Las okupaciones de vivienda en Andalucía bajan un 6% hasta el pasado agosto

Andalucía es la segunda región con mayor número de okupaciones de viviendas hasta agosto de 2023, con 1.607 casos, pese a que este dato supone un descenso de un 6% de las infracciones penales de usurpaciones y allanamientos de inmuebles respecto al mismo periodo del año anterior.

Cataluña ha encabezado esa tabla y tuvo en ese periodo de 2023 más okupaciones de viviendas que la suma de Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, las tres comunidades autónomas que le siguen con más infracciones penales tanto de usurpación como de allanamiento de inmuebles.

Las infracciones relacionadas con la okupación sufren una leve tendencia a la baja en el conjunto de España desde que, en septiembre de 2020, entraron en vigor las órdenes de Fiscalía y del Ministerio del Interior para combatir esta problemática. En concreto, de los 17.274 casos en 2021 se pasó a 16.726 (-3%) un año después, y hasta agosto de 2023 --último dato consolidado-- van 10.345 'okupaciones'.

Según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, consultados por Europa Press, Cataluña sigue liderando de forma destacada las okupaciones al sumar el 40% de los 10.345 casos contabilizados en el conjunto de España hasta agosto de 2023.

En concreto, anota 4.218 infracciones según la estadística de Interior, que no discrimina entre delitos de allanamiento de morada y usurpación por ser competencia judicial. Es decir, cae un 14% con respecto al mismo mes de 2022, por lo que el descenso en Cataluña es tres puntos superior a la anotada en el conjunto de España.

No obstante, el dato en Cataluña sigue siendo alto en comparación con otras comunidades autónomas con poblaciones parecidas: la Comunidad de Madrid registra 1.025 okupaciones (-1%), Andalucía tiene 1.607 (-6%) o Comunidad Valenciana anota 1.134 (-21%). Por tanto, Cataluña sigue sumando más que las otras tres regiones juntas.

Evolución desde la instrucción de 2020

El septiembre de 2020, después de un verano con noticias sobre ocupaciones de inmuebles que derivó en debate político, la Fiscalía General del Estado dictó una instrucción para agilizar las medidas cautelares y facilitar el desalojo cuando se incurra en un delito de allanamiento de morada, a lo que siguió otra instrucción de Interior para unificar criterios de actuación.

Según la estadística de Interior, consultada por Europa Press, con datos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 2020 se contabilizaron un total de 14.792 infracciones penales. En 2021, primer año con la instrucción en vigor, estos delitos subieron a 17.274 (+16%), aunque en 2022 la cifra ya sí se moderó a 16.726 (-3%). En 2023, hasta agosto, en el conjunto de España van 10.345 okupaciones.

En 2020, al aprobar la instrucción antiokupas, el Ministerio del Interior reconocía la "confusión y alarma social", y lo relacionó a las diferencias entre allanamiento de morada y la usurpación: en los primeros casos se contempla que las Fuerzas de Seguridad desalojen tanto en primeras como en segundas viviendas "sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de delito flagrante, de forma inmediata", incluyendo la "identificación de los ocupantes y su detención si procede".

Desde Interior se remiten a los datos de la Fiscalía General del Estado recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2022, donde queda constancia de que sólo el 0,16% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento. En concreto, se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, un 9% menos que en el año anterior, y 96 procedimientos por allanamiento.