 2,62 días. Pero es una cifra estadística. En la ciudad de Sevilla, por ejemplo, hay centros de Salud que dan cita en dos días; otros, en siete, y algunos, en ocho, con lo que la percepción personal es muy variable. Lo que sí está claro que queda lejos de los años de antes del Covid, cuando era fácil que el médico atendiese al día siguiente.

El Ministerio de Sanidad realiza cada año un barómetro de satisfacción con el servicio público. A raíz de la pandemia, la valoración que hacen los españoles ha caído, aunque aún le otorgan una nota media de 6,04. Andalucía es la que peor nota otorgó a finales de 2022, que fue cuando se publicó el último barómetro, un 5,89. Lejos del 6,15 de 2018. Si hubiese que sacar una conclusión general, se confirma que la satisfacción es menor cuanto menor es el presupuesto que se destina a salud.

El conflicto madrileño no está relacionado con los usuarios de sus sistema, sino con los médicos. La Consejería de Salud de Andalucía evitó la huelga a finales de enero, mediante un acuerdo con el Sindicato Médico, mayoritario en el sector. Y éste un factor que juega a favor del Gobierno andaluz, ya que parte del equipo anterior de la Consejería de Salud provenía de este sindicato. Hay entendimiento.

El PP es consciente de que el estado de la sanidad es uno de los índices que más cuenta en la valoración del Gobierno de Juanma Moreno. Ante los problemas que hay y que son evidentes en Atención Primaria, ahora culpa al Ejecutivo central de la falta de médicos por la escasez de plazas de MIR que han ido saliendo en las últimas décadas. Es verdad que ahora hay una falta de doctores, y que se han convertido en una profesión muy cotizada, pero también lo es que Andalucía no es de las comunidades que mejor paga a estos profesionales.